Si detrás de cada cifra de fallecimientos por coronavirus hay una vida, la situación se agrava mucho más cuando ni siquiera existen datos fiables y actualizados al respecto. Es lo que sucede en las residencias de la Comunidad de Madrid, en donde se desconoce si se han medicalizado, y el último dato hecho público respecto a los decesos es del 26 de marzo: 1.065 ancianos habían muerto desde inicios de mes pero, desde la Consejería de Políticas Sociales, en donde recaían las competencias hasta entonces en materia de residencias, ni siquiera explicitaban la causa de los fallecimientos.

Tanto familiares de los residentes como trabajadores de los centros denuncian "oscurantismo" en la gestión de los mismos, además de que desde un primer momento han faltado equipos de protección individual (EPI), lo que ha podido repercutir en el elevado número de contagios, y muertes, en los geriátricos. Tanto es así que desde Pladigmare, una asociación que aglutina a familiares de residentes y trabajadores en residencias de mayores, han enviado un escrito a la Fiscalía buscando la apertura de una investigación en la que se atestiguan, fundamentalmente, dos órdenes ministeriales de Sanidad.

Miguel Ángel Vázquez, el presidente de la asociación, señala que en todas las residencias debe existir, desde el 21 de marzo, una clasificación de los pacientes en cuatro grados en los que se aglutinen de mayor a menor posibilidad de haber entrado en contacto con una persona contagiada de coronavirus; algo que, como mínimo, no se está produciendo en más de cinco residencias de la Comunidad de Madrid. Falta de precauciones como esta y el desbordamiento de las plantillas es lo que han eclosionado en que la Consejería de Sanidad, organismo que en estos momentos se encarga de gestionar estos centros, haya tomado el control de ocho residencias privadas de la región.

Él mismo añade que la cifra que dieron de 1.065 muertes a primera hora de la mañana, de las que únicamente 70 se habrían dado en centros públicos en su totalidad, ya se había incrementado a 1.101 a las seis de la tarde del mismo día. Por ello, teniendo en cuenta que el 1 de abril los fallecimientos totales por coronavirus en la región madrileña ascienden a 3.865, no descartan que más de la mitad de los decesos sean de personas que vivían en residencias. La Consejería de Sanidad, con el popular Enrique Ruiz Escudero al frente, prefiere no hacer declaraciones, aunque este medio se haya intentado poner en contacto con el organismo en cuestión más de una decena de veces.

Sin precauciones en las residencias

El entramado relativo a las residencias de la Comunidad de Madrid es algo complejo: de las 474 que hay en total, 25 son públicas, 161 concertadas, 18 de gestión indirecta y 270 privadas; es decir, tan solo el 5,27 por ciento de las residencias de la región madrileña son totalmente públicas. Carmen Gómez de Agüero, auxiliar de enfermería en la residencia privada de Vitalia, en Leganés, comenta que hasta el 30 de marzo ya eran 60 los ancianos que habían muerto únicamente en su centro, una dinámica de la que se percataron al principio de la pandemia: "Notábamos que todos tenían diarrea, agotamiento generalizado, y pasamos de tres o cuatro fallecimientos al mes a tres o cuatro a la semana", en sus propios términos.

Esta auxiliar de enfermería se encuentra de baja desde el día 19 de este mes por presentar sintomatología compatible con el coronavirus al igual que la mitad de sus compañeras del turno de tarde (20 en total, diez u once de baja); una realidad que se repite, por ejemplo, en la residencia de titularidad pública de Usera gestionada por la empresa privada Domusvi, en donde hay 33 trabajadores de baja y dos decenas de fallecimientos, según datos aportados por el presidente de Pladigmare.

Gómez denuncia que no se han tomado las precauciones necesarias: "No se ha desinfectado la residencia en ningún momento, y tan solo había dos personas en el turno de tarde dedicadas a la limpieza y lavandería para toda la residencia, cuando la regulación marca que deben ser cuatro". Comenta que la dirección del centro les obligaba a no utilizar mascarillas, incluso si las habían conseguido por su cuenta, "para no asustar a los residentes", en sus palabras, por lo que la diseminación del virus, sobre todo durante las primeras jornadas, estuvo descontrolada.

Decidir entre la cantidad o la calidad

En la residencia para la tercera edad de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio han muerto más de 30 ancianos: "El nivel de desbordamiento que tenemos ha hecho que tengamos que decidir, ahora más que nunca, si atender a todos los residentes rápido y mal o a unos pocos con tiempo y bien", comenta un trabajador del centro que prefiere mantenerse en el anonimato. Además, añade que los primeros equipos de protección para el personal tan solo aparecieron cuando a las tres semanas de la pandemia decidieron aislar a los pacientes contagiados.

Este gerocultor indica que en torno a 35 puestos de trabajo están inactivos, ya que se han dado de baja debido al coronavirus, "y han contratado, como mucho, a 20 trabajadores que llegan nuevos y no se esperan tener que prestar sus servicios en una situación así". Por su parte, alega que el personal se asegura que todos los residentes se toman la medicación pertinente, pero "si tienes que ir contrarreloj en las comidas, sí es posible que alguno no esté recibiendo la ingesta adecuada, como pasa en todas las residencias", remarca el profesional sanitario.

Cierta extrañeza le produjo saber que desde la dirección de su geriátrico y según una orden, "no podían meter más gente en los pabellones para que no se contagiaran", en sus propios términos, algo que se podría remedir "si se diesen equipos de protección adecuados a los profesionales", argumenta. Aprovecha la ocasión para denunciar que su colectivo está siendo tratado como de segunda: "No nos dejan utilizar de forma gratuita el transporte público aunque enseñemos el certificado de la empresa para que podamos ir a trabajar, cuando en teoría no hay coste para los profesionales sanitarios". El gerocultor finaliza diciendo que "desde que empezó todo, la empresa ha querido ahorrar en gastos, ya no reforzando la plantilla sino dejando sin suplir si quiera las bajas, y en estas tres semanas que estuvieron a ver si el Estado les hacía caso lo que han conseguido es que se mueran treinta ancianos".

Familiares dentro de los geriátricos 

Ante su situación de "deshumanización" se añade la desprotección a la que la plantilla de este centro se ve expuesta desde la propia dirección del mismo. "La supervisora me quería obligar a levantar a una residente de su cama para que paseara con su familia cuando ya no estaba permitido, y es algo que consta en el libro de registro", denuncia la trabajadora, que añade que "aunque estuviera decretado el estado de alarma a muchos visitantes les seguían permitiendo entrar en la residencia con una simple mascarilla".

Asimismo, alerta de que el personal de nueva contratación que está entrando en su residencia, al menos, puede no tener la formación al respecto para dar los servicios requeridos: "Ayer mismo vino una chica joven que se negaba a levantar a un residente de mucho peso, y al preguntarla que de dónde venía, contestó que ella era peluquera", declara la trabajadora a Público; así que la plantilla sospecha de los contratos que están haciendo desde la gerencia.

A Lola Parra, que tenía ingresado a su suegro en la residencia de Alcorcón, totalmente pública, se le entrecorta la voz durante la llamada telefónica. "Desde el 7 de marzo que empezó esta situación tan solo pudimos hablar con mi suegro una vez hasta que falleció el viernes 27, y fue gracias al terminal particular de otra residente con la que teníamos confianza", dice esta familiar que repite en varias ocasiones que el trato por parte de la dirección ha sido "pésimo".

En la misma sintonía que la trabajadora de Leganés, Parra comenta que solo pudo hablar una vez con el director y fue porque le amenazó con denunciarle a la Policía, ya que dejaba pasar a gente a ver a sus familiares y salir a los residentes válidos, cuando ya no estaba permitido. A partir de ahí, bomba de humo: "El director deshabilitó su dirección de correo electrónico y después de eso ya no se sabía nada de él; nadie sabía si estaba trabajando o en su casa", relata la afectada.

"Maltrato" de la dirección a los familiares

Por su parte, no se olvida de recalcar que el único trato humano que han recibido ha sido proporcionado por las propias auxiliares de enfermería que trabajan en el centro público de Alcorcón: "Mientras ellas cuidaban de nuestros mayores, nosotros intentábamos cuidarlas a ellas confeccionando mascarillas caseras, aunque también les prohibieron utilizarlas diciendo que asustarían a los residentes", confirmando así que la información aportada por Gómez no es relativa únicamente a su centro de trabajo.

De hecho, esta familiar afectada por la situación advierte de cierto clasismo que se produjo entre el personal de la residencia aduciendo que "mientras los médicos llevaban doble mascarilla FFP, las auxiliares de enfermería tan solo utilizaban las quirúrgicas". Además de catalogar como "maltrato" lo que los familiares han tenido que sufrir desde la dirección, esta misma les mintió sobre la medicación que estaban suministrando en los últimos momentos de vida a su suegro. Vázquez explica que la opacidad en relación a la gestión se debe a que no hay personal suficiente dedicado a la atención de los residentes y nadie informe a sus seres queridos ni siquiera de en qué grado de los cuatro han clasificado al anciano siguiendo la orden ministerial, parafraseando al presidente de Pladigmare.

Desde su asociación, en donde están en continua relación con medio centenar de residencias de la Comunidad de Madrid mediante profesionales que trabajan en ellas o allegados de los residentes, denuncian que la mayoría está confundiendo el clasificado de los ancianos con el aislamiento de los mismos, dando pie a que el contagio se siga extendiendo entre este sector de la población que más riesgos corre de cara a superar la covid-19.

Trabajadores  frente a las gerencias de los geriátricos

Gómez incide en la perspectiva laboral, ya que sin unas condiciones dignas para las trabajadoras es imposible brindar un trato digno a los residentes. Por otra parte, este tipo de denuncias que informan a la opinión pública de lo que realmente ocurre cuando las administraciones competentes no hacen declaraciones, le han valido amenazas por parte de la empresa que, según añade la propia trabajadora, ya ha puesto en manos de su abogado y piensa devolverles la denuncia "por lo criminal y hasta donde tenga que llegar, porque no hay derecho".

"Estamos desesperados y necesitaremos ayuda psicológica cuando pase todo esto", asevera Vázquez. Gómez defiende que "los abuelitos tienen que morir dignamente, y nadie se puede imaginar en qué situación se están produciendo los fallecimientos". Por su parte, Parra prefiere pensar que su suegro perdió la vida agarrado de la mano de alguna de estas auxiliares de enfermería que se están jugando su salud por cuidar la de los más débiles, a las que siempre agradecerá su trabajo, finaliza.