En el número 87 de la calle San Bernardo, en Madrid, a escasos 10 minutos andando de la Gran Vía, cada viernes y cada sábado se queda apostado en el portal entre las 20.00 y las 2.00 de la mañana un hombre corpulento. Lo hace desde hace menos de un mes. Como si se tratara del control de acceso a una discoteca, pide documentos de identificación a todo grupo de jóvenes que trata de acceder al edificio.

Pero allí no hay ninguna discoteca, aunque algunas noches lo pueda parecer debido al elevado volumen de la música que suena dentro a altas horas de la madrugada. En este lugar, hace no mucho, vivían vecinos que habían sido del barrio de toda la vida, hombres y mujeres que conocieron los días en los que el centro de Madrid, en vez de acoger los bares y restaurantes más modernos de la ciudad, estaba repleto de cererías, tiendas de sombreros y establecimientos donde se vendían gallinas. Pero ya no queda casi ninguno de aquellos antiguos vecinos. A sus 73 años, apenas resiste, en su piso de renta antigua, Alfonso Calvo. "Aquí ya no tenemos juntas de vecinos. ¿Para qué, si ya no queda casi nadie?", relata.

Su vida dio un vuelco en 2017. El grupo Roisa, que se publicita en internet como una de las mejores opciones para buscar apartamento turístico en el centro de Madrid, compró la mayoría de los pisos del edificio, los troceó y los puso a disposición de todo aquel que quiera pasar unos días en una zona privilegiada de Madrid. Fue el origen de una pesadilla. Desde entonces, Calvo tiene que lidiar muchos días con las consecuencias de que su edificio se haya convertido, en la práctica, en un local de ocio nocturno más. Concretamente, en uno que, en sus mejores días —los peores para Calvo—, ha llegado a albergar a la vez cerca de una veintena de fiestas.

Al igual que sucede en el centro de la ciudad, tras una breve tregua forzada por la pandemia, los pisos turísticos que alberga San Bernardo 87 poco a poco van recuperando su actividad de antaño a medida que los turistas vuelven a llegar en masa. Si hace un año en Madrid y Barcelona un 40% de los pisos turísticos pasaron a ser alquiler residencial según la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), hoy vecinos del barrio como Antonio, un hombre de 69 años que convive también con un piso turístico, temen que, con la llegada del verano y tras un año de encierro y restricciones, el fenómeno de los pisos turísticos alcance en los próximos meses en la ciudad dimensiones nunca vistas: "Con la pandemia, algunos pisos turísticos pasaron a ser alquileres normales, pero este verano creemos que volverán a su actividad. Durante un tiempo bajó la presión, pero ahora está volviendo a subir".

"Unos llegaron a poner una bola de discoteca. Aquí se ha dado un proceso que nadie quiere parar", comenta Calvo. Por ahora, las quejas de este vecino se han traducido en un control de entrada con el que la empresa espera, al menos, evitar que a los pisos accedan personas que no figuren como arrendadores. Además, han añadido a los contratos de alquiler una cláusula que obliga a los inquilinos a pagar una multa de unos 200 euros si los vecinos se quejan de su comportamiento. Una sanción, para Calvo, insuficiente: "Si vienen 20, tocan a 10 euros cada uno. Les compensa".

Un negocio ilegal y lucrativo

En marzo de 2019, el Ayuntamiento de la entonces alcaldesa Manuela Carmena aprobó un plan especial para regular las conocidas como viviendas de uso turístico. La normativa es clara: si un piso se alquila durante más de 90 días al año, este entra dentro de lo que el consistorio considera uso terciario —casas que no están destinadas a que viva nadie de manera estable, asimilable a un hospedaje o un hotel— y, por tanto, debe solicitar la correspondiente licencia.

Para concederla, el inmueble debe cumplir una serie de requisitos entre los que destaca el contar con un acceso al edificio para los clientes distinto del que usan los propietarios. En la práctica, calculó en su día el Ayuntamiento, esto debía suponer la ilegalización del 95% de los más de 10.000 pisos turísticos que hay en Madrid—las asociaciones vecinales elevan esta cifra hasta los 20.000—. Estos, al no contar con licencia, simplemente debían cesar en su actividad, igual que sucede con los bares o restaurantes que carecen de ella. La realidad, sin embargo, ha sido otra bien distinta.

"Esto está siendo un atraco a los vecinos", resume Alfredo Carda, un arquitecto urbanista de 71 años que desde 2014 vive consagrado a un solo objetivo: cerrar todos los pisos turísticos ilegales en Madrid. "Soy una persona obstinada, pero no soy un iluso. Sé que no lo veré. Madrid tiene más de 10.000 pisos turísticos y la mayoría son ilegales. Yo no soy capaz ni de imaginar tantos pisos", explica Carda.

Junto con su equipo, él fue quien asesoró a los vecinos de la calle del Príncipe 15, un edificio ubicado en el centro de Madrid que llegó a reunir cerca de 40 pisos turísticos. Estos, tras tres años de litigios, fueron finalmente declarados ilegales, lo que sentó jurisprudencia y abrió a Carda un camino que debe recorrer con todos y cada uno de los inmuebles que denuncia. Aunque todos tienen el mismo final, pues las leyes dan la razón a los vecinos, los procesos pueden llegar a durar tres o cuatro años. Las inmobiliarias, por otra parte, suelen contar con el apoyo del mismísimo Ayuntamiento, que en vez de ponerse de parte de los vecinos muchas veces opta por recurrir las sentencias que obligan a detener esta actividad. Esto fuerza a los vecinos afectados a elevar las denuncias al TSJM o, en última instancia, incluso al Tribunal Supremo.

"El negocio ha podido seguir gracias a la inacción del Ayuntamiento, que no obliga a que se cumpla la normativa", dice Carda. Ante la pregunta de por qué el consistorio renuncia a hacer cumplir sus propias leyes, la respuesta de este arquitecto es simple: el dinero. A pesar de ser la mayoría de las veces ilegal, el alquiler de pisos turísticos, según los cálculos de este experto, puede llegar a mover anualmente unos 300 millones de euros en Madrid. Un pastel demasiado jugoso. "La ley dice que si un negocio opera sin licencia la multa nunca puede ser inferior al beneficio obtenido. Una vez dije a funcionarios del Ayuntamiento que, solo en sanciones, estaban dejando de recaudar al menos 30 millones de euros al año de los pisos turísticos ilegales", detalla Carda.

Desde el Ayuntamiento responden a estas acusaciones de inacción con algunos datos. Este año, explican, entre enero y mayo la Agencia de Actividades, que pertenece al Área de Desarrollo Urbano, ha inspeccionado 178 edificios, lo que supone un total de 4.149 viviendas. De estas, según el consistorio, solo 336 se dedicaban a uso turístico, mientras que el resto eran de uso residencial tradicional. En total, se han iniciado 467 expedientes de orden de cese y clausura referidos a viviendas de uso turístico, de los que 342 ya son resoluciones firmes de cese.

Afirman, además, que han empezado a imponer multas coercitivas para los propietarios que reiteradamente desobedecen la orden de cierre de actividad. La cuantía de estas multas oscila entre los 1.000 y las 3.000 euros. Considerando que el precio del alquiler en el centro de Madrid es hoy de 16,2 euros por metro cuadrado (según datos del portal Idealista), si solo se recibe una multa—se pueden acumular—, una empresa que alquile pisos de unos 50 metros cuadrados en la zona a un precio más que competitivo puede cubrir la sanción fácilmente con un par de mensualidades o tres.

El actual equipo de Gobierno del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, entiende que el problema está en que la normativa de Carmena ha sido ineficaz. Desde el Área de Desarrollo Urbano explican que, al ilegalizar en la práctica la inmensa mayoría de los pisos turísticos, los propietarios se han visto forzados a introducirlas en el mercado negro. Esto, interpretan, hace que sean más difíciles de controlar. Así, el actual consistorio prepara ya una normativa más laxa: "El Ayuntamiento está trabajando en una nueva ordenanza que regule con claridad los apartamentos y las viviendas de uso turístico en un marco de seguridad jurídica, de equilibrio y de respeto a la convivencia vecinal. Están trabajando todas las áreas implicadas, porque no es un problema solo urbanístico, sino de seguridad, de medio ambiente, turismo...", detallan fuentes del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento. Carda advierte: "Si el Ayuntamiento hace una norma que favorezca al piso turístico y perjudique todavía más a los vecinos, ya le buscaremos las vueltas en los tribunales". La asociación de propietarios de pisos turísticos Madrid Aloja no ha respondido a las llamadas ni a los mensajes de Público.

Fiestas, derrumbes, ruidos, golpes y ansiolíticos

Hoy Carda asesora, entre otros muchos, a Rufino, un vecino del barrio de las Letras de 73 años que tuvo que ver cómo las obras acometidas por una inmobiliaria para dividir una sola vivienda en varios pisos turísticos afectaba a la estructura del edificio hasta el punto de provocar un derrumbe. El suyo es solo un caso más.

En el distrito centro de Madrid hay aproximadamente unas 87.000 viviendas, según el último censo de 2011. De estas, calcularon en 2019 las asociaciones vecinales, unas 12.000 son pisos turísticos. En los barrios, ni siquiera la proliferación de hoteles hace que la presión de estos se relaje. Según los datos de las asociaciones de vecinos, por ejemplo en los escasos 125 kilómetros cuadrados que tiene el céntrico barrio de las Letras hay más de 100 hoteles y hospedajes. Esto arroja una media de casi un establecimiento por kilómetro de extensión, lo que convierte esta zona de Madrid en una de las que tiene más densidad de negocios de este tipo de España. Para quienes hacen negocio del turismo, sin embargo, esto no parece suficiente.

Lo saben bien en la calle del Prado, número 11, donde al hospedaje con el que han convivido desde siempre y con el que nunca han tenido problemas se sumaron en 2017 un par de viviendas de uso turístico. Ubicadas en el cuarto piso, entre ambas se encuentra el hogar de María, una enamorada de Madrid de 53 años que prefiere no dar su nombre y que en 2019 cumplió su sueño de vivir en el centro de la ciudad. Difícilmente podía adivinar ella entonces que realizar su ilusión sería el principio de una guerra psicológica sin cuartel. María libra sus batallas contra unos vecinos que, a pesar de que cambian cada semana, mantienen siempre unas rutinas parecidas: fiestas, borracheras, ruidos, golpes y destrozo de mobiliario común como el ascensor hasta eso de las 6.00 o 7.00 de la mañana, cuando ellos exigen silencio para apaciguar la resaca y María se prepara para acudir a su puesto de trabajo.

"A lo mejor no es del todo correcto, pero una vez, a unos que montaron una fiesta impresionante les timbré un buen rato por el telefonillo antes de irme a trabajar", cuenta María, que encontró en aquella pequeña venganza algo de consuelo en mitad de un sentimiento general de indefensión. Junto con sus vecinas, ha empapelado la escalera con carteles que avisan en varios idiomas de que, en caso de ruidos, llamará a la policía. Da lo mismo: "La policía viene y no puede hacer nada. Si son listos, no les abren, se quedan un rato callados y, cuando la policía se va, continúan", cuenta María, que tiene que tomar ansiolíticos para dormir.

También se ve obligada a hacerlo su vecina Mari Carmen Quevedo, una mujer de 53 años en cuya casa se siguen filtrando los ruidos de estos particulares vecinos a pesar de haber instalado una pared insonorizada. Su madre, de 94 años, fue la primera mujer que se vacunó contra el coronavirus en Canarias. A pesar de eso, Quevedo no se atreve a bajarla al portal a que dé un paseo, como solía. "Quienes vienen tocan todo y muchas veces no usan mascarilla en las zonas comunes. Me da miedo", cuenta esta vecina, que ante todo teme la llegada del verano y, con él, el aluvión de jóvenes con ganas y dinero para hacer todo lo que no pudieron el año pasado. Quevedo resume su impotencia: "Sí, sabemos que estos pisos son ilegales. De hecho, a los nuestros los tenemos denunciados desde hace tres años. ¿Y qué?".