MADRID.- Mohamed Ben Djazia fue desahuciado en octubre de 2013 junto con su mujer y sus dos hijos, de 8 meses y 3 años, por impago de renta de alquiler. Los cuatro fueron protagonistas de un desalojo forzoso que no ofrecía alternativas a esta familia, que tuvo que convertirse en nómada, primero viviendo en un albergue, luego en su propio coche y por último, en casa de un conocido. 

Mohamed, de origen argelino, fue denunciado por el propietario. Ben Djazia agotó todas las vías judiciales nacionales para intentar defender su causa y frenar su desahucio porque "la situación no era admisible en Derecho": por violar el derecho internacional y producir un desalojo forzoso sin alternativa; y por otro lado, por incumplir la Ley procesal española sobre arrendamientos al no permitir al desahuciado alegar sus circunstancias personales.

Mohamed sólo contó con la ayuda de la Asamblea Popular de Vivienda de Tetuán para parar esta situación. Las administraciones públicas, los Servicios Sociales y Cáritas se desentendieron del tema. "Fuimos nosotros quienes buscamos alojamiento y un abogado -Javier Rubio, que se ofreció para atender el caso- a Mohamed y a su familia para que tutelase el procedimiento de desalojo", dice Anuar, representante de la organización. 

La única solución que le proporcionaban era separarse de su familia. "Le amenazaban con retirarle la custodia de sus hijos porque no tenía medidas para proteger a los menores. Es más fácil para los Servicios Sociales quitarle a los niños que buscarle una alternativa habitacional", asegura Anuar.

Javier Rubio, abogado, se hizo cargo del caso. Después de acudir a todos los tribunales nacionales -incluyendo el Constitucional- y de que todos ellos rechazasen los recursos presentados, en febrero de 2015, Rubio presentó una serie de alegaciones contra el Gobierno de España ante la ONU en nombre de Mohamed, su mujer Naouel y sus dos hijos, Adam y Abdennour.

"La familia es sagrada en toda Europa salvo para España", denuncia Mohamed

En dicho recurso, esta familia denuncia fundamentalmente la vulneración del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que refleja el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y asimismo, la violación del derecho a una vivienda digna que recoge la Constitución Española en 1978.

"Es la primera vez que Naciones Unidas tiene en cuenta un desahucio por alquiler", denuncia Rubio. En marzo de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aceptó estudiar el caso de Mohamed y su familia y pidió explicaciones al Gobierno español, tras considerar que el derecho a la vivienda se había visto vulnerado. "El Gobierno ha respondido diciendo que la petición de Mohamed es un abuso de derecho y que la situación de éste es culpa suya", declara el abogado.

Mohamed, el protagonista de esta historia pide que se haga justicia. "Las instituciones del Gobierno español nos han tratado muy mal. Estamos intentando que se resuelva este tema y que se respete el derecho legal a una alternativa. Hemos sufrido mucho para conseguir una vivienda digna y aún seguimos sin ella", dice Mohamed. "La familia es sagrada en toda Europa salvó en España", añade, con un tono triste.

Edicio de IVIMA vacío, en la Calle de la Costa Verde número 19 de Madrid. Anuar, de la Asamblea Popular de Tetúan, denuncia que en él podrían vivir más de 200 familias./ C.G.M.

Actualmente, Mohamed y su familia viven en una casa de alquiler. Ben Djazia lleva presentando desde 1999 solicitudes anuales al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) para acceder a una vivienda de protección oficial o una concesión social de alquiler. Sin embargo, estas peticiones nunca han sido atendidas. 

A pesar de no haber sido escuchado, Mohamed sigue intentándolo. Ahora, su única esperanza es que la ONU -además de acceder a estudiar el caso- reconozca y condene "el desalojo y al Gobierno español por no ofrecer ningún recurso" a las personas que se quedan en la calle, por el incumplimiento del derecho internacional. 

En caso de que la resolución del Comité de Naciones Unidas sea favorable, España podría ser sancionada con una multa. Además, tendría que atenerse a la legislación internacional que forma parte de la española y debería proporcionar el derecho a las personas a una vivienda digna.

Aún desconocen la fecha en la que se formalizará la decisión de la ONU, la única que puede devolverles la razón. E incluso la vida.

Sin embargo, Rubio denuncia que los daños psicológicos que ha sufrido esta familia -y todas las demás que han vivido esta situación como consecuencia- no tienen precio. "Los desahucios por alquiler son como una gestoría: no se tiene en cuenta a las personas".