Tanto hicieron los médicos por ella, que quiere que su hijo se convierta en uno. Mercedes —nombre ficticio para salvaguardar su identidad— vivió un calvario con el Gobierno de la Comunidad de Madrid que ilustra una realidad invisibilizada: la sanidad pública española no es universal. 

"Me pesa mucho hablar de eso, pero te lo voy a contar", relata Mercedes, una mujer de Guinea que aterrizó en Madrid en 2019. "Viajé a España por motivos personales. Estaba embarazada y dos días después de llegar a Madrid comencé a sentirme mal". 

Embarazada de seis meses, Mercedes recurrió a una tía lejana residente en Castilla-La Mancha. Allí, acudió a un hospital y la atendieron, pero su gestación se complicó y fue trasladada a Madrid. Atendida en el Hospital de La Paz, la mujer parió a través de cesárea a un niño prematuro que posteriormente se quedó varios meses en una incubadora para poder salir adelante. Los sanitarios salvaron al recién nacido, pero para sorpresa de Mercedes, llegó a su nombre una factura de 4.000 euros por los costes hospitalarios.

¿El motivo? Que no había demostrado mediante un informe su vulnerabilidad para acceder al sistema de forma gratuita. Y no es que haya una taquilla en la administración pública donde presentar ese informe. Es un elemento etéreo y difícil de justificar que ha servido en miles de ocasiones para que a extranjeros sin apenas recursos se les pase una factura desorbitada.

La sanidad universal en España es un arma de doble filo. Se propugna pero a la hora de ejecutarse aparecen las trabas. Desde que el Partido Popular en un Real Decreto de 2012 condenó su universalidad, los pasos que se han dado no han terminado de reconstruir ese derecho al que todo ser humano debería tener acceso. Tras su vuelta a la Moncloa, el PSOE inició la reconversión de esto, pero con ligera tibieza, apuntan desde las organizaciones expertas.

La situación es tal, que esta hubo una concentración en la puerta del Ministerio de Sanidad para hacer entrega de un manifiesto firmado por más de 300 organizaciones sociales, sociedades científicas, colectivos y 1.400 profesionales sanitarios en el que reclaman al Gobierno que ponga fin definitivamente a la exclusión sanitaria en la nueva ley de equidad sanitaria, cuyo anteproyecto aprobará próximamente el Consejo de Ministros. Las personas y organizaciones firmantes denuncian que el texto en el que trabaja el Gobierno no corrige muchas de las lagunas y deficiencias de la norma reguladora anterior y piden una vuelta urgente al "modelo de sistema sanitario universal previo a 2012".

"Pedimos al Gobierno que asuma su responsabilidad, que redacte una ley que otorgue tarjeta sanitaria a todas las personas para garantizar su acceso y que vele por la equidad y la ausencia de discriminación en la aplicación de la ley en todo el territorio español", solicitaban en un comunidado conjunto.

Mercedes quedó ingresada en el hospital por motivos sociales a solicitud de una trabajadora social de La Paz mientras gestionaba al no tener a dónde ir. Días después, tras ser dada de alta, es atendida de nuevo de urgencia en cuatro ocasiones. Por estos cuatro días, la Comunidad de Madrid quiere cobrarle cerca de 4.000 euros.

La abogada de Mercedes es muy crítica con el funcionamiento de las administraciones: "No existe ni está garantizada la universidalidad del sistema, porque a pesar de que parecería que la ley formalmente lo garantiza, es la propia administracion y el propio Ministerio de Sanidad quien dicta las instrucciones a las Comunidades Autónomas, que provoca que miles de personas se queden fuera de la cobertura sanitaria española", declara.

La plataforma Yo Sí Universal gestionó todo el proceso y atendió a la mujer en ese momento de fragilidad y desoncierto. Un parto adelantado termina en una factura inasumible, mientras un recién nacido lucha desde una incubadora. 

"Todavía hay gente que se sorprende, parece que pasa en otros países. Todos los días llegan varios correos que piden ayuda", cuentan desde la plataforma. La red de colectivos REDER, en defensa de la sanidad universal, ha documentado 5.000 casos como el de Mercedes desde 2018, pero desde la organización estiman que esa es tan solo la punta del iceberg.

"Hay gente que ni va a los centros de salud o tiene miedo de acudir porque le vayan a pedir documentación de extranjería y pueda ser negativo para su situacion", relata Raquel González, portavoz de plataforma, que ha encontrado en muchos migrantes un miedo atroz a que una visita al médico acabe en una deportación.

Al menos, la historia de Mercedes acabó con final feliz. Su hijo se recuperó y, dice, nunca se ha puesto malo. Es la sonrisa de la casa y agradece a diario a todos los médicos cómo la trataron. Le salvaron la vida y le permitieron tener un futuro. "Está sano, como un roble, es el que más da lata (se ríe) y apenas me deja dormir. Mi deseo es que mi hijo de mayor sea médico, como los que le salvaron la vida", zanja antes de volver a su vida.