Los ciudadanos saharauis que llegan a España procedentes de los campamentos de refugiados en Argelia han encontrado en el estatuto del apátrida la mejor vía para regularizar su situación en nuestro país y afrontar un futuro más halagüeño lejos de la dureza de la vida en el desierto. Según la última estadística del Ministerio de Interior y la primera que revela el origen de los apátridas, el 99% de las 1.790 resoluciones favorables en 2019 fueron de solicitudes de saharauis. En los últimos tres años, esa cantidad se eleva a más de 3.200.

Se considera legalmente apátrida a toda persona que no sea considerada por ningún estado como ciudadano nacional suyo. En España, que suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas firmada en Nueva York en 1954, es la Oficina de Asilo y Refugio la encargada de tramitar las solicitudes conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2001 que establece el Reglamento del Reconocimiento de ese estatuto. Básicamente, su obtención constituye una figura de protección internacional que da derecho a un permiso de residencia permanente que debe ser renovado cada cinco años y a un título de viaje equivalente a un pasaporte. Eso sí, sin derecho a voto en las elecciones ni a presentarse en una lista electoral.

El estatuto del apátrida, sin embargo, ha pasado por variadas coyunturas en nuestro país, debido a las diferentes interpretaciones que de él han hecho los sucesivos gobiernos. Tal como reflejan las estadísticas de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, hasta 2008 las solicitudes eran escasas (1.217 en ocho años) y la gran mayoría, desestimadas. Las tornas empezaron a cambiar en 2009, ya que desde entonces y hasta el año pasado se presentaron un total de 11.835 peticiones. Y en 2019 ya fueron resueltas favorablemente el 90%.

Ese cambio vino precedido, no obstante, de una larga y ardua batalla legal en los juzgados, a los que acudían fundamentalmente ciudadanos saharauis a quienes Interior denegaba el estatuto de apátrida basándose en una premisa: los saharauis procedentes de los campamentos de Tinduf (Argelia) ya gozaban de los elementos esenciales de la protección internacional recogidos en la Convención sobre el estatuto de refugiado, como la garantía de no devolución, la asistencia material y expedición de documentos como el pasaporte, y, por tanto, no podían ser reconocidos con la figura del estatuto de apátrida.

Los fallos favorables a ciudadanos saharauis emitidos por secciones de lo Contencioso de diferentes instancias judiciales eran sistemáticamente recurridos por la Abogacía del Estado hasta que los casos llegaron al Tribunal Supremo y éste sentó jurisprudencia a favor del reconocimiento del estatuto de apátrida a ese colectivo.

Así, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del Supremo concluyó en un recurso de casación en abril de 2014 que no era tal la protección de la ONU sobre los refugiados en los campamentos argelinos que esgrimía el Estado español para justificar que no era necesaria ninguna otra. En concreto, el Alto Tribunal señaló que seis cometidos de la misión de las fuerzas de Naciones Unidas en esa zona "se relacionan con una situación bélica, que se trata de evitar o minimizar en sus efectos y consecuencias, y los dos últimos se relacionan con la celebración de un referéndum, cuya espera dura ya dieciséis años" desde que se creó la Minurso con ese objetivo, precisamente. "No parece, pues -se añade en la sentencia-, que con tan específicas competencias la citada Misión pueda otorgar a los saharauis la protección y asistencia que la Convención requiere para excluir a los mismos de su pase a la situación de apátrida".

Ahora, según la última estadística de Interior, de las 1.993 resoluciones que se aprobaron en 2019 sobre peticiones del estatuto de apátrida, 1.790 fueron favorables, y de ellas, 1.780 su origen es el Sahara -que se especifica como país no reconocido-, 1.197 de hombres y 583 de mujeres. El resto de las solicitudes aprobadas proceden tres de Mauritania, dos de Argelia, dos de España, una de Iraq, otra de Alemania y otra de Italia.

En 2018, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior, de las 1.900 solicitudes de estatuto de apátrida presentadas, 1.833 eran de saharauis, y las 859 que se resolvieron favorablemente eran todas de ciudadanos de esa procedencia. Y un año antes, en 2017, el Gobierno había reconocido la condición de apátrida a 585 saharauis. Es decir, en los últimos tres años un total de 3.224 saharauis han conseguido en España el estatuto de apátrida.

Dificultades para presentar la solicitud

Pero el reconocimiento del estatuto de apátrida tampoco es la panacea, subraya el presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase), Sidi Talebbuia, nacido en los campamentos de refugiados de Tinduf. Para empezar, precisa, tan sólo lo pueden obtener quienes se encuentren residiendo ya en España y presenten la solicitud en el primer mes de su estancia, nunca después. Eso determina que la mayoría acceda a él tras conseguir un visado para entrar como turistas en nuestro país, algo que también resulta muy complicado, porque, según Talebbuia, los consulados de España en Argelia suelen negar ese permiso alegando que se incumple el requisito de arraigo que proporciona un contrato laboral permanente, toda una quimera en un campamento de refugiados.

Luego están los retrasos burocráticos que, según el presidente de Aprase, demoran entre un año y medio y dos años la resolución de la solicitud del estatuto de apátrida. Durante ese tiempo, el solicitante dispone de un permiso de estancia, pero no de trabajo, lo cual le obliga a trabajar en la clandestinidad, sin contrato alguno, para poder mantenerse. Y después, una vez reconocido como apátrida, las trabas se centran en la reagrupación familiar, casi imposible de conseguir, dice este abogado, porque se debe justificar una dependencia económica muy difícil de demostrar en unos campamentos de refugiados donde no existen los bancos ni las agencias de transferencia de divisas en las que se puedan justificar unos envíos de dinero que se hacen prácticamente en mano.

Talebbuia estima que unos 8.000 saharauis han podido obtener en España el estatuto de apátrida, que se ha convertido en la principal vía de regularización de la estancia en nuestro país de un pueblo que, desde hace unas semanas, se ha visto de nuevo enfrascado en una guerra contra Marruecos para reclamar la celebración del referéndum de autodeterminación acordado tras el fin de las hostilidades en 1991, un plebiscito que aún no ha se ha llevado a cabo, casi 30 años después.

Otra de las vías emprendidas por la población saharaui para conseguir la regulación de su situación ha sido la obtención de la nacionalidad española como ciudadanos de la que fue provincia de España hasta 1975, cuando empezó la ocupación marroquí del Sahara Occidental tras la retirada del ejército de Franco. Esa vía, sin embargo, fue dinamitada el pasado mes de mayo por el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que dictaminó que el Sahara no puede ser considerado España a los efectos del reconocimiento de la nacionalidad de origen, aunque la sentencia tuvo un voto particular discrepante de tres magistrados que entendían lo contrario.

La organización de la ONU para la atención de la población refugiada en el mundo, ACNUR, emprendió en 2014 un plan para erradicar en el plazo de diez años la apatridia e identificar y proteger mejor a las poblaciones apátridas. Su reto: conseguir que al menos 140 estados sean parte de la Convención de 1954 de la que ya forma parte España, y que los datos relacionados con la población apátrida estén a disposición de la ciudadanía.

Se desconoce el número de apátridas que puede haber en el mundo, aunque ACNUR estima que son millones de personas, de las cuales aproximadamente un tercio son menores de edad. La apatridia puede venir determinada por varias razones, entre ellas la discriminación contra grupos étnicos o religiosos, por motivos de género o la aparición de nuevos estados, como es el caso de más de 600.000 personas en el estado de Rakhine, en Myanmar, que son apátridas porque la ley de ciudadanía de ese país establece que sólo los miembros de ciertos grupos étnicos son elegibles. Y también está el caso de 25 países en los que no se permite a las mujeres transferir la nacionalidad a sus hijos, lo que deja a estos sin patria cuando los padres son desconocidos, han desaparecido o han fallecido.