"Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar. Antes, medicamentos imprescindibles, como el álmax, o gotas para los ojos, o jarabe para la tos, no los tenías que pagar, ahora no hay mes que no me deje en la farmacia entre ocho y diez euros”. Son palabras de E., una mujer pensionista que ingresa menos de 800 euros al mes.

La de esta mujer, que tiene que elegir entre comer o medicarse, es sólo una de las casi 250 entrevistas que ha realizado Amnistía Internacional (AI) para elaborar su último informe sobre los efectos de las políticas de austeridad en España. Bajo el título La receta equivocada, la organización denuncia que los recortes en sanidad que sucedieron a la crisis económica ha provocado un deterioro notable en el acceso a un derecho humano fundamental: el derecho a la salud.

Según este informe, la sanidad en España es ahora más cara, menos accesible y de peor calidad que hace una década. Entre las razones, AI destaca el recorte del gasto público en sanidad, la introducción del copago farmacéutico y reformas que han excluido a sectores de la población del acceso a la sanidad pública. La peor parte del tijeretazo recae, una vez más, entre las personas de rentas más bajas, sobre todo, entre enfermos crónicos, personas mayores, gente en tratamiento de salud mental y personas con discapacidad.

El estudio repasa las diferentes medidas que el Gobierno del PP fue tomando para seguir los dictados de Bruselas en cuanto al déficit público. Así, España pasó de una primera fase de inversión y gasto público a un recorte sin precedentes en esta materia que, en sanidad, ha dejado desprotegidos a colectivos vulnerables. En concreto, España recortó desde 2009 su gasto sanitario, llegando al 2013 con un descenso del 12,7% respecto a 2009. Es decir, si el Estado gastaba en sanidad más de 70.000 millones de euros en 2009, en 2013 apenas superaba los 60.000 millones. Igualmente, el gasto sanitario per cápita cayó de los 1.600 euros a menos de 1.500. Una tendencia que, aunque se está revirtiendo, sigue muy lejos de los años previos a la crisis económica.

Los dramáticos efectos del copago

A esto hay que añadir la entrada en vigor del Real Decreto de 2012 que, además de excluir del Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes en situación irregular, supuso la reorganización de la cartera de servicios del sistema público sanitario e introdujo el copago farmacéutico, es decir, que parte de los costos sanitarios recaían sobre las personas. Así, el precio de los medicamentos cubiertos por la Seguridad Social se ha incrementado entre un 10 y un 20% (según la renta) y personas que antes no pagaban, como los pensionistas, ahora pueden llegar a pagar hasta un 10% de sus medicamentos con un tope mensual de ocho euros (para quienes tienen ingresos menores a 18.000 euros). Del mismo modo, el Gobierno eliminó la cobertura pública de más de 400 productos, entre ellos, medicamentos para aliviar dolor o síntomas de enfermedades crónicas.

“Las familias dedicaron un mayor porcentaje de los gastos del hogar a costes relacionados con la salud”, explica el informe, que critica que “afectó desproporcionadamente a los grupos económicamente más vulnerables”. El resultado se resume en la afirmación de uno de los 75 profesionales sanitarios entrevistados por AI. “Muchas personas me dicen: por favor, recéteme algo barato para que pueda pagarlo”, aseguró. Otro médico afirmó a AI: “No creí que esta cuestión se convirtiera en un problema pero, después de la crisis, veo que muchas personas mayores que no pueden afrontar los costes de los medicamentos”. Uno de los enfermos entrevistados por AI sostuvo: “No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas, o me suicido [a causa del dolor] […] así que, si tengo que matarme de hambre, lo hago, porque tengo que comprar las medicinas”.

De los más de cien usuarios de la sanidad pública entrevistados por AI, casi todos afirmaron que su gasto en atención sanitaria había aumentado desde el inicio de la crisis y que, aunque las cantidades no eran altas, “suponían un esfuerzo considerable” debido a lo reducido de sus ingresos o a que ahora tenían que mantener a más personas (hijos o familiares en desempleo) con el mismo dinero. Algunos tenían que elegir entre pagar su tratamiento o hacer frente a otros gastos y otros reconocen que no podrían costearse la medicación sin ayuda de familiares.

"Las medidas de austeridad adoptadas por España están en conflicto directo con la obligación contraída por el Gobierno de hacer efectivo el derecho a la salud. Hablamos con pacientes de cáncer que no pueden permitirse los medicamentos que necesitan para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, y con personas con enfermedades mentales cuya asistencia se ha visto gravemente restringida. Estos recortes no sólo son regresivos: son crueles”, afirma Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre Salud.

Menos médicos, peor atención

La otra cara de la austeridad es la precarización de las condiciones laborales del personal sanitario y la disminución de las plantillas. Según el informe de AI, entre las recetas de austeridad del Gobierno se incluyeron el aumento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, restricciones a nuevas contrataciones, congelaciones salariales y aumento de los contratos temporales en el Sistema Nacional de Salud. El resultado fue que, entre 2012 y 2014, la sanidad pública perdió casi 28.500 profesionales y, aunque desde 2015 ha ido aumentando, aún no se ha vuelto a los números previos a 2012. En 2016, CCOO ya advirtió de que uno de cada tres trabajadores de la sanidad pública era precario.

Todos los profesionales entrevistados para el informe dijeron que su trabajo se había vuelto más difícil, que atendían a más pacientes y que sus jornadas se habían alargado. Del mismo modo, sostuvieron que el tiempo de consulta por paciente se había reducido. Algunos aseguraron que sólo podían dedicar entre uno y tres minutos a casa pacientes.

La organización destaca el alto número de trabajadores sanitarios que afirmaron sentirse “impotentes” y “desilusionados con el sistema” a raíz de los recortes. "Sabemos que muchos enfermeros y enfermeras han dejado su trabajo por estrés. Muchos entienden hasta 33 casos complejos al día. Lo dejaron porque les resultaba imposible", reconocía un médico. Una situación parecida a la que explicaron a Público las enfermeras del Hospital de La Paz de Madrid el pasado invierno.

Aumento de la lista de espera

Menos recursos y menos personal derivan irremediablemente en más tiempo de espera, sobre todo porque, en un contexto de crisis económica, también aumentó la demanda de asistencia sanitaria. Según el informe, este fue uno de los problemas más comentados por los entrevistados, ya fueran trabajadores o pacientes. No sólo hay que esperar más para una operación, sino también para la visita a médicos especialistas, para pruebas diagnósticas y para opciones de tratamiento. Como ejemplo, AI destaca que el tiempo de espera medio para cirugía electiva pasó de 65 días en 2010 a 115 en 2016, casi el doble. Del mismo, el número de personas en espera pasó de poco más de 10.000 a casi 14.000 en el mismo periodo.

El impacto de estos retrasos ha afectado profundamente a enfermos crónicos o degenerativos con fuertes dolores y, también, a enfermos de cáncer a los que, fruto de ese colapso, se les tardó en diagnosticar y más aún en tratar.

"A mi madre la diagnosticaron en 2013 de un cáncer, la operaron en 2015 y falleció en 2016. Pero a mí, con un bulto en el pecho tardaron más de nueve meses en diagnosticarme el cáncer porque me dicen que esos no son antecedentes a tener en cuenta”, asegura a AI Patricia, una enferma de cáncer de pecho de 32 años.

Uno de los entrevistados, en tratamiento psicológico, explicaba cómo le había afectado la reducción de los tiempos de consulta: “El doctor me pregunta si me siento bien o no y si tomo las medicinas, pero nada más. Según tengo entendido, [el sistema] está saturado de gente [...] Es normal que los médicos sólo le dediquen cinco minutos a cada persona”.

Los autores del informe recuerdan que este mismo mes, un órgano experto de la ONU concluyó también que las medidas de austeridad adoptadas tenían un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud, y que algunas medidas de austeridad siguen afectando desproporcionadamente a las personas y grupos más desfavorecidos y marginados del país.

AI critica que las instituciones de la UE “o bien guiaron al Gobierno español hacia políticas incompatibles con la obligación de España de hacer realidad el derecho a la salud, o bien no hicieron lo suficiente para mitigar su posible impacto sobre los derechos humanos”, por lo que pide que realicen evaluaciones del impacto que sobre los derechos humanos tienen todos los programas de reforma económica y asistencia financiera en España, algo que España no se ha hecho ni durante ni después de la crisis económica.