La votación definitiva de la ley trans en el Congreso se producirá finalmente en el pleno, y no en comisión, a petición del Partido Popular y con el visto bueno de los grupos parlamentarios, lo que supondrá un retraso en sus plazos de aprobación.

El cambio acordado en la Junta de Portavoces del Congreso llega tras las quejas de organizaciones feministas ante la tramitación en comisión y por el procedimiento de urgencia - que reduce a la mitad los plazos- de una normativa que regula el derecho a cambiar el sexo registral sin tratamiento ni informe médico o psicológico y que ha generado disensos en el movimiento feminista y en el PSOE.

Con la petición de avocación al pleno, la ley tendrá un retraso en su aprobación definitiva, ya que los diputados deben votar primero su avocación a pleno en el hemiciclo, que será el próximo jueves, 24 de noviembre, para que posteriormente pase a tramitarse en comisión (ponencia y enmiendas) con el fin de que regrese nuevamente a otro pleno para ser ratificada definitivamente.

Al respecto, el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha explicado que las avocaciones "se suelen aprobar" y que la decisión tomada este viernes es "la mejor posible" porque supone votar el jueves "lo antes que se podía" la avocación y tramitar la normativa "en los plazos más breves posibles".

Actualmente, está pendiente la constitución de la ponencia en comisión, que todavía no se ha reunido, para que después la comisión discuta las enmiendas registradas.

Una vez que la ponencia y el dictamen con las enmiendas incorporadas sean aprobadas por la comisión de Igualdad, la ley deberá votarse en el pleno del Congreso para ratificarse antes de pasar al Senado e iniciar allí una tramitación similar.

La futura norma diseñada por el Gobierno establece que los menores podrán cambiar su sexo registral sin condiciones desde los 16 años; entre los 14 y los 16 necesitarán la asistencia de padres o tutores; y entre los 12 y los 14, aprobación judicial.

Además, el PSOE ha pedido en una de sus enmiendas que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro.

Su tramitación ha estado rodeada de polémica, por la oposición que genera en algunos sectores del movimiento feminista y del PSOE contrarios a la autodeterminación de género, y por los retrasos denunciados por activistas a favor de la ley como la exdiputada Carla Antonelli, que se dio de baja del PSOE en forma de protesta.