Ley mordaza¿Qué hubiese pasado si en lugar de policías hubiesen sido 'perroflautas'?

Un grupo de varios cientos de manifestantes se saltó el cordón policial. Llegó hasta la puerta del Congreso con las caras tapadas con máscaras de Anonymous y varias bengalas de humo en mano. Lanzaron petardos. El ruido de bocinas y pitos, unido al humo, enturbia el ambiente. Una diputada denuncia que ha sido increpada e insultada. En las redes sociales, rápidamente, llegan imágenes  de los propios manifestantes. "Esto va a permanecer cortado hasta que nos salga a nosotros de los huevos", dice un manifestante con la cara tapada. Acto seguido, añade: "Vais a tener guerra". 

Todo esto sucedió el martes frente a las puertas del Congreso de los Diputados. Los convocantes de la protesta eran la asociación Jusapol y los sindicatos Jupol y Jucil, que reclaman la equiparación salarial con los distintos cuerpos policiales de las comunidades autonómicas. No hubo cargas policiales. Tampoco detenidos. No se han visto imágenes de policías identificando a manifestantes que habían desobedecido sus órdenes. Nada de esto sucedió. Hace unos meses, en abril, en otra manifestación de Jusapol en la Puerta del Sol, Teodoro García Egea, secretario general del PP, decía: "Me gusta más ver la Puerta de Sol llena de servidores de España que llena de perroflautas".

La pregunta, por tanto, es pertinente. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ser agentes de Policía Nacional y Guardia Civil los que rompieron el cordón policial para manifestarse frente a las mismas escaleras del Congreso con bengalas y pertardos hubiesen sido perroflautas? La respuesta se puede encontrar en la hemeroteca. 

10 de febrero de 2012. Hay una protesta contra la reforma laboral del Partido Popular. Un grupo de manifestantes intenta llegar hasta el Congreso. La Policía carga y hay, al menos, nueve detenidos. Otro ejemplo más. 25 de septiembre de 2012. Se convoca una concentración en Neptuno bajo el nombre de Rodea el Congreso contra los recortes del Gobierno del Partido Popular. Hay miles de personas. La Policía carga duramente y hay 35 detenidos. Interior denuncia que los detenidos han podido cometer un delito contra las altas instituciones del Estado por haber intentado invadir "con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados". El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, tumba los argumentos de Interior y archiva la causa con críticas hacia la Policía. Señala que la manifestación no alteró en ningún caso la actividad de la Cámara. 

En este caso, de momento, y a diferencia de los dos casos anteriores, no hubo detenidos ni cargas. Tampoco, que se conozca, denuncia por parte de Interior. Por tanto, ¿cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado los agentes que violaron el cordón policial? Responde Carlos Sánchez Almeida, director legal de la PDLI, a Público: "Tal y como estableció Santiago Pedraz en 2012, rodear el Congreso, si no afecta a la actividad normal de la cámara, no es delito".

No hay delito pero sí mordaza

Sin embargo, las manifestaciones de 2012 impulsaron un cambio legislativo. El 30 de marzo de 2015, el Partido Popular, con mayoría absoluta, aprueba la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que en su artículo 36.2 señala que "la perturbación grave de la seguridad ciudadana" en manifestaciones frente a las sedes del Congreso, "cuando no constituya infracción penal", será tratada como una infracción grave con una multa que oscilará entre 601 y 30.000 euros. De hecho, el informe Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016 recoge que ese mismo año se impusieron dos sanciones, las dos de 601 euros, por violación del citado artículo. 

¿Violaron este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana los policías que rompiendo el cordón policial llegaron hasta las escaleras del Congreso de los Diputados? En opinión del abogado de Legal Sol Eric Sanz de Bremond, los hechos que se vieron frente al Congreso el pasado martes podrían encuadrarse como una violación del artículo 36.2 y, además, también podrían ser constitutivo de un delito de desobediencia por romper el cordón policial. 

Este abogado, acostumbrado a defender a manifestantes ante los juzgados y las multas administrativas a través de Legal Sol y Red Jurídica, denuncia que la principal diferencia entre el caso de los policías y guardias civiles que se manifestaron el martes y las protestas de movimientos sociales contra los recortes de los últimos años fue que la Policía encargada de vigilar la manifestación no cargó ni detuvo a ninguno de los manifestantes, tal y como sí ha hecho en multitud de protestas similares. Uno de los últimos ejemplos se vivió en marzo de 2019, cuando la Policía cargó contra los trabajadores de Alcoa que se manifestaban en el Congreso e incluso varios diputados de Podemos fueron investigados por la Justicia. 

"La crítica que me parece pertinente en este caso no es que los manifestantes de Jusapol no fueran identificados ni multados. Creo que la denuncia importante en este caso es que cuando hemos visto situaciones similares protagonizadas por trabajadores o movimientos sociales, la Policía ha cargado duramente, salvo en la última protesta de los pensionistas. Por tanto, en mi opinión, lo importante es pedir a los policías que se manifestaron el martes que también respeten el derecho a la reunión y protesta del resto de colectivos. Ellos tienen derecho a manifestarse y el resto, también", argumenta Eric Sanz de Bremond. 

De hecho, los partidos en el Congreso ERC, JxCat, EH-Bildu, la CUP, el BNG, Más País y Compromís han pedido a la Mesa del Congreso que explique por qué Jusapol recibió un "trato de favor" a la hora de manifestarse frente a la misma puerta de la Cámara con total tranquilidad. 

No obstante, los expertos consultados por Público apuntan a que el problema real no es el caso concreto de la manifestación de Jusapol sino la esencia misma de la conocida como ley mordaza. Así, denuncian que el problema es la ambigüedad y arbitrariedad que introdujo la citada ley, que elimina gran parte del control judicial sobre las sanciones y otorga un amplio margen interpretativo a los agentes de Policía. La solución a este problema, en opinión de estos expertos, pasa por la derogación de la ley mordaza y asegurar el derecho de reunión y manifestación en igualdad de condiciones a todos los colectivos. 

Acabar con la arbitrariedad

La abogada y activista por los Derechos Humanos Pastora Filigrana denuncia, de hecho, que el problema de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, tras la reforma del PP, es que "utiliza un lenguaje tan ambiguo que termina convirtiendo en juez a los agentes de Policía que la aplican". "La ley utiliza criterios amplios como seguridad pública o paz social y eso implica que sea cada policía el que decida cuando un acto o protesta pone en peligro la paz social o la seguridad ciudadana", explica Filigrana. 

Así, en el caso de la protesta de Jusapol serían los agentes de Policía que estaban trabajando los que tenían que decidir si se estaba produciendo una infracción grave de la ley mordaza o no. "En esta ocasión, su criterio ha sido mucho más benévolo que cuando los manifestantes no son policías o guardias civiles. Y no, no soy partidaria de que en esta ocasión se hubiera actuado con más contundencia".

La abogada defiende que lo razonable es que España "tenga una ley que no deja lugar a la ambigüedad y donde sean los jueces los que establezcan los límites del derecho a la manifestación y no los policías los que lo interpreten", señala Filigrana a Público, que recuerda que una vez un ciudadano recibe una sanción es él quien tiene que ir a la Justicia para tratar de recurrirla con los problemas y gastos que conlleva.  

La ley mordaza, de hecho, ha servido hasta la fecha para sancionar o castigar a la ciudadanía por situaciones tan dispares como llamar "colega" a un agente, fotografiar un coche de Policía mal aparcado o para imponer miles de sanciones por "faltas de respeto" a la Policía o por "desobediencia y/o resistencia a la autoridad". "Lo que no podemos permitir es que sea el agente de Policía el que decide si sanciona a un joven por llevar un bolso con una inscripción que diga A.C.A.B. o si tiene que actuar o no con protestas como la de Jusapol frente al Congreso de los Diptados", sentencia Filigrana.