Reinserción de presos con adicciones La Junta de Andalucía fulmina las ayudas a la reinserción social de reclusos con adicciones y trastornos mentales

Andalucía tiene la mayor población reclusa de España, cerca de 12.500 personas, según la última estadística penitenciaria del Consejo General del Poder Judicial. Es el 23% de los presos del país, casi el doble que Catalunya y Madrid, las comunidades que le siguen. Pero este año, las organizaciones que trabajan en la reinserción social de esa población, en la preparación para su vida en libertad, van a recibir mucha menos ayuda económica del Gobierno andaluz para esa labor, ninguna en el caso de las que atienden específicamente a reclusos con adicciones y problemas de salud mental.

Programas de reinserción social que se estaban llevando a cabo, algunos desde hace 18 años, se han quedado por primera vez sin subvención en la resolución de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la convocatoria anual de ayudas a entidades privadas para fines sociales con cargo al 0,7% del IRPF.

Las ONG cifran la reducción de subvenciones en un 83,4%, hasta quedar en sólo 116.016 euros

Las ONG que trabajan en el ámbito penitenciario cifran la reducción de las subvenciones que percibían en un 83,4%, hasta quedar en sólo 116.016 euros. La Junta, por su parte, alega que ha aumentado en 6,3 millones la cuantía global de las ayudas que abarcan todos los campos de la inclusión y la emergencia social, pero no precisa cuánto ha destinado específicamente a la reinserción de presos y expresos.

Y quien ha salido peor parada en ese reparto de las subvenciones aprobado por la Consejería de Igualdad, gestionada por Ciudadanos, ha sido, precisamente, la población más numerosa de las cárceles españolas. La última Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Internados en Instituciones Penitenciarias, elaborada en 2016, revela que a tres de cada diez presos les han diagnosticado alguna vez un trastorno mental y el 28% toma medicación psiquiátrica. Además, el 28,5% reconoce que ha estado en tratamiento en la calle para dejar de consumir drogas y el 13% de la población reclusa recibe ese tratamiento dentro de la cárcel. En muchos casos, drogas y trastornos mentales coinciden en una patología dual.

Feafes Andalucía Salud Mental, Federación Enlace y Proyecto Hombre son las principales organizaciones que llevaban a cabo programas de atención a esta población reclusa que este año se han quedado sin subvenciones para continuar una labor que, según resaltan las dos primeras, estaba obteniendo unos resultados muy positivos y cuya supresión, dicen, supone una vulneración de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y la Ley andaluza de Servicios Sociales para garantizar la atención a la población más vulnerable.

"Primero los tratamos en la cárcel, luego en los CIS y después en la calle, en libertad", recuerdan desde Feafes

Los dos programas que llevaba a cabo Feafes en prisiones y centros de inserción social (CIS) de Andalucía, uno de ellos desde 2014, atendieron el año pasado a 1.207 personas afectadas por problemas de salud mental que habían concluido o estaban a punto de terminar su recorrido penitenciario, una cifra a la que habría que añadir los cientos de familiares que se beneficiaban también de esas intervenciones. Acompañamiento en el proceso de rehabilitación y regreso al entorno social tras dejar la prisión, concienciación y colaboración con los profesionales de instituciones penitenciarias sobre las distintas enfermedades de los internos, apoyo a las familias y lucha contra el estigma que pesa sobre los trastornos mentales, más acentuado incluso dentro de las prisiones, eran sus principales objetivos.

"Primero los tratamos en la cárcel, luego en los CIS y después en la calle, en libertad. Es un programa continuo que, desgraciadamente, ha sufrido un enorme parón. Los han dejado desamparados en mitad de un tratamiento. Y si no se les atiende, tienen luego más probabilidades de reincidir y volver a prisión", se lamenta Manuel Movilla, presidente de Feafes, federación que representa a 17 asociaciones de salud mental de toda Andalucía.

Patricia Bernal es la coordinadora de una de las asociaciones que ejecutaban ese programa, Afemen, en Cádiz, la provincia junto a Sevilla con más prisiones en Andalucía, cuatro. "La atención que nosotros hacemos es fundamental –dice- y la individual, la que permite que el paciente confíe en ti, que aprenda a coger las riendas de su vida, a controlar su enfermedad, a saber desenvolverse cuando salga de prisión, esa prácticamente va a desaparecer ahora".

Según Bernal, las organizaciones que trabajan con estos programas ofrecen a la dirección de las prisiones una seguridad sobre el seguimiento de los reclusos cuando salen con un permiso y la continuidad de su atención en los recursos sociosanitarios del exterior. Un estudio de Instituciones Penitenciarias realizado en 2014 sobre la evolución del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (PAIEM) destacó la "importancia de la intervención de las entidades que forman parte del PAIEM en el éxito de la derivación".

"Si se compara la mejoría en las derivaciones entre los equipos que intervienen las ONG con el resto de equipos, la diferencia es absolutamente determinante a favor de los mejores resultados cuando en la derivación intervienen entidades especializadas del tercer sector", concluye el estudio.

En el propio PAIEM, documento por el que se rige la atención a estos reclusos en las cárceles españolas, se recomienda "incrementar la colaboración con las entidades sociales", con el fin último de obtener una reincorporación social eficaz de estas personas.

El “abandono” de las personas con adicciones

La Federación Enlace, que representa a cerca de un centenar de asociaciones andaluzas que trabajan en el campo de las adicciones, atendió el año pasado a 836 personas a través del Programa Marco de Intervención con personas reclusas con problemas de drogodependencias ejecutado por 16 entidades, una intervención que llevaba a cabo desde 2019 y que este año no podrá realizar por la denegación de la subvención de la Junta.

Equipos de psicólogos, trabajadores sociales, educadores y abogados se encargaban del programa en dos niveles: uno de atención individual con el recluso en el ámbito psicológico, social y jurídico, y otro grupal con talleres en los que se abordaban diferentes aspectos, como las patologías duales, la reducción de daños, la preparación para la vida en libertad en el plano laboral, social, legal y personal, o la prevención de recaídas en adicciones.

"Este programa daba resultados y buenas relaciones con instituciones penitenciarias, y lo han cortado de un plumazo"

María Luisa Díaz Quintero, abogada encargada de este programa en Sevilla con la Federación Provincial Liberación, tiene muy claras las consecuencias de lo ocurrido: "Que ya no siga el programa supone un abandono tremendo. En los talleres de preparación a la libertad hemos sacado muchas necesidades que tenían, de empleo, jurídicas, de todo tipo. Si tú no haces esos talleres, ni la intervención individual, se ha perdido todo, porque el personal de las prisiones no da abasto. Nosotros complementamos donde la Administración no llega, porque no tiene recursos suficientes. Y este era un programa que estaba dando unos resultados, con unas buenas relaciones con instituciones penitenciarias, y lo han cortado de un plumazo"”.

La portavoz y directora técnica de Enlace, Luisa Márquez, aclara que su organización no se opone a que este año la Junta destine más dinero de las subvenciones del 0,7% a urgencias sociales y asistenciales relacionadas con la crisis de la pandemia, pero considera un error suspender las ayudas a programas "ya consolidados", con los que se atienden a cientos de personas, porque eso supone, dice, "tirar dinero público a la basura".

El principio constitucional de la reinserción

En un comunicado conjunto, una veintena de entidades afectadas por la denegación de las subvenciones subrayan: "Las personas presas son vecinos y vecinas de nuestros barrios y pueblos, y a ellos volverán cuando acaben su condena. Deben tener garantizados sus derechos como ciudadanos y ciudadanas durante su estancia en prisión y al salir de ésta, para que se haga realidad el principio constitucional de reinserción (…) Recortar en políticas de reinserción es recortar en políticas sociales y nos aboca a perpetuar las injusticias que están en la raíz de la criminalidad".

Proyecto Hombre, otra de las organizaciones destacadas en el campo del tratamiento de las adicciones, se ha quedado también sin las subvenciones de la Junta de Andalucía para sus dos programas de intervención en el ámbito penitenciario, uno de los cuales desarrollaba en Córdoba desde hace 18 años, y para los que contaba con un presupuesto total de cerca de 190.000 euros.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación alega que en la convocatoria de subvenciones para este año para atender fines sociales con cargo al 0,7% "se ha producido un notable incremento de solicitudes en el ámbito de Urgencia e Inclusión Social", como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. Y destaca al respecto los programas que se destinan a garantizar las necesidades básicas de la población más vulnerable, como los comedores sociales, servicio de alimentación, los albergues, los recursos de acogida y alojamiento o las ayudas para cubrir las necesidades básicas y esenciales.

Según la Consejería, no hay un apartado específico dentro de esas subvenciones para la reinserción en el ámbito penitenciario para poder determinar si ha habido una reducción de las cuantías otorgadas a ese tipo de proyectos como denuncian las organizaciones afectadas. Los proyectos, precisa una portavoz, se adjudican en función de la puntuación obtenida en la baremación de la convocatoria.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo Andaluz ya advirtió en su último informe anual de que las medidas que han de ser tomadas dentro de los centros penitenciarios para prevenir consumos y adicciones "deben de tener su respaldo también en aquellas otras medidas alternativas que, en el ámbito competencial de la Comunidad Andaluza, tiene atribuidas la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación". "Resulta evidente que el ejercicio de estas políticas destinadas a la prevención, tratamiento y superación de las drogodependencias exigen la coordinación en esta materia entre los distintos estamentos implicados", añade el Defensor.

Pero una vez ya suspendido el programa, lo más difícil será, según el presidente de Feafes, volver a ponerlo en marcha. Conseguir la autorización para que un profesional externo entre en una prisión lleva su tiempo, a veces meses, y ahora con la interrupción de los programas se cancelarán los permisos de entrada, que costará mucho trabajo recuperar. De todos modos, Manuel Movilla asegura que su organización no va a dejar abandonados a los reclusos con problemas de salud mental y a sus familias: "Estamos obligados moral y técnicamente a seguir para tratar de sacarlos de la rueda en la que están metidos. Como sea, seguiremos, con voluntariado, con recursos propios. No hay más remedio".

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