La presión social frena el desahucio de Sharon: "Es una victoria para el barrio"

La presión social ha surtido efecto. Los vecinos y las asociaciones provivienda han conseguido paralizar el desahucio de Sharon en Barcelona. El Sindicat d'Habitatge del Casc Antic y Resistim al Gòtic congregaron a un centenar de personas frente al piso que la joven comparte con su familia en el centro de la ciudad. Sharon dio a luz a su segundo bebé hace apenas diez días y su otro hijo tiene solo tres años. El propietario de la vivienda es un gran tenedor y les había negado en un primer momento una alternativa de alquiler social, pese a los informes que acreditan su situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

La comitiva judicial se ha presentado en casa de Sharon sobre las 13.00 horas, con varios minutos de retraso. Los Mossos d'Esquadra no estaban convocados y la visita se saldó sin ningún incidente. El dueño ha accedido finalmente a renegociar un contrato de alquiler social y las dos partes tienen hasta el 30 de septiembre para llegar a un acuerdo. "Es una victoria para el barrio. Seguiremos luchando, cada día y en todas partes, por una vivienda universal, gratuita y de calidad", señalan desde el sindicato. 

"Lo importante es que hemos conseguido abrir un nuevo canal de negociación. La presión ha funcionado y el propietario ha accedido. Esto nos da un respiro a todos. Si el desahucio hubiera salido adelante, esto mañana sería otro piso turístico ilegal", continúan las mismas fuentes. Sharon dice estar "contenta" y "por fin" cerca de ver la luz al final del túnel. "Los nueve meses de embarazo han sido una tortura porque ha tenido que lidiar con esta situación. La posibilidad de tener su casa y su contrato es ahora más real", celebran desde el sindicato. 

Sharon se enfrentaba a su desahucio tres días después del suicidio de dos hermanas poco antes de perder su casa, también en Barcelona, por el impago de 9.000 euros en mensualidades. La noticia ha vuelto a poner el foco en la presión inmobiliaria que sufren cientos de familias en todo el país. El colectivo Resistim al Gòtic y el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic aseguran que los desalojos han aumentado "de forma considerable" en la Ciudad Condal a las puertas del verano, por el boom de los pisos turísticos y el afán especulador de los grandes tenedores.

El propietario, un gran tenedor

Sharon se trasladó con su familia al piso de Casc Antic ante la necesidad de "encontrar algo mejor", pero en realidad estaba siendo víctima de una estafa inmobiliaria. "El contacto de un contacto se hizo pasar por la propietaria del inmueble. Les pidió una fianza y el dinero del mes en curso, lo normal para entrar en cualquier vivienda", recuerdan desde la plataforma Resistim al Gòtic. Esta persona era en realidad la anterior inquilina y arrastraba una orden de desahucio por el impago de 12.000 euros. 

"El dueño del piso es un gran tenedor que le reclamaba a Sharon todo el importe de la deuda", denuncian desde el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic. El juez reconoció su situación de vulnerabilidad socioeconómica y la familia consiguió esquivar un primer desahucio gracias a las moratorias covid. El propietario recurrió y el magistrado decidió entonces que la moratoria no se podía aplicar, porque Sharon había entrado en el piso después de su publicación en el BOE –que tuvo lugar en diciembre de 2020–.

La ley catalana de vivienda establece que las personas físicas o jurídicas con la condición de grandes tenedores deben ofrecer una alternativa de alquiler social antes de interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria o desahucio, al menos cuando los inquilinos puedan acreditar una situación de riesgo de exclusión residencial. Sharon y su familia tienen varios informes que prueban esta situación. El dueño del inmueble tiene 14 pisos a su nombre, casi el triple de lo que contempla la normativa para considerar a alguien gran tenedor.

La mediadora del Ayuntamiento de Barcelona les había enviado hace meses a las dos partes una propuesta de contrato y les había ofrecido meter la vivienda en una bolsa municipal. El no del propietario frustró hasta este jueves todos los intentos de parar el lanzamiento. Sharon contaba con un informe médico que le concedía, al menos, 40 días de recuperación posparto. La inquilina y el dueño del inmueble tienen ahora dos meses y medio para llegar a un acuerdo y poner punto y final a nueves meses de "estrés" y enfrentamientos.