La carne llega al plato como si nada. El consumidor se lo mete en la boca sin poder entender lo que esconde su sabor. Por más que busque, saber el origen del alimento es tan difícil como improbable. No hay etiquetas. Las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas no sólo han generado ruido, también han abierto un debate interesante sobre un cambio en el modelo de información a los consumidores que permita saber si los filetes, la leche, el queso o el embutido han sido producidos de una forma más amable con el planeta –y con los propios animales– o de una forma más industrializada y nociva con el medio ambiente. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) es una de las organizaciones agrarias más interesadas en impulsar un sello que permita distinguir, ante los ojos del consumidor medio, los productos cárnicos que provienen de una cría "familiar" de aquellos que se originan tras los muros de las macrogranjas. "Llevamos tiempo luchando contra el modelo de las granjas industriales, porque nos echa de nuestras tierras y del mercado y nos arruina económicamente", dice a Público Román Santalla, secretario de Ganadería del sindicato agropecuario.

En esa lucha, UPA considera que la información hacia los consumidores puede ser un arma potente. "Nosotros no tenemos nada que ocultar y eso puede abrir una buena oportunidad. Al final la gente quiere saber la calidad de lo que come, creo que la mayor parte de los consumidores preferirán un alimento que tiene detrás una producción sostenible en todas sus vertientes. Es decir, que no va contra el medio ambiente, que respeta el bienestar de los animales y que asienta población en el territorio, porque la ganadería familiar requiere que estemos sobre el terreno y las macrogranjas no", opina Santalla, cuya organización ha propuesto al Ministerio de Consumo un sello cárnico que distinga la ganadería extensiva, la semiextensiva, la intensiva familiar y la industrial o de macrogranjas.

En la actualidad, los productos cárnicos sólo incluyen un etiquetado en el que se incluye el número de referencia del animal o grupo de animales, el país de nacimiento del animal, el país de cría y engorde, el país del sacrificio y el país del despiece. Esta información, por ende, no revela datos objetivos sobre la forma de vida de los animales ni el tipo de ganadería en el que ha vivido hasta ser reducido a mercancía cárnica. 

Javier Moreno, fundador de la Fundación Igualdad Animal, también respalda la necesidad de incluir información sobre la forma en la que los animales se han convertido en productos. "Al igual que sucede con el etiquetado de los huevos, que sabemos que el código 3, que significa que han sido criadas en jaulas las gallinas, es el que más sufrimiento genera a los animales. Esto no quiere decir que en otros sistemas no haya maltrato animal, pero algunos causan mucho más sufrimiento que otros", expone. Si bien, desde el punto de vista de la ética animalista, el sufrimiento es innegable pues todo el ganado termina en mataderos independientemente del origen intensivo o extensivo, el nivel de violencia durante el periodo de cría no es igual.

"Cuando los animales son considerados mercancías, siempre va a existir violencia, por ejemplo cuando dejen de ser productivos y sean enviados al matadero. Pero un animal que ha estado la mayor parte de su vida con acceso al exterior objetivamente ha sufrido menos violencia que un animal hacinado durante toda su vida en una nave industrial, que solo ve la luz del sol el día que le meten en un camión camino al matadero", desarrolla Moreno.

Más allá del tipo de producción

Si el tipo de producción es importante, existen otros elementos aún más relevantes para los consumidores que también pasan desapercibidos y que condicionan el valor nutricional del producto. Javier Guzman, director de Justicia Alimentaria, comparte la importancia de obligar a informar sobre el modo en el que los animales han crecido. "A nivel de calidad está claro que no es lo mismo un pollo que ha crecido al aire libre y que ha vivido meses, que un pollo criado en un espacio cerrado y engordado en tres semanas. Eso es una evidencia", indica. "Pero hay otros elementos a tener en cuenta que han pasado desapercibidos en todo el debate de las macrogranjas y que tiene que ver con los aditivos que puede llevar la carne", añade.

El experto hace referencia directa a las carnes procesadas o al uso de antibióticos durante la cría, algo que también puede practicarse en un modelo extensivo. El uso excesivo de nitritos para dar color rojizo a la carne, un elemento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera cancerígeno en altas dosis, también es algo que carece de regulación en términos de etiquetado y que podría condicionar la elección de los consumidores a la hora de escoger un producto u otro. 

Guzmán, no en vano, sostiene que hay otras herramientas útiles que desde el Gobierno se deberían empezar a plantear y que trascienden al sistema de etiquetados. "Aquello que sea negativo para salud y medio ambiente debe ser penalizado y aquello que sea positivo debe ser impulsado", indica. La vía fiscal puede ser un elemento crucial para dar ventajas a los ganaderos familiares que crían en términos de sostenibilidad. Un IVA reducido para las carnes que provengan de un modelo más familiar o extensivo, así cómo una penalización impositiva para aquellas carnes que puedan contener aditivos y sean procesadas, o que provengan de macrogranjas, son algunas de las herramientas que podrían contribuir a trasformar el modelo de consumo de los españoles, no sólo hacia mejores calidades, sino también hacia una reducción de la ingesta cárnica, que está actualmente por encima de las recomendaciones sanitarias.