El racismo policial en España deja un expediente lleno de violencia, sesgos y cargas contra las minorías étnicas

La organización Mapping Police Violence calcula que 1.176 personas, más de la mitad de ascendencia negra, fueron asesinadas por la Policía estadounidense a lo largo de 2022. El dato es escalofriante y supone una media de tres muertos al día. En Londres, un informe independiente de 363 folios tachaba hace un año de "racista, misógina y homófoba" a la Policía Metropolitana. La población británica ha perdido la confianza en los agentes a raíz de los escándalos y las múltiples "cargas desproporcionadas", según el mismo estudio. La violencia policial contra las personas racializadas también campa por España, pero la falta de transparencia y la poca conciencia social frustran la visibilización del problema. 

La paliza que le propinó una patrulla de la Policía Nacional a dos jóvenes negros este fin de semana en el barrio madrileño de Lavapiés ha hecho saltar otra vez las alarmas. El fenómeno, sin embargo, viene de lejos. "Trabajé 25 años en Reino Unido y Estados Unidos y es relativamente fácil acceder a datos estadísticos de la actitud de las fuerzas policiales con respecto a determinados colectivos. El racismo en España es similar, lo único que nos diferencia es la falta de datos", lamenta Juanjo Medina, coordinador del grupo de estudios policiales de la Sociedad Española de Investigación Criminológica y catedrático honorífico de la Universidad de Manchester. 

El de Lavapiés no es un caso aislado. El pasado mes de diciembre, un joven negro de 35 años fue asesinado por la Policía Nacional en el Polígono de A Grela (A Coruña). Los agentes le dispararon para inmovilizarlo mientras trataba de escapar después de haber roto los cristales de varios vehículos, según denunciaron las asociaciones antirracistas. En noviembre de 2021, un hombre de 44 años murió a causa de los disparos de varios agentes en Villaverde. El ciudadano, nacido en Ghana, portaba un arma, vivía en la calle y tenía un problema de salud mental. 

Hace cinco años, la Audiencia de Madrid condenó a un policía municipal de la capital por romperle la mandíbula de una paliza a un menor en las fiestas del Barrio del Pilar. La víctima era la única persona negra de un grupo de jóvenes que intentaba acceder al recinto sin pagar entrada. El Ayuntamiento pidió la absolución del agente durante el juicio. El distrito de Carabanchel también ha sido escenario recurrente de la brutalidad policial. En plena pandemia, un hombre afroamericano grabó desde su balcón la "reacción desproporcionada" de cuatro agentes contra una persona de raza negra. Horas después, los policías identificaron al joven y le dieron una "violenta paliza" a las puertas de su domicilio, según Rights International Spain. 

En septiembre del año pasado, seis mossos aceptaron una condena de un año de cárcel por pegar y humillar a un joven al grito de "negro de mierda" en Sant Feliu Sasserra (Barcelona). Lo mismo ocurrió con los mossos Jordi Perisse Bresc, Joan Salva Páez, Manuel Farre Muñoz y Fernando Cea López, condenados por "golpear" y "apuñalar" a un ciudadano de origen rumano en la Ciudad Condal. El Gobierno de Mariano Rajoy los indultó en noviembre de 2012.

La muerte de Mame Mbaye en plena "persecución policial" se ha convertido en todo un símbolo de la lucha antirracista. El vendedor ambulante de origen senegalés perdió la vida a causa de un ataque al corazón, supuestamente mientras escapaba de los agentes tras una redada contra los manteros. El Ayuntamiento de Madrid negó la culpabilidad de la Policía, pero la historia todavía remueve los sentimientos de sus compatriotas y vecinos. El número de expedientes es infinito y las llamadas de atención de los organismos europeos, constantes. Las instituciones españolas y los sindicatos policiales, mientras tanto, niegan la mayor. 

"La Policía parte de un sesgo racista"

España, Suecia y Alemania son los tres países que más controles de identidad realizan por cuestiones étnicas o de raza, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). "La Policía parte de un sesgo racista y entiende que las personas racializadas son objeto de sospecha, por eso las identifican. La excusa es que su perfil coincide con el de alguien a quien buscan, pero esto no ocurre con las personas blancas y de rasgos caucásicos", relata Sarahi Boleko, presidenta de SOS Racismo Madrid. 

En 2013, una investigación realizada por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València puso en evidencia los sesgos de las identificaciones policiales por motivos étnicos. Las personas migrantes y las que pertenecen a minorías étnicas tenían por aquel entonces tres veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población. "Esto es una práctica discriminatoria, contraria a la igualdad de trato, que ha sido censurada por la justicia europea, así como por el Comité de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo", sostiene José García Añón, director del organismo y coordinador del informe. El Ministerio del Interior dejó de publicar en 2015 información relativa a las identificaciones policiales.

"Los estereotipos y las condiciones sociales son fundamentales para explicar el por qué de este tipo de identificaciones. El volumen es brutal en comparación con otros países. La Policía puede chequear la identidad de una persona migrante amparándose en la ley de extranjería. Este es el caldo de cultivo perfecto para que los agentes hagan uso de su poder de forma inapropiada", señala Juanjo Medina. La ONU ha instado a España en numerosas ocasiones a acabar con la discriminación racial y la invisibilidad de las personas afrodescendientes. "Se necesitan urgentemente voluntad política y compromisos al más alto nivel", precisó hace una década el grupo de trabajo sobre afrodescendientes de las Naciones Unidas. Los cambios desde entonces han sido prácticamente imperceptibles. 

La Policía se ampara y vulnera al mismo tiempo el apartado 1 del artículo 16 de la Ley LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza. El texto invita a identificar a los viandantes cuando existe "algún indicio de infracción", pero pide respetar estrictamente los "principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por [...] origen racial o étnico". Las trabas jurídicas y culturales impiden a menudo que las personas migrantes denuncien este tipo de reacciones. "Las víctimas no denuncian porque se ven desprotegidas. Nos han llegado casos de palizas que se producen en comisaría o en algún portal, sin ninguna prueba que las sostenga. El desconocimiento de las vías legales y la falta de recursos también son un problema", detalla la presidenta de SOS Racismo Madrid.

La investigación de Interior, un lavado de imagen

Los dos jóvenes que han sufrido la última agresión policial en el barrio de Lavapiés han tenido suerte con su abogado de oficio, que trabaja para reconstruir los hechos y llevar el caso ante los tribunales. "Estaba de guardia y me tocaron más casos en los que hubo personas que increparon a las fuerzas de seguridad, pero ninguna tuvo que lidiar con una reacción como esta. Hemos pedido las grabaciones para ver realmente qué ha ocurrido y redactar la denuncia", cuenta Javier Moreno, abogado de la Coordinadora de Barrios encargado de la defensa de una de las víctimas. 

En el atestado consta como motivo de la detención una "discusión acalorada", que no es constituyente de ningún delito. Ninguno de los dos jóvenes migrantes tuvo acceso a un intérprete hasta que ambos pasaron a disposición judicial, pese a que los propios agentes reconocen en su alegato las barreras de comunicación. "No es comprensible que los policías utilicen una maniobra que puede obstruir las vías respiratorias de terceras personas si no manejan el mismo idioma, porque no pueden entender si corren peligro", añade el abogado. 

El 26% de las personas afrodescendientes se sienten discriminadas permanentemente, pero solo el 4% llegan a denunciar, según datos de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE. Interior ha abierto una investigación de oficio sobre el último episodio de brutalidad policial denunciado en Lavapiés, pero las asociaciones antirracistas creen que es más bien una "cuestión de imagen" y aseguran que "terminará pasando lo de siempre", en referencia a que el caso será archivado. "Eso si el Ministerio no se pone del lado de la Policía", matiza Sarahi Boleko. 

Los sindicatos policiales y el racismo interiorizado

"En el vídeo se puede ver como la gente negra está siendo violentada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El chico que está siendo molido a palos no muestra ningún signo de oposición. Si una persona comete un delito, lo lógico es ponerle las esposas, no darle una paliza", reivindica la presidenta de SOS Racismo Madrid. El pasado mes de junio, 15 organizaciones de derechos humanos presentaron ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas un informe alertando del uso de material lesivo y de las "detenciones racistas" por parte de los agentes en España.

"Las conductas discriminatorias que ejerce en este caso la Policía cuentan con el beneplácito de unas instituciones que las toleran o favorecen. El racismo institucional es el más peligroso de todos. El caso de Lavapiés ilustra como el trato indigno y la deshumanización están institucionalmente normalizados", explica María José Aguilar, catedrática de trabajo social en la Universidad de Castilla-La Mancha y experta en racismo. "Estas prácticas no resultan más efectivas. No se obtienen mejores resultados policiales a la hora de perseguir un delito o una infracción. Lo único que consiguen es deslegitimar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad", señala José García Añón, director del Institut de Drets Humans de la Universitat de València. 

Los últimos estudios empíricos publicados por el criminólogo Richard Rosenfeld y el sociólogo Steven F. Messner reflejan una correlación baja entre los flujos migratorios y la delincuencia, de hecho, sostienen que las personas migrantes contribuyen a generar en las poblaciones occidentales menos prácticas delictivas. "En Reino Unido, los líderes policiales reconocen que son institucionalmente racistas y creen que el problema requiere solución. Esto contrasta de lleno con la respuesta de los sindicatos policiales en España —sobre todo, los vinculados a la extrema derecha—. La propia institución es incapaz de ponerle nombre a la realidad", sentencia el profesor Juanjo Medina.