Represalias de funcionarios de Puertos contra empresarios que denuncian la impunidad de los viejos explotadores del puerto de Benidorm

BENIDORM.- El conflicto abierto en el Puerto de Benidorm entre los empresarios asociados y los viejos adjudicatarios instalados desde hace casi 50 años se complica día a día. La supuesta complicidad entre los funcionarios públicos al frente de la gestión de Puertos de la Generalitat Valenciana desde 1995, y los adjudicatarios de servicios turísticos en el Puerto de Benidorm que siguen al pie del cañón desde que Fraga era ministro de Información y Turismo, “es el factor desestabilizador que -según la asociación empresarial Costa Blanca Marine- está generando un ambiente irrespirable en la actividad empresarial náutica, que no se desarrolla en igualdad de condiciones entre los nuevos y los viejos”.

Expulsión de todos los barcos

El último episodio vuelve a tener como protagonistas a los funcionarios de la Generalitat. En esta ocasión se trata del perito Agustín Lloret Soler, funcionario de la Consellería de Obras Públicas, responsable de Puertos del área centro de Alicante, y de su celador en el Puerto de Benidorm Fernando Piris Reynau. Ambos dependientes jerárquicamente de Julio Mariano Marín Sánchez, jefe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos, quien llegó al cargo en octubre de 1995 por designación personal del exconseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Luis Fernando Cartagena, bajo el gobierno autonómico de Eduardo Zaplana. El 17 de julio de 2008 el exconseller Cartagena ingresó en el Centro Penitenciario Alicante II de Villena para cumplir una condena de 4 años de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, al apropiarse de un donativo de 49.000 € de las Hermanas Carmelitas.

Medida extraña

En diversos clubes náuticos del País Valenciano consultados por Público aseguran que tienen embarcaciones de la lista 6ª amarradas en sus puertos, al menos, desde hace 10 o 15 años. “La petición de autorización a la Generalitat de permitir estos amarres es una mera formalidad, ya que aquí hay funcionarios autonómicos de puertos que están todo el día revisándolo todo y saben perfectamente cuál es la situación". “Además para poder operar -señala un directivo de unos de estos puertos que prefiere el anonimato- estos barcos tienen autorizaciones específicas de la propia Generalitat, han de hacer frente a revisiones de seguridad y a tasas anuales que son inexcusables para poder trabajar, por lo que la medida adoptada en Benidorm por el funcionario de turno de la propia Generalitat es, cuando menos, extraña”.

Reuniones de alto nivel

Los responsables de Costa Blanca Marine y su responsable de servicios jurídicos mantuvieron el pasado 26 de julio una reunión de trabajo con el director general de Obras Públicas, Carlos Domingo Soler, a petición de este, en la sede de la Consellería de Vivienda, Obras Publicas y Vertebración del Territorio, que dirige la consellera socialista María José Salvador. En esta reunión se aportaron documentos, denuncias y material sensible acerca de la situación de conflicto con los viejos adjudicatarios y el trato de favor que les dispensan los funcionarios de Puertos.