Barcelona acoge este sábado una manifestación que reclama la bajada de los precios del alquiler y que podría ser histórica. Y es que Catalunya ha sido pionera en la lucha por una vivienda digna, de la mano de organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicat de Llogateres. También ha liderado la creación de legislaciones, como la reciente limitación al precio del alquiler, que ha permitido reducirlo un 5% en un trimestre.

Sin embargo, esta medida ha contado con la oposición de parte del sector inmobiliario y del Tribunal Constitucional (TC). Se han aprobado seis leyes y una decena de decretos en los últimos 15 años, desde la Ley 18/2007.

El Constitucional ha ido anulando parte de la normativa catalana, especialmente tras recursos de Vox y, sobre todo, del PP. Aun así, el calvario legal y normativo ha permitido finalmente que se aplique un límite de precios en Catalunya, basado en la normativa estatal, la Ley 12/2023. El Parlament ya había aprobado una ley en 2020 con el mismo objetivo, pero los tribunales la suspendieron. Antes, en 2017, se impulsó el índice de precios de referencia para empezar a influir en el mercado.

La Generalitat también intentó resolver en abril de este año —sin éxito— el vacío legal que dejaba el alquiler de temporada, que ahora regulará el Estado mediante un decreto. Además, a finales de 2023, intentó regular las viviendas turísticas con un decreto que quedó sustancialmente modificado en el Parlament respecto al que había preparado el entonces ejecutivo de ERC.

Delia Cerare, portavoz de la PAH en Barcelona, sostiene que las leyes en Catalunya han avanzado, pero no lo suficiente. "Siempre hemos puesto sobre la mesa alternativas para solucionar el tema de la vivienda en Catalunya y a nivel estatal", reivindica en declaraciones a Públic. A continuación, repasamos las principales normativas que conforman la legislación en materia de vivienda y el recorrido que ha tenido el movimiento.

Una ILP que se convierte en ley

La Ley 24/2015 de Catalunya prohibió cortar suministros en caso de impago y obligó a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social al inquilino si se encontraba en situación de vulnerabilidad. Pero fue anulada por el TC. La portavoz de la PAH en Barcelona reivindica que esa ley "ayudó mucho". "Fue un escudo contra los desahucios. Pudimos frenar miles de desahucios y firmar alquileres sociales de grandes propietarios para familias vulnerables", recuerda. Cerare lamenta haber perdido una normativa "que estaba del lado de la ciudadanía".

A finales de 2019, el Govern aprobó el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y el PP volvió a recurrir el texto ante el TC. El alto tribunal resolvió que había varios aspectos inconstitucionales, aunque mantuvo su validez para casos en los que uno de los afectados estuviera en riesgo de exclusión residencial, siempre que el propietario fuera un gran tenedor.

Revés del TC en la primera ley que limitaba los alquileres

Destaca también la Ley 11/2020, aprobada por el Parlament, que establecía la contención de rentas en zonas de alta demanda residencial, de acuerdo con el índice de precios de referencia. En resumen, limitaba los precios de los alquileres. Salió adelante a pesar de un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que advertía sobre puntos contrarios al Estatut y la Constitución. En marzo de 2022, el TC confirmó su inconstitucionalidad: declaró nulos artículos relacionados con los contratos en un mercado tensionado donde los precios no podían superar los de referencia, entre otros.

El último pronunciamiento del TC fue hace pocas semanas sobre la Ley 1/2022, que anuló la obligación de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social a inquilinos en situación de vulnerabilidad. La PAH ha pedido al gobierno español regular el alquiler social o ceder las competencias a las comunidades tras la sentencia que anula parte de la ley catalana de vivienda. "No era suficiente, pero ayudaba a solucionar parte del problema", insiste Cerare a Públic. También reclama al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "deje de hacer grandes anuncios" y "se ponga las pilas".

En los últimos meses, la intención de consolidar los topes al alquiler ante el aumento de precios llegó con la aprobación de la Ley 12/2023 por parte del Congreso, que faculta a las comunidades a declarar áreas de mercado tensionado donde aplicarla. Catalunya es la única que lo ha solicitado, afectando a 271 municipios que concentran a la gran mayoría de la población.

En el segundo trimestre, el primero completo aplicando la contención de rentas, los precios de los alquileres se redujeron un 5%, aunque la oferta cayó un 17%, según datos del Incasòl.

El movimiento social: esencial pero desamparado

La portavoz destaca que en 2023, antes de que saliera la ley estatal, también se presentó una iniciativa popular para destinar a vivienda social las propiedades de los grandes tenedores. "Tampoco fue posible porque la derecha se opuso", recuerda. "No hay voluntad ni por parte del Govern catalán ni del Gobierno de España de contemplar ninguna ley que esté del lado del pueblo, de la ciudadanía. Hoy en día estamos desamparados", lamenta la portavoz de la PAH en Barcelona. Señala que queda "muy poca parte" de la legislación que han estado impulsando. Además, las "mesas de emergencia están súper colapsadas, no hay pensiones para desahucios o están muy ajustadas".

En este sentido, destaca que solo en Barcelona hay 700 familias en lista de espera en las mesas de emergencia, y que la medida del 30% para vivienda social "no se está cumpliendo". "El problema de la vivienda es actual, las soluciones se deberían dar hoy", reivindica, pidiendo ceder pisos vacíos de bancos o fondos de inversión, más allá de anuncios como el del president Salvador Illa de construir 50.000 viviendas públicas para el año 2030. "Ya habrá 1.000 familias más en la calle", lamenta.

"Si no hay mesa de emergencia, pensiones, hostales… se necesita inmediatamente una solución a estos problemas. Aún quedan seis años de este vacío, de este total desamparo. Hoy en día no hay una ley que proteja a las familias", insiste la portavoz. A su vez, recuerda que a finales de este año termina la moratoria antidesahucios que se implementó por la pandemia de la Covid-19 y que se ha ido renovando cada seis meses. "¿Qué pasará si no se renueva? Se pedirá la ejecución de todos los desahucios suspendidos o aplazados, y habrá una avalancha de desahucios", añade Cerare.

A nivel legislativo, la principal exigencia del movimiento por la vivienda ahora mismo pasa por regular los alquileres de temporada, con el objetivo de que tengan la misma normativa y, por tanto, los mismos límites de precios que se aplican a la residencia habitual. Después de que el Parlament rechazara el decreto aprobado por el Govern del presidente Pere Aragonès cuando ya estaba en funciones, ahora es el ejecutivo estatal quien se ha comprometido a abordar la normativa.

Lo que es evidente es que este período legislativo y de movilización social ha permitido poner sobre la mesa el tema de la vivienda "como un problema prioritario a nivel estatal", según Cerare. "Ha sido gracias a que se ha escuchado la voz de diferentes movimientos sociales", remarca la portavoz de la PAH.