Aunque la reunión era urgente, ha tenido lugar ocho días después de ser propuesta y tampoco ha terminado con una solución concreta. El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se han vuelto a sentar en una mesa de diálogo, casi un mes y medio después de que la emergencia de los solicitantes de asilo que pasan día y noche esperando un refugio en la puerta del Samur Social copara los medios y despertara la solidaridad de vecinos y organizaciones. Las conclusiones no son nuevas: hacen falta con urgencia ubicaciones para albergar a las personas y hay que abordar una situación de crisis.

A la reunión, propuesta por el Consistorio, también han acudido representantes de la Comunidad de Madrid, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de UNICEF, de Save the Children y de Aldeas Infantiles. Sin embargo, de nuevo, sólo hay propuestas sin plazos ni fechas mientras los solicitantes de asilo siguen llegando y, algunos, quedándose en la calle, en parroquias o en casas de particulares ante la falta de plaza en albergues para personas sin hogar de la ciudad y, sobre todo, por el colapso del sistema nacional de acogida de refugiados, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, ha propuesto la creación de "un comité de crisis a nivel nacional" que debe liderar el Ministerio —sobre quien recae la competencia en materia de asilo, refugio y protección internacional— y en el que se impliquen la Comunidades Autónomas. Sería la forma, ha precisado, de que el Gobierno central "coja las riendas de esta situación en la que está volcado el Ayuntamiento y la aborde desde esa visión nacional", ha dicho. Según Aniorte, el ACNUR estaría de acuerdo de con esta propuesta, aunque no le ha parecido muy adecuada al representante del Ministerio.

El secretario general de Inmigración y Emigración del Gobierno, Agustín Torres, ha afirmado en que ese comité ya existe en el Ministerio, que lleva tiepo en coordinación con las Comunidades Autónomas, y ha incidido en que lo necesario es encontrar ubicaciones para alojar a personas de manera urgente, en 24 horas. "No necesitamos un espacio en el que tengamos que hacer obras, eso ya lo tenemos en otras partes de España y lo tendremos listo a un año vista. A día de hoy lo que necesitamos son espacios que mañana o esta tarde los podamos abrir", ha apuntado. Edificios "con llave en mano", ha insistido, como la Residencia Nuestra Señora de la Paloma en Cercedilla, una de las siete opciones que el Ayuntamiento propuso hace mes y medio, con 120 plazas y la única que hoy por hoy está alojando a solicitantes de asilo mientras esperan una plaza en el sistema de acogida del Ministerio.

Pero por el momento no ha trascendido ningún otro espacio con estas características, aunque Aniorte ha incidido en que su departamento sigue buscando edificios apropiados. Torres ha afirmado que la reunión ha servido para "mejorar los procedimientos" y ha recordado que la Comunidad de Madrid también se está implicando en la proposición y cesión de espacios, por lo que esperan avanzar en los próximos días en este sentido.

El Ministerio habla de "migrantes económicos"

Sin embargo, para el secretario general de Inmigración y Emigración, no estamos ante una "crisis de refugiados", sino ante un aumento de llegadas a Madrid de "migrantes económicos de Iberoamérica sobre todo", que están solicitando asilo aunque no reúnan el perfil para ello, ha puntualizado. Un mensaje que la secretaria de Estado para las Migraciones, Consuelo Rumí, lleva semanas deslizando en declaraciones públicas. Para el Ministerio, el colapso de un sistema de asilo que lleva obsoleto años, según las ONG, el Defensor del Pueblo y los propios funcionarios, se debe a que están solicitando protección personas a las que, tarde o temprano, les será denegada su solicitud por la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior.

Torres ha precisado que el Ministerio está respondiendo a la emergencia y que ha pasado de atender a 18.000 personas a alrededor de 30.000 en cuestión de un año. Según él, el sistema de asilo "tiene que cambiar" para ser "competencia de las comunidades autónomas", aunque ha precisado que con un Gobierno en funciones es imposible este cambio.

Según han explicado ACNUR y Save The Children, es cierto que la mayoría de solicitantes de asilo proceden de América Latina, pero recuerdan que países como Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua o El Salvador son Estados con graves crisis de humanitarias y de seguridad, países de violencia, persecuciones y amenazas. Por ello piden que las solicitudes sean bien estudiadas y recuerdan al Gobierno que la normativa comunitaria e internacional es clara al respecto. "No basta con focalizar en por qué están en España, sino en los riesgos que supondría tener que regresar a sus países de origen”, ha afirmado Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.