Se podría llamar la tormenta perfecta. Y como tal, promete levantar oleadas de gran magnitud si nadie actúa antes. Dos bloques de pisos situados entre las calles Sant Sebastià i Argila de la Pobla de Vallbona construidos por una promotora que quebró cuando apenas había vendido unos pocos pisos. El edificio fue embargado y quedó en manos del BBVA, quien lo acabó traspasando a Divarian, la empresa creada en 2018 para gestionar las propiedades inmobiliarias del banco. Aun así, según cuentan personas afectadas, una gente que identifican como "próxima a la inmobiliaria" alquilaron algunos de los apartamentos en negro, sin contrato de alquiler ni recibos y sin que haya ningún registro de este acuerdo. Otros de los pisos fueron ocupados más tarde.

Hoy en estos bloques viven 94 personas de 38 familias, incluyendo una mujer embarazada, tres con discapacidad y 25 menores. El juez de Llíria ha decretado orden de desahucio para el 9 de diciembre sin esperar a las actuaciones de servicios sociales para conseguir una alternativa habitacional para los afectados. El magistrado no ha aceptado como válidos los acuerdos verbales de alquiler.

Desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) consideran "inadmisible" esta solución y han asesorado a los vecinos mientras han presentado un escrito a los juzgados para que se suspenda el desalojo hasta que se encuentre una solución. Ayer mismo el juzgado se negó a esta opción, haciendo cada vez más inevitable este desahucio masivo. "Esta gente necesita un sitio donde ir, no pueden quedar simplemente en la calle y no permitiremos que se queden sin respuesta", ha declarado José Luis González, portavoz de la PAH en València.

Desde el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona también coinciden en la falta de tiempo para encontrar soluciones: “Nos hemos reunido con las familias afectadas y estamos hablando con servicios sociales y con la conselleria d’Habitatge en busca de una salida habitacional, pero la orden judicial nos ha dejado solo quince días y es un plazo muy corto para tanta gente".

Tensión en aumento

La inflexibilidad de la justicia, junto al gran número de personas afectadas, ha encendido los ánimos. Desde la PAH se advierte que "no van a permitir" el desahucio y avisan de que las acciones serán "en consecuencia" a la gravedad de la situación. De momento, para hoy han convocado una manifestación en València que empezará en la sede del PSOE y se dirigirá hasta las oficinas del BBVA en la capital del Túria. Des de la PAH se responsabiliza al banco de la falta de solución y se critica que "quiera desentenderse de la situación y se pase la pelota con Divarian mientras las familias se quedan sin respuesta".

Fuentes del BBVA han confirmado a Público que el inmueble ya no es del banco desde el 2018 y que, por tanto, no tienen ninguna relación con el caso. Precisamente en este año se creó Divarian , en una alianza entre el BBVA y el fondo de inversiones internacional Cerberus, con el fin de gestionar el patrimonio inmobiliario del banco, la única gran entidad financiera que no pasó sus activos del ladrillo a la Sareb. Divarian –propiedad del BBVA en un 20% y de Cerberus en un 80%- ha asegurado a Público que "actúa en todo momento de acuerdo con la legalidad vigente, cumpliendo escrupulosamente la normativa estatal y autonómica" y que por lo tanto están "analizando informes de vulnerabilidad que se han recibido, como se hace siempre en cualquier procedimiento de estas características". También han remarcado su "plena colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son quienes dan las alternativas habitacionales".

Paralización de desahucios

Desde la PAH se hace hincapié que se pueda dejar a familias a la calle “en plena pandemia de la Covid" y por esto urgen al Gobierno a aprobar un decreto que suspenda todos los desahucios "sin esperar a los presupuestos".