El cambio de año trae consigo cambios en materia energética: el fin del carbón en España. Tanto es así, que a partir del 1 de enero las 26 explotaciones situadas en Asturias, Aragón y Castilla y León tendrán que decidir entre su cierre o la devolución de los 500 millones de euros de ayudas públicas. De esta forma, España cumplirá con su compromiso de 2010 con Europa para poner fin a un modelo que estaba en el punto de mira por acaparar el 15% de los gases de efecto invernadero producidos por la economía española.

Tanto es así, que las normas de la Unión Europea llevan una década trabajando por el cierre de las centrales de carbón mediante medidas fiscales que obligan a pagar más de 20 euros por cada tonelada de CO2. Así, la presión ecologista —inscrita en los anhelos de una transición energética que frene los efectos del cambio climático— y las legislaciones fiscales impulsadas desde Europa han provocado que el carbón haya pasado a ser una opción poco atractiva para las empresas del sector.

De hecho, los datos manejados por El País, revelan que de los 51.420 trabajadores del sector que había en 1985 sólo quedaban 2.046 en noviembre de 2018. Asimismo, la mayor parte del carbón que se utiliza en España para producir electricidad proviene de otros países como Colombia o Rusia.

Esta inminente 'descarbonización' del país ha provocado que los presidentes de Asturias, Aragón y Castilla y León reclamen alternativas al cierre de las cuencas mineras y centrales térmicas, debido al impacto económico que supondrá en estas comunidades. Por ello, la ministra de transición Ecológica, Teresa Ribera, tras una reunión con los dirigentes autonómicos, ha exigido a las compañías eléctricas del país que impulsen planes que garanticen una estabilidad social y económica a las zonas afectadas.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, señaló que la Administración General del Estado no está cerrando centrales de carbón, sino que es por aplicación de la normativa comunitaria el que las plantas que no hagan inversiones para reducir sus emisiones contaminantes tengan que cerrar en junio de 2020.

Preguntado si van a presionar a compañías que han solicitado el cierre de centrales de carbón, como Iberdrola o Endesa, Domínguez Abascal ha dicho que "presionar" es una palabra que "no nos gusta", pero sí es cierto que las compañías propietarias de estas plantas tienen vocación de operar en el sistema energético español y tienen que "transformarse para adaptarse a la situación".