Pocas leyes en nuestra historia democrática reciente han generado tantos encontronazos como la ley trans. No sólo por las disputas políticas dentro del primer gobierno de coalición de España, sino también por las tensiones que ha creado dentro del PSOE, en el propio grupo de Unidas Podemos o entre las organizaciones LGTBI y parte del feminismo, históricos aliados. Unas fracturas que aún no están cerradas y que con toda probabilidad seguirán provocando duros enfrentamientos cuando este lunes el PSOE registre sus enmiendas a la norma. 

El Partido Socialista había anunciado en diversas ocasiones la necesidad de dar "seguridad jurídica" a la ley. En un principio, cuando Carmen Calvo era vicepresidenta del Gobierno y responsable de Igualdad del PSOE, esa afirmación estaba más ligada a asegurar que ley propuesta no interfiriera con los derechos de las mujeres y a aclarar conceptos como el género y el sexo, que podían "borrar a las mujeres" y sus opresiones, tal como afirmó un documento interno del PSOE en 2020.

Desde entonces, el Partido Socialista ha apartado a Calvo de la vicepresidencia y de la secretaría de Igualdad del PSOE y consagró en su 40 congreso su apoyo a la ley propuesta por el Ministerio de Igualdad. Las aguas parecían haber vuelto a sus cauces hasta que la ley fue aprobada por el Consejo de Ministros en segunda vuelta en junio pasado y enviada al Congreso de los Diputados para ser debatida por el método de urgencia, que debería acortar los tiempos de tramitación a la mitad. 

En ese momento, Carmen Calvo y diversas feministas socialistas pusieron el grito en el cielo contra la norma. Calvo afirmó en una entrevista en El Mundo que "la ley trans puede destrozar toda la legislación de Igualdad". En otra intervención en el programa Hora 25 de la Cadena Ser afirmó que el texto acordado con los socios de gobierno en junio de 2021 (cuando ella aún era vicepresidenta y pactó la norma) había sido modificado en temas clave al ser devuelto al Ejecutivo en junio de 2022. Por su parte, un conjunto de más de 50 organizaciones feministas presentaron un documento con 24 enmiendas a la norma, entre las que figuraba una modificación de la autodeterminación de género, en la que exigían algún certificado médico o psicológico para realizar el cambio de sexo registral. También Femes, una asociación de feministas socialistas en las que hay pesos pesados del PSOE, presentó enmiendas en este sentido.

Por el contrario, las organizaciones LGTBI que han apoyado y negociado la norma se han afanado por dejar claro que el proyecto presentado por el Gobierno en el Parlamento es el mínimo aceptable y que la ley tiene necesariamente que crecer en el trámite parlamentario para incorporar derechos que se han quedado fuera. Entre ellos resaltan ampliar derechos de los menores a la hora de autoidentificarse como trans, el derecho de las personas trans migrantes o el reconocimiento en el texto de las personas no binarias. Las plataformas LGTBI han advertido que no consentirán ni un retroceso en la norma.

El Ministerio de Igualdad, por boca de su máxima responsable, ha transmitido un mensaje de indignación por el nuevo retraso por parte de su socio de Gobierno. Irene Montero afirmó que los derechos de las personas LGTBI "van a ser ley" y propuso a los grupos parlamentarios un calendario de tramitación para que la ley "pueda estar aprobada sin ningún retroceso en derechos antes de fin de año". Desde el inicio de tramitación de la norma en el Congreso, el plazo de enmiendas fue ampliado ya cinco veces, la última este pasado miércoles cuando el PSOE afirmó que no le daba tiempo a acabar sus enmiendas.

Una ley que debía ser tramitada de urgencia se había encallado. El enfado de Igualdad ante este nuevo retraso fue mayúsculo. Pocos minutos después de que se anunciara el retraso en la mesa del Congreso, desde el ministerio que dirige Irene Montero afirmaron que habían elaborado un calendario para evitar más retrasos. Igualdad fijó el 2 de noviembre como fecha límite para presentar enmiendas y que la aprobación de las mismas (de la ponencia) debía realizarse el próximo día 18 de noviembre. Es decir, apenas 15 días para debatir y acordar los cambios en la ley.

Las enmiendas socialistas modifican la autodeterminación

Las tensiones han ido en aumento en las últimas semanas. Algunas socialistas han manifestado la necesidad de "mejorar" la ley y de darle más "seguridad jurídica". Así lo hizo Raquel Pedraja en el pleno que debatió y rechazó las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la ley. También el portavoz socialista, Patxi López, afirmó la necesidad de salir con una ley mejorada. En los últimos días, fuentes del PSOE anunciaron que el partido finalmente presentaría enmiendas a la norma, pero que éstas no afectarían a la autodeterminación de género (una de las líneas rojas para organizaciones LGTBI y para Igualdad) y que la seguridad jurídica con la que querían reforzar a la norma tenía que ver con hacerla más robusta para que no fuera tumbada ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular y Vox, ya que anunciaron que la recurrirían.

Finalmente este viernes se filtraron a medios de comunicación una quincena de medidas que el PSOE afirma que presentará este lunes en el Congreso. Al contrario de lo que anunció el partido mayoritario en el Gobierno, algunas de ellas sí que tocan los artículos que tienen que ver con la autodeterminación del sexo registral. 

Uno de los cambios propuestos modifica el artículo 38 del actual proyecto en relación a los menores. Si el texto presentado por el Gobierno afirma que los menores entre 14 y 16 años podrán realizar el cambio registral asistidos por sus progenitores o representantes legales, la propuesta socialista es que tengan que contar con autorización judicial, equiparándolos a lo que sucede en el actual texto con los menores entre 12 y 14 años. 

Otro de los cambios del PSOE al proyecto es endurecer los requisitos y trámites para quien quiera revertir el cambio de sexo en el registro. La enmienda deja intacto el mecanismo para solicitar el primer cambio de sexo registral, pero en el caso de que esta medida se quiera revertir se tendrá que hacer por medio de una aprobación judicial mediante un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de ley contempla que este segundo cambio en el registro se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento en el registro civil y sin autorización judicial para mayores de 14 años. 

Desde Igualdad afirmaron que no harían declaraciones hasta que el Partido Socialista registrara sus enmiendas y que valorarían su posición en ese momento. Fuentes de organizaciones LGTBI tampoco se han querido manifestar hasta no ver escritas y presentadas las enmiendas, pero sí manifestaron su preocupación por otro retraso de la ley, que pone en peligro su aprobación. Lo que sí advirtieron es que "no aceptarán recortes en los derechos pactados con la exvicepresidenta Carmen Calvo, especialmente en lo referente a los menores trans". 

Las enmiendas del PSOE no son las únicas que se han presentado. Diversos grupos parlamentarios han registrado o registrarán cambios en la ley. Así lo ha anunciado, por ejemplo, Más País, que quiere registrar enmiendas para que los menores de entre 12 y 14 años puedan acceder a la autodeterminación del sexo registral sin necesidad de pasar por los juzgados, siempre que mantengan durante dos años su cambio de nombre registral. Una medida solicitada desde hace tiempo por organizaciones LGTBI. Enmiendas que van radicalmente en dirección contraria a las anunciadas por el PSOE este viernes pasado.