SEVILLA.- En abril de 2001, días antes de la Feria de Sevilla, el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad la Ley de Consultas Populares, tras un encendido debate entre los grupos políticos acerca del mayor o menor alcance democrático de esta medida. La norma permitiría a los ayuntamientos andaluces convocar referendos a través de dos mecanismos: bien mediante un acuerdo plenario por mayoría simple o por la recogida de firmas de un grupo de vecinos, cuyo número variaba según la población de cada municipio. Quienes defendieron entonces aquella ley ilustraron sus ventajas con ejemplos tan incontestables como éste: “Esta ley permitirá a los ciudadanos decidir al lado de las instituciones sobre los asuntos más relevantes, los que más les afecta en sus vidas”.

El azar ha hecho que el primer referéndum popular en la historia de la capital andaluza pregunte a los sevillanos si quieren ampliar un día más la duración de la Feria de abril, y si quieren que se fije un día festivo permanente en esta semana de fiesta. En ambos casos los sevillanos han dado el sí. El Gobierno municipal acatará el resultado que además compartía, aunque no haya hecho campaña a favor del sí (hosteleros, hoteleros y sindicatos apoyaban la ampliación).

Han tenido que pasar 15 años para que el Ayuntamiento de Sevilla invoque por primera vez aquella Ley de Consultas Populares, tan marchita ahora que ya existe un proyecto de ley nuevo en trámite parlamentario, diseñado por IU cuando formaba parte del Gobierno andaluz en la pasada legislatura. La consulta ha durado cinco días, desde el pasado lunes hasta este viernes, y ha movilizado a 40.659 personas, casi un 8% de los más de medio millón de sevillanos censados (podían votar los empadronados mayores de 16 años).

Sin embargo, aunque el Gobierno municipal socialista de Juan Espadas empezó este debate hace meses con la idea de invocar la Ley de Consultas de 2001, enseguida fue descartada por razones jurídicas y económicas. Para convocar un referéndum popular de acuerdo a la legislación, eran necesarios seis meses de tramitación y disponer de unos recursos similares a los de unas elecciones municipales (mesas electorales, papeletas…) que hubieran encarecido la propuesta. El alcalde optó por ser menos ambicioso y más pragmático, guardó la ley en un cajón y echó mano de una ordenanza municipal de 2007 que regula la convocatoria de consultas ciudadanas siempre que las autorice el pleno.

Ningún partido se opuso: PSOE, Participa Sevilla (marca blanca de Podemos) e IU lo apoyaron, y PP y Ciudadanos se abstuvieron. De modo que el referéndum sobre la Feria de Abril del que está hablando toda España no es un referéndum como tal, no tiene validez jurídica ni administrativa, el resultado no es vinculante, no es algo tan serio como el Brexit ni tan aparatoso como la consulta soberanista catalana, pero vaya usted ahora a explicarlo en las redes sociales. Ni siquiera el Ayuntamiento se ha esforzado en corregir el nombre, porque en realidad la consulta ha colocado a Sevilla en el centro del debate público con un tema bastante amable.

El caso es que no se trata de un asunto menor, dado que la Feria de Abril es el motor del motor de la economía sevillana y andaluza: el turismo, y que genera unos beneficios anuales para la ciudad de 722 millones de euros en siete días. El impacto anual, teniendo en cuenta el gasto directo y los efectos inducidos sobre la economía, supera el 3,5% del PIB anual de Sevilla. Ninguna empresa andaluza logra tantos ingresos en tan poco tiempo, y eso sin indagar en el pozo de la economía sumergida que campa a sus anchas en el Real. Si en el fin de semana de preferia (el que la consulta ha pedido incluir en el periodo festivo), la ocupación del Real es de un 41% (sólo extrapolando los datos de ocupación del servicio municipal de autobuses que llega hasta la Feria y del volumen de basura recogido en esos días), el efecto añadido a la economía local de sumar un día más de sevillanas sería de unos 121 millones de euros, según una estimación conservadora del Ayuntamiento hispalense.

En la práctica, el resultado de la consulta hará que la Feria tenga dos fines de semana en lugar de uno, una buena noticia para el turismo y para las arcas municipales, porque incrementará las visitas de fuera de Sevilla y de los pueblos. La próxima Feria empezará la madrugada del sábado, y no del lunes, y terminará el sábado siguiente. El Real recibe de media 492.924 visitantes al día (el 12,8% proviene de fuera de Sevilla), y el gasto medio de los no residentes supera los 135 euros diarios per cápita, según un informe de la Universidad Hispalense.

Aunque el resultado de la consulta también es una mala noticia para los partidarios del no, aquellos que querían preservar la preferia como algo suyo, exclusivo, antes de que se encendiese el alumbrao (00.00 horas del lunes) y el Real se inundase de visitantes. En Sevilla, todo el mundo sabe que cuando la Feria llega al fin de semana, el volumen de gente se dispara y el recinto ferial se desborda de turistas. Es un lugar común, pero ojo con verbalizarlo.

En 2003, al entonces alcalde socialista, Alfredo Sanchez Monteseirín, se le ocurrió pedir a los sevillanos que se marcharan “a la playa” durante el fin de semana de Feria (cosa que en efecto hacen muchos) para ceder el Real a los madrileños y demás turistas. Casi se le cae el alumbrao encima. Las críticas se alzaron tanto que incluso proliferaron los carteles de “No a la playa” en los balcones sevillanos, con la misma tipografía que el famoso “No a la guerra” contra el conflicto en Irak. El resultado del referéndum ha sido clarividente: unos 25.133 sevillanos (el 61,8%) han votado sí a ampliar la Feria, y 15.526 (38,19%) han votado no. Menos conflicto ha generado la segunda pregunta, la de contar siempre con un festivo local durante la fiesta: 32.963 síes contra 7.696 noes.

Dicho esto, a ver cómo convencemos ahora al mundo y a las redes sociales para que se tomen en serio que el primer referéndum de la historia de Sevilla es para ampliar la Feria. Precisamente por considerar que la primera consulta popular requería un tema de mayor calado, el grupo municipal de Ciudadanos se abstuvo en la votación del pleno que aprobó la medida. “Hay que prestigiar la primera consulta pública que se hace en la historia de la ciudad, en vez de usarla para fomentar el tópico de que a los sevillanos sólo nos interesa la juerga”, dijo su portavoz.

El PP también se abstuvo, por considerar que el procedimiento previsto era “una chapuza”. El presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, ha censurado que esta consulta “ayuda a agrandar los tópicos de que nos gusta mucho estar de fiesta y de Feria”. “Los andaluces deben ser conocidos por muchas otras cosas, como el talento, la capacidad o los paisajes naturales. Hay otros debates mucho más interesantes en Andalucía que lo de ampliar un día la Feria”.

Pero el caso es que la consulta ha sido un éxito de participación. Las encuestas online que se habían realizado hasta la fecha en otras ciudades, como Madrid hace unas semanas, o Barcelona, no habían superado el 2% de los censados. El objetivo de Espadas era popularizar los referendos populares en la ciudad, que éste sea el primero y no el último, y por eso eligió muy conscientemente el asunto de la Feria, porque sabía que captaría la atención de todos, sevillanos, andaluces y foráneos (sobre todo madrileños), y que el empuje mediático tendría un efecto de arrastre para futuras consultas.

Obviamente, la iniciativa del Gobierno municipal socialista ha reavivado todos los estereotipos sobre el andaluz y su consustancial deseo de divertirse todo el tiempo. La oportunidad para reírse con los lugares comunes, tópicos y chascarrillos estaba cantada, y han sido los sevillanos los primeros que lo han hecho. Nadie se ha sentido virtualmente ofendido, no como para buscar las reacciones del Gobierno andaluz, muy susceptible a lo que políticos de otro color y de otra comunidad autónoma digan sobre los andaluces.

En las hemerotecas están las alusiones de Esperanza Aguirre al subsidio agrario en Andalucía -“usan el dinero de los contribuyentes para dar pitas, pitas, pitas”-; de la exministra Ana Mato calificando a los niños andaluces de “casi analfabetos”, o del expresidente de la Generalitat Artur Mas, que en sede parlamentaria defendió el modelo lingüístico catalán despreciando el acento andaluz: “Los niños sevillanos hablan castellano, pero nadie les entiende”, dijo.

Todos estos comentarios desataron en su día un aluvión de críticas de todos los políticos andaluces (también los del PP), y sirvieron al Gobierno andaluz para denunciar “el desprecio, el agravio y la ignorancia” con la que sus homólogos del norte trataban a esta tierra. Incluso el Parlamento andaluz dedicó un debate y aprobó por unanimidad una proposición no de ley quejándose del “agravio a los andaluces”. Pero esto es muy distinto a lo que ha pasado con el referéndum de la Feria de Abril, porque aquí los primeros que han jugado y manoseado el tópico han sido los sevillanos y los andaluces.