"Durante mucho tiempo, al norte del Duero, se han cazado lobos y el problema, que yo sepa, no se ha resuelto", comenta Alberto Fernández, ganadero de Zamora, que pone en duda que las balas sean la solución a los ataques del depredador que sufren los rebaños. Su postura es la de la alcanzar una coexistencia —"lo más pacífica posible", dice— entre la especie y los rebaños extensivos. Se trata de una visión alejada de la tradicional polarización mediática que ha terminado enemistando de manera frontal a sectores conservacionistas con organizaciones agropecuarias. "Yo no entro a valorar si hay muchos o pocos lobos porque no lo sé", apunta. Lo que si sabe de primera mano es que el grueso de granjeros y pastores que se oponen a la inclusión del lobo dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) lo hacen "porque no se les ayuda lo suficiente a coexistir".

La decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de elevar la protección del lobo y restringir su caza en todo el Estado –tomada unos meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea instara a España a garantizar pervivencia del depredador ibérico– ha recrudecido las posturas de un problema social y ambiental en el que el diálogo parece haberse convertido en la última opción. Rosario García Barrigón, ganadera de Sanabria, partidaria de compartir el ecosistema con el cánido, reconoce, sin embargo, que su inclusión en el LESPRE se ha hecho sin dar voz a los implicados, "los ganaderos extensivos, que somos los que debemos convivir con el animal".

La preservación de la especie en la península refleja la importancia patrimonial, social y ambiental del depredador. Es precisamente el carácter universal del lobo lo que, según los ganaderos, debe servir para que sea la administración la que garantice con medios materiales que los pastores y granjeros extensivos puedan hacer frente a los gastos que pueda generar un ataque a un rebaño. "La coexistencia requiere de muchos esfuerzos económicos, es muy trabajosa y difícil. El lobo es de toda la sociedad y no podemos ser sólo nosotros quienes asumamos los costes de la conservación", denuncia Fernández, en relación a las elevadas cuotas de los seguros anuales, los cuales son obligatorios para obtener compensación en caso de ataque.

"La protección de una especie no debe tener coste para un sector concreto, en este caso la ganadería extensiva, que ya está bastante dañada. Los ganaderos no pueden asumir el coste de un bien social que nos pertenece a todos, como es la biodiversidad", manifiesta Julio Majadas, miembro del Observatorio Campo Grande, un grupo de reflexión sobre el lobo ibérico en el que participan personas procedentes de ámbitos pecuarios, ecologistas o académicos. "Si hablas con un ganadero, verás que el problema no es tanto el lobo como las soluciones. Por ejemplo, las indemnizaciones ante ataques son a menudo  insuficientes y llegan muy tarde", explica Theo Oberhuber, cofundador de Ecologistas en Acción.

El seguro obligatorio es cada vez más difícil de costear y los ganaderos de extensivo reclaman un cambio ante la inminente protección del depredador ibérico. "En mi caso, que trabajo con ovino, se paga de media entre dos y cuatro euros por animal al año. Como poco, tenemos entre 200 y 300 cabezas", comenta García Barrigón. A esto hay que añadir que, al igual que ocurre con un seguro de automóvil, cuando el propietario emite un parte por ataques al rebaño, la póliza empieza a subir progresivamente. "Es un coste que puede ser inasumible para muchos. Para el extensivo, ya de por sí, es muy difícil competir con los precios de la ganadería industrial y esto lo imposibilita aún más", lamenta.

Ayudas para prevenir ataques

Las alternativas a la pólvora son antiguas y conocidas. El empleo de mastines por parte de pastores tiene unos efectos significativos a la hora de reducir el número de asaltos por parte del lobo. En 2015, un informe de la Comisión Europea estimaba que los granjeros de vacuno que disponen de perros para vigilar sus rebaños sufren cerca de un 20% de ataques menos que aquellos que no los tienen. Sin embargo, la crianza de estos cánidos viene acompañada de una elevada factura económica que muchas veces los pastores no puede pagar. Es por ello que ahora, con la inclusión del lobo dentro del LESPRE y asumiendo que el número de poblaciones aumentarán, reclaman que las administraciones contribuyan a que los profesionales del campo puedan disponer de estos perros guardianes.

En Galicia, por ejemplo, la Xunta ha puesto a disposición de los ganaderos ayudas de 500 euros en un único pago para la adquisición de perros para el pastoreo. "Esto es insuficiente. La mayor parte del coste no tiene que ver con la compra del animal, sino con el mantenimiento, la compra de piensos, el gasto en veterinarios o el pago de seguros", comenta la ganadera de Sanabria, que denuncia que "no todos pueden permitirse tener una docena de mastines".

Pero también hacen falta trasformaciones legislativas que trascienden a lo económico. "Necesitamos que se legisle para que se reconozca a los mastines como animales de trabajo. No podemos seguir teniéndolos como mascotas", reclama Fernández. Este hecho sobrepasa lo anecdótico, ya que con la legislación actual los perros no deberían estar sueltos y los ganaderos se ven a menudo desamparados ante las quejas de turistas rurales que pueden considerar a los mastines una amenaza. 

Además de señalar a las administraciones estatales y autonómicas, ponen el foco en Europa y en los fondos de la polémica Política Agraria Común. Tal y como se efectúa el reparto de estas ayudas, los flujos de dinero, lejos de ir a parar a manos de los ganaderos más desprotegidos, se destinan hacia grandes empresas que aparentemente no tienen ningún vinculo con las actividades agropecuarias o que basan su negocio en un modelo de explotación intensiva. De hecho, un documento del Parlamento Europeo detalla que entre los cincuenta mayores beneficiarios de la PAC de los últimos años se encuentran nombres de empresas como Telefónica, Adif, Mercadona o Freixenet.

"No entiendo por qué, en lugar de fomentar sistemas sostenibles como el nuestro, que mantiene a la gente en los pueblos, se centran en dar ayudas que incrementan la presencia de macrogranjas, que ni dan trabajo ni mantienen a las familias en el entorno rural", espeta García Barrigón, para reclamar que el próximo borrador de la PAC contemple ayudas efectivas destinadas a la prevención de ataques de lobos. "La ganadería extensiva está en peligro y no es por el lobo, sino por unos precios de mercado que le impide competir, por una gestión de la Administración que no da facilidades y por una PAC que no está enfocada a los pequeños productores", agrega Oberhuber.