Ni propietarios, ni inquilinos: viviendas colaborativas, la solución para conseguir una casa a precio asequible

Los 56 vecinos –entre adultos, niños y adolescentes– de Las Carolinas (Usera, Madrid) celebran este mes cuatro años de convivencia. El bloque tiene 17 viviendas, y cada una de ellas, dos o tres habitaciones. Los residentes comparten "un vínculo de amistad o familiar", pero también un cóctel de ambiciones y "hartazgo"; un intento de "tejer redes de apoyo" y buscar vías de escape frente a "los abusos del mercado y la especulación inmobiliaria". Entrepatios nació como cooperativa hace dos décadas, con el compromiso de implantar un modelo de gestión habitacional alternativo. ¿El resultado? Las viviendas colaborativas, una suerte de "casas comunes" en régimen de derecho de uso: los titulares pueden disfrutar de los inmuebles sin ser propietarios, pero tampoco inquilinos; no pueden comprar ni vender y, sobre todo, nadie puede hacer negocio con sus derechos.

Las cooperativas de vivienda no son una fórmula mágica; tampoco nueva, de hecho, gozan de un amplio currículum en países como Dinamarca, Austria o Uruguay. "Es un modelo que aporta democracia en un sector bastante monopolizado. Las administraciones públicas no están siendo capaces de hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución Española... Esta podría ser una manera de estabilizar la situación y sofocar la crisis. Los datos nos avalan: la vivienda convencional en nuestro barrio [Usera], la que está en el mercado, cuesta casi el doble", explica a Público Javier Pérez, portavoz de Entrepatios. La cooperativa tiene un segundo bloque con otros diez pisos en Vallecas y espera "impulsar" una tercera promoción en Villaverde, aunque "la falta de ayuda de las administraciones públicas" frustra –de vez en cuando– sus planes. ¿Cómo funcionan las cooperativas de vivienda?

España cerró el primer semestre de 2024 con más de 80 desahucios diarios y 3,8 millones de viviendas vacías; además de un millón de casas en manos de grandes tenedores, según una investigación de elDiario.es con datos del catastro. "El problema no sólo se soluciona con vivienda pública; y tampoco hace falta la propiedad individual para impulsar proyectos. La gente quiere ser dueña de sus propias decisiones y nosotros queremos reforzar la apuesta por la autogestión, queremos que todo el mundo pueda acceder a estas promociones", insiste José Téllez, responsable de comunicación de la cooperativa Sostre Cívic, con más de 1.600 socios sólo en Catalunya. Las cooperativas de vivienda, 20 años después de prender la primera chispa, han vuelto a coger fuerza en plena crisis especulativa.

"La cesión de uso puede parecer algo novedoso, al menos en España, pero tiene recorrido. Es un mecanismo que blinda el precio de la vivienda y la va traspasando sin que la renta sufra cambios. No hay propietarios. La cooperativa es la única propietaria y lo que hace es cedernos el uso de los inmuebles", precisan desde La Corrala de Rivas. Rosa, Matilde y Mariano ultiman los detalles para conseguir, junto a otros 30 socios, la cesión de una parcela en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. El objetivo es construir un bloque con 30 unidades residenciales para entrar a vivir en 2026, una especie de "respuesta al modelo especulativo, pero también al modelo de las residencias y los cuidados", un lugar donde todos los promotores quieren "pasar juntos" la jubilación. 

La vivienda colaborativa, muro contra los desahucios

El primer paso –y el más difícil– siempre es conseguir el terreno; un proceso que requiere "muchas, muchas horas de asambleas". La fase de diseño y construcción recae sobre los arquitectos, que a veces, también forman parte de las cooperativas. Los socios, no obstante, deben reunir el capital suficiente antes de mudarse a estos edificios. "La cooperativa se encarga de todo lo que suelen hacer las inmobiliarias, pero de una forma más democrática. Los miembros del grupo tienen derecho a participar con voz y voto en las reuniones, proponen actividades para impulsar el modelo y, una vez tenemos vacantes en algún bloque o parcelas nuevas, pueden apuntarse para recibir las llaves de alguno de los pisos", detalla José Téllez, de Sostre Cívic. 

Los últimos datos del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) evidencian que los inquilinos cada vez confían menos en poder comprar una vivienda. "El derecho de uso es un modelo intermedio entre la propiedad y el alquiler. Tiene la estabilidad del primero, porque impide subidas de precio desorbitadas; pero la flexibilidad del segundo, porque puedes marcharte cuando quieras. Y si te quedas, los pisos son para toda la vida, los heredan tus descendientes", continúa Javier Pérez. Los socios de la cooperativa pagan una cuota de entrada, que les da derecho a hacer uso de los inmuebles cada mes.

"En nuestro caso ronda los 40.000 euros y tiene que ver con el dinero de la hipoteca que los bancos no adelantan", señalan desde Entrepatios. La aportación mensual es luego de 700 euros –"hablamos de pisos de nueva construcción"– y en caso de abandonar la vivienda, te devuelven el capital inicial. Los nuevos residentes serían los responsables de pagar la parte pendiente de la cuota. "A los bancos les costó entenderlo, y eso que trabajamos con banca ética, pero sólo tenemos una hipoteca: unos se van y otros entran, pero el dinero les va a llegar igual [a las entidades]. La clave está en que somos un modelo sin ánimo de lucro, lejos de la espiral especulativa y de las dinámicas del mercado", añade Javier Pérez. La vivienda colaborativa también dificulta los desahucios: si una persona no puede pagar un mes, existe un fondo desde el que "recibir soporte" mientras trata de solucionar su situación económica.

Los promotores de estos espacios no siempre necesitan construir de cero, también pueden rehabilitar edificios o pedir bloques y parcelas a las administraciones locales –mediante el derecho de tanteo y retracto–. "Esto supone un abaratamiento importante de los costes, porque te ahorras el suelo, que viene siendo lo más caro. La gente, con aportaciones de 2.000 o 3.000 euros, puede entrar directamente en una vivienda con derecho de uso", recalca José Téllez. La Corrala de Rivas, por ejemplo, destaca el papel que ha jugado su ayuntamiento a la hora de "promover un proceso formativo para caminar hacia este modelo" y aportar el suelo, un "plus" que rebaja el presupuesto con el que trabajan los socios.

El "protagonismo" de las administraciones públicas

El cooperativismo mira con atención –y cierta envidia– la estrategia de los países nórdicos. La voluntad política en Dinamarca facilita que un 30% del parque total de vivienda sea en cesión de uso. La legislación favorece que un grupo de inquilinos pueda comprar un bloque entero y transformarlo en cooperativo. "La promoción de las administraciones públicas sería realmente interesante, pero parece que los gobiernos autonómicos y estatales no están mucho por la labor. El ámbito especulativo les resulta más cómodo...", lamentan desde La Corrala de Rivas.

Las cooperativas son la única vía de acceso a una vivienda asequible para las familias uruguayas que disponen de menos recursos. Este modelo también triunfa en Viena, con cerca de 211.000 casas en derecho de uso. "Es una buena alternativa, sobre todo teniendo en cuenta que los precios del mercado están absolutamente desbordados y que la falta de provisión del sistema público de vivienda resulta más que evidente. El cooperativismo es un modelo histórico y debe ser impulsado por las administraciones públicas; es una forma de salir de la dicotomía de las hipotecas y rompe con la lógica de la especulación", precisa Alejandra Jacinto, columnista de Público y abogada en CAES. 

Jon Bakaikoa y Alba Agraz, portavoces del área de Vivienda del think tank Ideas en Guerra, respaldan esta propuesta. "Las administraciones definitivamente tienen que jugar un papel de actor protagonista, no solo fomentando la construcción de cooperativas de vivienda, sino también cediendo suelo público, sobre todo en las zonas tensionadas de las grandes ciudades. La crisis habitacional que vivimos requiere soluciones inmediatas a corto y medio plazo", recuerdan. Las cooperativas que han hablado con este diario destacan que muchos de sus socios también forman parte de los sindicatos de inquilinas y abogan por un trabajo conjunto: "Estamos valorando la posibilidad de cooperativizar bloques de inquilinas en lucha, sería todo un puntazo".