Servicios socialesLos servicios sociales necesitan 1.300 millones al año para recuperar la inversión previa a la crisis, según un estudio

La evolución de los Servicios Sociales se ha "estancado" en España y faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis, según los resultados del Índice DEC 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El informe, que se ha presentado este lunes, revela que los primeros años de la última legislatura en las distintas comunidades autómomas fueron "positivos" para los servicios sociales pero precisa que al final de la misma se han observado "síntomas de estancamiento".

"Los servicios sociales siguen en un proceso de estancamiento en España y todavía no se ha recuperado el nivel de inversión social previo a la crisis, faltaría recuperar 1.300 millones de euros, fundamentalmente porque no se han recuperado los recortes inmisericordes que produjo el Gobierno de España en 2012 y que suponen especialmente en el Sistema de Atención a la Dependencia un recorte de más de 4.500 millones de euros", ha subrayado el predidente de la Asociación, José Manuel Ramírez.

La evolución positiva se registra en casi todas las comunidades autónomas, y especialmente en aquellas que partían de una peor situación, como la Comunidad Valenciana y Canarias, mientras que la Comunidad de Madrid es la que refleja "un mayor deterioro" de sus servicios sociales. De esta forma, los autores del estudio advierten de las "grandes" diferencias entre las diferentes regiones.

Suspenden siete comunidades

Solo tres comunidades —País Vasco, Navarra y Castilla-León— obtienen un notable en la evaluación, mientras que siete la suspenden —Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, Andalucía, Galicia y Extremadura—. La nota media de las comunidades es un aprobado (5,22), la más alta del Índice DEC, que elabora esta asociación desde hace siete años con el análisis en cada comunidad autónoma de los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas de los servicios sociales, que atienden las necesidades de más de ocho millones de personas en España.

El Índice DEC 2018 presentado este lunes, coincide con el final de la legislatura -que se inició con una puntuación de 4,54- y refleja una evolución positiva, sobre todo de las que tenían una evaluación más baja, como Comunidad Valenciana y Canarias; mientras que Madrid, con la peor puntuación, es la que registra un mayor deterioro de los servicios sociales.

"La legislatura ha sido buena y la puntuación media mejora porque pasamos del suspenso al aprobado, pero nos preocupa que los servicios sociales crezcan y se adapten a los nuevo retos de la sociedad"

"Globalmente la legislatura ha sido buena y la puntuación media mejora porque pasamos del suspenso al aprobado, pero nos preocupa que los servicios sociales crezcan y se adapten a los nuevo retos de la sociedad, y, sobre todo, las diferencias muy notables que siguen existiendo entre CCAA", ha asegurado el coordinador del estudio, Gustavo García. El informe explica que los recortes tocaron fondo en 2013 y desde 2014 los servicios sociales mantienen la recuperación de los niveles de gasto.

Grandes diferencias entre regiones

Más allá de los datos, alerta de que muchas regiones están convirtiendo los servicios sociales en meras oficinas de procedimientos, acreditación y clasificación, en función de requisitos para acceder a diversas ayudas para atender situaciones de pobreza. Refleja diferencias muy importantes entre comunidades respecto al desarrollo normativo de los servicios sociales; mientras Aragón, Baleares, Castilla y León y Galicia tienen legislación y planificación de las normas, Canarias no cuenta con ninguno de estos elementos (tendrá nueva ley en breve) y Madrid sigue sin una ley de nueva generación (la vigente es de 2003). También respecto al gasto destinado, así el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (703 euros/año), que Murcia (297 euros/año).

En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos, comunitarios o de atención primaria por cada 890 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid, un profesional por cada 8.354 habitantes

Las diferencias se dan asimismo en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos, comunitarios o de atención primaria por cada 890 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid, un profesional por cada 8.354 habitantes. Mientras que las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de 3 de cada cuatro personas (76 %) en riesgo de pobreza, en cinco comunidades no llega al 5 % (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia).

Un año más los resultados del índice, elaborado con datos oficiales de las distintas administraciones, muestran el "vaciamiento del derecho a los servicios sociales" en algunas regiones por la gran desproporción entre los derechos que reconocen sus leyes y la cobertura real de prestaciones y servicios que deberían plasmar; es el caso de Aragón, Baleares, Galicia y la Comunidad Valenciana. Otras comunidades desarrollan cobertura de riesgo, ya que los servicios y atenciones entregados no tienen una plasmación en derechos legalmente reconocidos; es la situación de Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha.

El informe advierte de que gastar más no es necesariamente hacerlo mejor: Extremadura y Asturias presentan índices de cobertura bajos para un esfuerzo económico muy elevado y, según el informe, esas comunidades han desarrollado sus servicios sociales dando la espalda al nivel local y solapando o dejando en sombra muchas coberturas.

El gasto presupuestado en servicios sociales por todas las administraciones en 2018 fue 18.871 (el 1,57 % del PIB, en 2010 era el 1,68 %); el 25,1 % procede de ayuntamientos, el 61,4 % de CCAA y un 13,5 % de la Administración Central.

"España debería llegar al menos al 2 % del PIB para los servicios sociales, en muchos países de la UE y de la OCDE solo la atención a la dependencia está por encima de ese 2 % del PIB", ha detallado Luis Barriga, responsable de análisis económico.Los directores de los servicios sociales reclaman una norma estatal que suponga una garantía de las prestaciones básicas comunes,