Un total de 5.164 personas se encuentran presas en España con algún delito contra la seguridad vial, de las que en 1.224 casos supone además su condena principal, la mayoría multirreincidentes en conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas y sin permiso.

Son datos facilitados este martes en rueda de prensa por el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que ha destacado que en 2018 se dictaron 89.264 sentencias de condena por delitos viales, lo que representa el 34% del total de condenas por cualquier tipo de delito.

Estas cifras significan que se han dictado alrededor de siete mil sentencias de condena más que en 2017, lo que supone un incremento del casi el 9%. Del total de las 89.264 condenas por delitos viales, la mayoría, 56.173, fueron por conducción bajo la influencia de alcohol y drogas.

Las cifras de 2018 revelan un muy notable incremento tanto en las acusaciones como en las condenas por la conducción bajo la influencia de alcohol y drogas.

De esta forma, por esta modalidad delictiva se formularon unas 8.000 acusaciones más que en 2017, un 17% de incremento (frente a las reducciones de entre el 3 y el 12 por ciento de los tres años precedentes) y se dictaron alrededor de 5.000 condenas más, un aumento de casi el 10%.

Bartolomé Vargas ha recordado que ha dado instrucciones a los cuerpos con agentes de tráfico para que sigan incrementando los controles de alcohol y drogas.

En 2018 hubo un total de 24.068 condenados por delitos viales a realizar trabajos en beneficio de la comunidad, de ellos 21.772 hombres y 2.296 mujeres y en los seis primeros meses de este año 12.560, de ellos 11.311 hombres y 1.249 mujeres.

El 22% de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad se cumplieron a través de programas viales específicos diseñados por la administración penitenciaria, Taseval -taller de sensibilización en seguridad vial dirigido a condenados a dichos trabajos de hasta 60 jornadas- y Proseval -programa psicoeducativo para condenados a esos trabajos de larga duración-.

Esto significa un avance en la reinserción de los que han cometido delitos contra la seguridad vial para que vuelvan a la conducción con actitudes y disposiciones psicológicas que les ofrecen estos programas, explicados en la rueda de prensa por la subdirectora general adjunta de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas de Instituciones Penitenciarias, Laura Negredo.

Por su parte la psicóloga de Asociación de Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme) Nuria Pérez Franco ha explicado que las víctimas colaboran dando testimonio en las cárceles con su tragedia personal de la necesidad de cambiar los comportamientos al volante y ha asegurado que los internos "salen muy concienciados".

Bartolomé Vargas ha destacado que las 89.264 condenas por delitos viales de 2018 suponen el 0,33% del censo total de conductores (26.853.754) de tal forma que se aplicó la norma penal a tres de cada mil.

Alrededor del 90% del total de condenas por delitos viales del año pasado fueron fruto de un acuerdo de conformidad y el 80% de los procedimientos abiertos en 2018 terminaron en sentencia condenatoria.

En 2018 el total de vehículos controlados por radares fijos y de tramo en el ámbito de la Dirección General de Tráfico fue de más de 3.891 millones y por radares móviles de más de trece millones, y se incoaron 2.582.980 procedimientos, pero la inmensa mayoría, 2.582.138, son administrativos, que suponen el 9,61% del censo total de conductores.

La cifra total de escritos de acusación formulados por delitos de homicidio imprudente en cualquier ámbito de actividad en 2018 fue de 342, de los que 250 estuvieron relacionados con el tráfico.

Por comunidades autónomas Catalunya es la que tuvo más sentencias condenatorias por delitos viales en 2018, un total de 20.151, seguida de Andalucía, 15.169; Comunidad Valenciana, 10.779; Madrid, 10.407; Galicia, 5.346; Canarias, 4.800; Castilla y León, 3.346; Murcia, 3.135; Castilla-La Mancha, 3.010; País Vasco, 2.957; Baleares, 2.727; Asturias, 1.781; Extremadura, 1.511; Aragón, 1.484; Navarra, 1.060; Cantabria, 1.038, y La Rioja, 563.