Cómo la sentada de las alumnas de un instituto puede lograr que ningún profesor condenado por maltrato pise un aula

Un grupo de familias del IES Goya de Zaragoza llevan semanas haciendo ruido y alzando la voz para exigir cambios que garanticen la protección a los menores y la tolerancia cero contra la violencia machista en el sistema educativo. El malestar entre alumnas, profesoras, madres y padres surgió a raíz de la incorporación del profesor Luis Antonio Irzo Bueno –exconcejal del Partido Popular de Huesca–, condenado en 2020 por maltrato habitual a su exmujer y a sus tres hijos. Esta situación, que consideran incompatible con los valores que debería promoverse dentro de las aulas, ha llevado a las familias a presentar una queja formal ante el Justicia de Aragón, quien a su vez la ha remitido al Defensor del Pueblo y la ha puesto en conocimiento del Gobierno de Aragón, a cargo de Jorge Antonio Azcón Navarro (PP). 

Cabe recordar que la sentencia judicial a raíz de la denuncia de Paloma Delgado, la exesposa de Irzo Bueno, describió una retahíla de agresiones y vejaciones espeluznantes: el ahora profesor insultaba a su mujer, a la que empujaba, zarandeaba, agarraba y golpeaba, en ocasiones delante de los niños. Mientras que a los chicos, un varón y dos niñas, "los sometía a un clima de dominación, menosprecios, insultos y constante agresividad, haciéndolos objeto de actos de violencia física y verbal y de intimidación constante, humillando a los tres frecuentemente". Eso incluía romper "a patadas sus juguetes", golpearlos, agarrarlos "por el cuello o por el pelo" y aplicarles "castigos totalmente desproporcionados a la menor ocasión".

Según las familias, la simple idea de que un condenado por violencia habitual tenga acceso a una plaza docente en un instituto que educa a menores ha generado desconcierto y rechazo. "Es inadmisible que, mientras se promueven valores como la igualdad y el respeto, una persona con antecedentes de maltrato forme parte del personal educativo", declararon en su carta dirigida al Justicia de Aragón.

El pasado 21 de octubre, estudiantes del centro público se concentraron durante el recreo como forma de protesta. Apenas tres semanas después, fueron sus madres y padres quienes se manifestaron a las puertas del instituto por este motivo.

La queja colectiva no solo pone en cuestión el proceso de selección de personal, sino que también exige una revisión legislativa. En concreto, las familias piden que los delitos de violencia contra menores sean considerados inhabilitantes para ejercer profesiones con contacto habitual con niños, como ya sucede con los delitos sexuales gracias a la Ley Orgánica 8/2021, más conocida como ley Rhodes. 

El Justicia de Aragón, en su respuesta a la queja –a la que ha tenido acceso Público– ha recordado que las competencias de su institución se limitan a supervisar las acciones de las administraciones públicas aragonesas. Sin embargo, se ha comprometido a trasladar la preocupación al Gobierno de Aragón para impulsar medidas que aborden el problema desde el ámbito legislativo.

Asimismo, la institución –cuya función es velar por la protección y defensa de los derechos de la ciudadanía, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto de Autonomía– ha informado de que el Defensor del Pueblo se pondría en contacto con las familias para continuar el seguimiento del caso, asegurando que haría todo lo posible para que la reclamación llegase a las autoridades adecuadas. Ha sido justamente este mismo martes cuando el Defensor del Pueblo ha respondido a las familias y ha emitido un acuse de recibo confirmando que había registrado la queja remitida por el Justicia de Aragón. Si bien ha señalado que aún no se ha decidido si la queja será admitida a trámite. A lo largo de las próximas semanas, procederá a estudiarla y comunicará su resolución al respecto. 

El Defensor del Pueblo, aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública, sí que está capacitado para sugerir modificaciones.

Las familias no solo reclaman una solución para el caso concreto del Instituto Goya, su movilización busca provocar un cambio en el sistema. Piden que se refuercen las medidas de protección a la infancia, eliminando vacíos legales que, según ellas, permiten situaciones inadmisibles en pleno siglo XXI. Con esta misma idea, el blog Docentes Decentes en las Aulas ha lanzado una recogida de firmas para llevar esta reivindicación al Congreso. Un cambio como el que plantean podría llegar a evitar que nunca más un condenado por maltrato ejerza como profesor.