Sindicatos denuncian a Ayuso por vulnerar el derecho a huelga de los profesionales de la sanidad pública

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tendrá que responder ante los

tribunales "por vulneración del derecho a la huelga". Así lo han anunciado las organizaciones sociales mayoritarias de la Mesa Sectorial, tras presentar una denuncia conjunta por las trabas de la Consejería de Sanidad para ejercer este derecho fundamental durante el paro organizado el pasado 19 de abril en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.

SATSE, CCOO, CSIT y UGT convocaron en marzo tres jornadas de huelga general en los hospitales, centros de salud y SUMMA 112 de la región ante la negativa del Ejecutivo a negociar mejoras laborales y una mayor inversión en la sanidad pública de la región. Y hasta 78.000 profesionales de todos los centros del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) fueron llamados a movilizarse la semana pasada.

El seguimiento del 60% fue considerado un éxito por las organizaciones sindicales. Todo ello a pesar de que —aseguran— los servicios mínimos impuestos por el gabinete de Enrique Ruíz Escudero eran "abusivos" y la jornada estuvo "teñida de incidentes".

"No sólo los servicios mínimos impuestos del 35% obstaculizaron el ejercicio del derecho a huelga, sino que además en algunos hospitales, obligaron a los profesionales a unos mínimos del 59%", critican los sindicatos.

A raíz de lo ocurrido, las asociaciones han anunciado que, además de los dos días de huelga que ya están convocadas para el 8 y el 26 de mayo, y ante la falta de respuesta Sanidad, van a recrudecer la

ofensiva con otras movilizaciones. De esta forma, el próximo miércoles 26 de abril, a las 12.00 horas, tendrá lugar una concentración, ante la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS, ubicada en la capital.

Una batería de promesas incumplidas

El pasado 28 de febrero, el consejero de Sanidad tendió la mano a los sindicatos para estudiar mejoras que atendieran las peticiones de los

profesionales sanitarios y se comprometió a "entregar los estudios económicos y de plantilla viables para proceder a su implantación".

Sin embargo, desde entonces no se ha producido contacto alguno por parte de los representantes del Gobierno autonómico, salvo mediante declaraciones, "en ocasiones ofensivas y despectivas" a través distintos medios de comunicación.