Una multa a una mujer sin papeles que denunció el robo de su pasaporte revive el debate de la indefensión de los migrantes

A. R. acudió el pasado 26 de julio a un juzgado de guardia para denunciar el robo de su pasaporte de la habitación que tenía alquilada en València. Recurrió a la instancia judicial por miedo, ya que ir a una comisaría de Policía podía acarrearle una sanción o, peor aún, un expediente de expulsión. La mujer está en situación irregular y era consciente del riesgo que corría simplemente por ejercer su derecho a denunciar como víctima de un delito. 

Según denunció el pasado martes la organización València Acull (València Acoge), en el juzgado se negaron a admitir la denuncia y le indicaron de debía interponerla en la comisaría de la Policía Nacional de Russafa. "Hasta la policía que le atendió se sorprendió de que estando en situación irregular se presentara en una comisaría", asegura la organización.

La mujer salió de allí con la denuncia registrada, pero también con una citación para comparecer el 28 de septiembre ante la Brigada de Extranjería "al objeto de notificarle la incoación del correspondiente expediente sancionador".

Multa de entre 501 y 10.000 euros

Las multas por estancia irregular pueden oscilar entre los 501 y los 10.000 euros. En caso de que no se presente ante la Policía, la citación le advierte de que puede iniciar un "expediente de expulsión por el procedimiento preferente". De hecho, la multa y la expulsión no son excluyentes, por lo que su futuro inmediato es incierto, y todo por denunciar un robo sin tener en reglar el permiso de residencia.

La situación de esta mujer ha vuelto a despertar el debate sobre la indefensión de las personas extranjeras víctimas de un delito. Casos como el de A. R. son recurrentes, aunque muchos de ellos apenas trascienden, a veces por miedo de las propias víctimas y otras por falta de acompañamiento y recursos que les orienten. La mujer ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para que se pronuncie ante diferentes instancias. 

València Acull lleva denunciando este tipo de actuaciones policiales en el País Valencià desde 2019, cuando una mujer hondureña en situación irregular fue a denunciar la agresión de un hombre a la comisaría de Xirivella (València). Salió sin haber puesto la denuncia y con una propuesta de expulsión.

Rechazo del Defensor del Pueblo

La Delegación del Gobierno acabó archivando el expediente tras una fuerte reacción ciudadana y las críticas del Defensor del Pueblo. Este organismo lleva pidiendo sin éxito al Ministerio del Interior cambios en las directrices a la Policía para evitar situaciones de indefensión.

El Defensor del Pueblo critica el "efecto disuasorio" de esta medida 

"Esta actuación tiene claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, y constituye una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica", argumentaba el Defensor del Pueblo. Advertía de que estas decisiones policiales "constituyen una clara vulneración del Estatuto de la víctima del delito", que tiene rango de ley.

Desde entonces, tal y como ha contado Público, las comisarías valencianas han interpuesto multas y expedientes de expulsión a personas extranjeras sin permiso de residencia que acuden a la Policía para realizar trámites cotidianos y necesarios. Desde personas que denuncian robos o delitos hasta madres que acudían a expedir los DNI de sus hijos, con nacionalidad española otorgada por orden judicial.

El Ministerio del Interior rechazó en 2021 aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre este asunto amparándose en el principio de legalidad y en la aplicación de la Ley de Extranjería. Según el departamento de Fernando Grande-Marlaska, la aplicación estricta de la ley "no lleva aparejada necesariamente la expulsión del territorio nacional ni la adopción de sanción".

El Defensor del Pueblo dio por cerradas sus actuaciones sobre este tema que lleva reclamando a distintos gobiernos desde 2004. Aunque sus argumentos son compartidos por el Relator de Naciones Unidas para los derechos de las personas migrantes o por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre).

Sumar pregunta al Gobierno

Este jueves, Enrique Santiago y Nahuel González, diputados de Izquierda Unida integrados en Sumar, han registrado preguntas parlamentarias para que el Gobierno dé explicaciones por escrito sobre  ello.

Dependiendo de los casos, las subdelegaciones del Gobierno acaban archivando las propuestas de sanción o de expulsión que incoan las comisarías, aunque no siempre ocurre. En el caso de esta mujer, la Delegación del Gobierno en València no tiene constancia por el momento de la situación actual.

Para evitar estas "situaciones injustas", desde València Acull recomiendan cursar la denuncia en los juzgados en lugar de en comisarías, y critican que los juzgados valencianos no hayan registrado esta denuncia cuando sí lo han hecho en ocasiones anteriores, siempre cuando la víctima va acompañada de un abogado. En esta ocasión, la mujer acudió sola.