Desde que fueron detenidos el pasado 16 de febrero, dos estudiantes universitarios y cuatro personas sin hogar de Sevilla siguen en la cárcel. Tras declarar al día siguiente, el juez decretó prisión provisional para todos. Ya llevan casi 50 días privados de libertad, a la espera de juicio, acusados de los delitos de usurpación, atentado a la autoridad, desórdenes públicos, coacciones, seis delitos de lesiones y daños en una vivienda que okuparon, aunque no todos tienen imputados los mismos delitos. Así seguirán hasta que se celebre el juicio, quizás dentro de un año. O hasta que sus abogados recurran a la Audiencia Provincial y ésta responda, "mínimo un mes y medio más", se temen los letrados.

Ya se les conoce como “los seis de la Macarena”, en referencia a la calle y al barrio del centro de Sevilla donde habían okupado un bloque de viviendas de nueva construcción vacías. El 15 de febrero, un grupo de unas 20 personas, activistas del movimiento por el derecho a la vivienda sevillano, decidieron entrar en el inmueble de 37 pisos que antaño había dado vida al centro social ocupado y autogestionado Casas Viejas. Allí pasaron la noche, pero un dispositivo policial acudió para desalojarlo a la mañana siguiente. También acudieron un grupo de activistas en apoyo de los que se habían encerrado en el bloque.

La Policía llevó a cabo el desalojo, aunque en el transcurso se produjeron momentos de tensión, forcejeos y empujones. Varios policias resultaron heridos de carácter leve y seis personas fueron detenidas, ya fuera del bloque de viviendas, explica Luis de los Santos, el abogado de uno de los detenidos. Desde ese momento, seis personas con la edades de 20, 21, 23, 32 y 39 años están en la cárcel esperando ser juzgados unos delitos que niegan haber cometido.

En su auto, el juez Álvaro Martín, magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4 de Sevilla, entendía que todos los detenidos, con independencia de que estuvieran señalados o no por los policías como agresores, reúnen motivos suficientes para pasar a prisión provisional sin fianza. Entre sus motivos, el juez expone que existe riesgo de fuga de los acusados, de destrucción de pruebas e, incluso, de reiteración delictiva. Arguye que la suma de delitos que se les imputan supera penas de prisión de tres años y que, basándose en el relato policial y el testimonio del aparejador del edificio —que denunció haber sido expulsado de forma violenta por los ocupantes— hay “motivos bastantes” para estimar responsables criminalmente a los detenidos.

"Medida totalmente desproporcionada"

Aunque los abogados recurrieron esta decisión, el juez ha mantenido su postura en un nuevo auto que los letrados recibieron hace pocos días.

La medida cautelar sorprendió tanto a los activistas como a sus abogados que, a diferencia del juez, han decidido llevar la defensa por separado. “Son perfiles muy diferentes con circunstancias muy diferentes, pero el juez los ha metido a todos en el mismo saco en sus autos de prisión provisional”, explica una de las abogadas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que lleva la defensa de otro de los detenidos.

Tanto esta organización como los abogados, incluso partidos políticos como Izquierda Unida o Podemos, consideran que se trata de una medida, cuando menos, desproporcionada. “Es desproporcionada totalmente. Ni aunque los hechos fueran tal y como los describe el atestado policial serían suficientes para tener a seis personas privadas de libertad”, lamenta el letrado De los Santos.

Según apunta, ninguno de los seis acusados tiene antecedentes penales, no hay ninguna prueba que pueda ser destruida y todos tienen acreditado arraigo que elimine la posibilidad de fugarse para eludir una posible condena.

Además, prosigue la letrada de la APDHA, “el juez nunca acredita por qué se dan las circunstancias por las que dicta el auto. En dos folios no se puede motivar adecuadamente el ingreso en prisión provisional, que es una de las medidas más graves y duras”.

Otra razón que denuncian los abogados es que, el pasado 7 de marzo, el juez llamó a declarar a otras 11 personas en calidad de investigadas por su participación en los hechos en circunstancias similares. Sin embargo, no dictó contra ellas ninguna medida cautelar.

"El único fundamento de hecho que ha dado lugar a que mi defendido se encuentre en este procedimiento ha sido el encontrarse en el lugar de los hechos, pero ni ha quedado demostrado que realizara, ni siquiera indiciariamente, ninguno de los delitos que se esbozan en el auto recurrido, ni consta en las diligencias policiales que haya realizado los anteriores delitos”, alegó en su recurso el abogado de uno de los detenidos. Se trata de un joven de 21 años, es un estudiante de Antropología en la Universidad Pablo de Olavide, que vive con una beca en una residencia de estudiantes. “Complicado entonces es que por parte del mismo se intentara ocupar una vivienda”, alega su abogado, quien recuerda que “en el atestado policial no figura que mi representado fuera una de las personas que presuntamente intentaran ocupar el edificio”.

También destacan la lentitud con la que el juez ha respondido a sus recursos. Más de un mes, “totalmente fuera de lo normal”, dicen. Y cuando respondió, volvió a reafirmarse en su decisión inicial, teniendo en cuenta "la gravedad de los hechos, la mecánica de los mismos, con la actuación concertada y violenta de un grupo numeroso de personas”.

"Medida ejemplar contra movimiento por la vivienda"

“Es inaudito”, lamenta De los Santos, que no recuerda que un juez decretara prisión provisional para activistas en la ciudad desde los altercados de la Expo del 92. Para la letrada de la APDHA es imposible no ver ciertas similitudes con el caso de los tres jóvenes de Alsasua.  Afirma que es “evidente” que lo que se busca es “dar un mensaje ejemplarizante al movimiento por la vivienda” de la ciudad, donde son habituales las ocupaciones de edificios vacíos para dar cobijo a familias sin recursos y a las cerca de 500 personas que no tienen casa en la ciudad, según datos del Ayuntamiento.

El cetro social Casas Viejas, centro neurálgico del movimiento okupa sevillano hasta su desalojo en 2007 y demolición en 2015, fue una respuesta social ante la realidad de las personas sin hogar y las familias en riesgo de exclusión en Sevilla. Hoy, ese espacio se ha convertido en las viviendas vacías que han provocado las detenciones, pero la situación no ha cambiado mucho desde entonces para quienes no tienen nada en esta ciudad, que detenta el dudoso honor de albergar tres de los cinco barrios más pobres de España.

La okupación de corralas, como la extinta Corrala La Utopia, ha sido la única forma de suplir las carencias de la administración. Y, desde hace pocos meses, ha irrumpido la Corrala Dignidad y se ha producido la okupación de otros dos inmuebles en este céntrico barrio para alojar a personas ni hogar y familias sin recursos. “Estamos en una de la regiones con más deficiencia en vivienda de Europa. Cada vez hay más personas sin hogar, hacinamiento en infraviviendas y la gente responde organizándose. Reprimirlas y criminalizarlas es criminalizar la pobreza”, denuncia la APDHA