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MADRID.- La Policía se ha escudado en “respeto a la intimidad personal” de los internos para prohibir la entrada de periodistas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. La justificación se ha producido por escrito, en respuesta a una carta del europarlamentario de IU Javier Couso en la que preguntaba “si la negativa viene recogida en alguna normativa o si es fruto de la costumbre” y en la que inquiría “por cuánto tiempo se prolongará esta situación excepcional”.
Couso, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, había solicitado una visita a las instalaciones madrileñas de miembros de la red Migreurop, acompañados por tres reporteros, a los que se les ha denegado el acceso.
“El Cuerpo Nacional de Policía asume la posición de garante que implica la obligación de respetar y proteger el derecho a la intimidad personal y seguridad de todas aquellas personas que se encuentran internadas en dichos centros”, alega Miguel Ángel Nogal, secretario general de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, quien ha atribuido “la misión de salvaguardar y velar” por los derechos de los internos al juez correspondiente y al Defensor del Pueblo, “cuyos asesores realizan visitas frecuentes y sin previo aviso”.
Nogal, en una anterior misiva, había dejado claro que la presencia de periodistas “no está contemplada” y que la petición de Couso no suponía “una excepción a lo establecido”. Durante la visita a las instalaciones del CIE, que tendrá lugar este viernes, el eurodiputado y miembros de Migreurop no podrán verse con los internos, ya que la Policía sólo les ha permitido hablar con personal sanitario y de la Cruz Roja.
El “elevado” número de internos “hace inviable realizar una entrevista en una ámbito de privacidad”, ha aducido Nogal, “con la particularidad además de que son los propios internos los que solicitan, cuando lo desean, ser atendidos por determinadas ONG y no al revés, como se plantea en este caso”. Precisamente, asociaciones y entidades han denunciado en numerosas ocasiones las condiciones en las que viven los internos en los CIE, tachados de "limbo jurídico" donde se vulneran los derechos humanos e impera la opacidad.
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