Desde hace más de diez años, la sanidad gratuita y universal ya no es un derecho innegociable en España. La reforma del Partido Popular en el año 2012, una medida que bien podría firmarla Vox actualmente, eliminó este derecho de las leyes españolas. Una década después, con tímidas reformas por el camino, cabe preguntarse: ¿Tienen derecho a sanidad gratuita las personas migrantes en España?

En España hay un denominado "círculo vicioso de la exclusión". Así lo denomina el informe titulado Un derecho hecho pedazos: el derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas, un minucioso estudio realizado por la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. Las garantías de acceso a la sanidad pública se ven obstaculizadas por falta de información, una falta de homogeneidad entre las comunidades autónomas y una ley ambigua y poco contundente por parte del Gobierno central. Todo junto, un cóctel que desprende inseguridad jurídica y falta de garantías sanitarias. 

Las tímidas reformas desde que el PSOE volvió a la Moncloa no han reparado al completo la universalidad de la sanidad pública. Aunque así lo proclamó el Gobierno tras la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, esta normativa contaba con "importantes carencias y lagunas" que, sumado a la Resolución del 20 de junio de 2019 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacionald de Salud y Farmacia, han generado problemas jurídicos y una ausencia de criterio homogeneizador en las comunidades autónomas. Sin ir más lejos, el RD de 2018 no especifica el derecho a la atención de urgencia como sí lo hacía el de 2012. 

En un mapeo en el que se analizan seis puntos en cada comunidad autónoma, la realidad muestra que en las regiones fronterizas (Canarias y Melilla) las restricciones son muy fuertes, de igual forma que en Madrid, que también recibe muchas personas migrantes. Catalunya es uno de los espacios en la península menos agresivas para los extranjeros junto con Andalucía, Navarra y Asturias. 

Las cuestiones a analizar son: dificultad para obtener el padrón o alternativas; acceso a la sanidad los primeros 90 días en situación regular; acceso en situación de estancia; atención a menores y embarazadas; atención sin documeto certificativo y facturación; atención a personas ascendientes reagrupadas. Así queda el mapa nacional, donde impera el color rojo. 

En términos generales, cinco comunidades (Galicia, Madrid, Baleares, Canarias y Melilla) ponen trabas en el acceso a la sanidad pública a las mujeres embarazadas y a menores, a pesar de que la universidad para estos está recogida en una disposición no derogada dentro del Real Decreto-Ley de 2012. "Exigimos blindar la universalidad con una ley sencilla y clara que garantice homogeneidad", alegaban desde Yo Sí Sanidad Universal durante la presentación del informe. La poca contundencia de las leyes vigentes y la falta de consensos entorpecen en muchas ocasiones el trato con las personas migrantes. 

Actualmente, hay una herida dentro de la sanidad pública española, ya que se exige a los extranjeros solicitudes y documentos certificativos de residencia en España para recibir atención sanitaria. Una norma que, según el estudio presentado, "no tiene voluntad de ser vinculante y es emitida por un órgano incompetente para legislar". Además, las regulaciones de las comunidades autónomas diseñadas al amparo del Real Decreto-Ley de 2018 no incluyen procedimientos para personas que lleven menos de 90 días en el país y en muchos casos no aceptan otros documentos que no sean pasaporte o padrón para confirmar el dato de la residencia.

"En todas las comunidades se percibe una gran arbitrariedad en el procedimiento de acceso, dependiente de las profesionales y los centros para la tramitación de la tarjeta, el acceso durante los primeros 90 días y la facturación de urgencias", relata el informe. Esa situación ha provocado que, al menos en 80 ocasiones, la Justicia haya dado la razón a personas afectadas que veían como la sanidad española les cerraba la puerta porque les exigía un cobro por la atención médica.