Mordaza Expertos y juristas alertan a los diputados: "Derogar la 'ley mordaza' no es suficiente"

El debate sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', llega al Congreso este jueves. Lo hace con las propuestas de EH Bildu, que propone un texto alternativo que previsiblemente será rechazado por el Congreso; de PSOE, que plantea una reforma a partir de la conocida como 'ley Corcuera o ley de la patada en la puerta'; y la propuesta del PNV, que pide una serie de modificaciones "para frenar los excesos" de la actual legislación. Serán las propuestas de PSOE y PNV, según las fuentes contactadas por este diario, las que pasen el primer trámite parlamentario y vayan directamente a la Comisión de Interior del Congreso. 

La oportunidad, por tanto, de derogar la 'ley mordaza' o de reformar la legislación hasta borrar la huella del exministro Fernández Díaz está encima de la mesa. El Partido Popular, lejos de la mayoría absoluta de la pasada legislatura, vería caer en el Congreso la Ley Orgánica que diseñó para frenar la escalada de protestas y movilizaciones que provocaron los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Hay que dar un cepillado completo a la ley. Mi apuesta sería derogarla y comenzar de cero. Hay más de 50 artículos a modificar o a suprimir", señala el catedrático José Manuel Paredes

Sin embargo, los expertos consultados por Público restan euforia al acontecimiento y alertan a los grupos parlamentarios: "No es suficiente con derogar la 'ley mordaza' ni con maquillar la actual ley'". Y mucho menos para regresar a 'la ley de la patada en la puerta' que promulgó el PSOE en 1992. Es el momento, por contra, de afrontar la Seguridad Ciudadana desde un enfoque garantista de los derechos de los ciudadanos. "Hay que dar un cepillado completo a la ley. Mi apuesta sería derogarla y comenzar de cero. Si te pones a mirar te salen más de 50 artículos a modificar o a suprimir. La actual legislación no se arregla con cuatro enmiendas", señala a Público Jose Manuel Paredes, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Oviedo. 

El jurista Daniel Amelang, de la Red Jurídica, advierte de que la simple derogación de la reforma del Partido Popular supondría el regreso a la ley de 1992, la misma que permitió miles de multas contra los activistas del 15-M: "Si volvemos a la legislación anterior se podrán seguir sancionando conductas como convocar u organizar una concentración o manifestación sin comunicarlo a Delegación de Gobierno, negarse a disolver una concentración cuando lo ordene una autoridad (incluso si se considera que dicha orden es ilegítima), así como cualquier forma de desobediencia, negarse a exhibir la identificación ante un agente, impedir la circulación por las vías públicas, y un largo etcétera. Y, lo que es más grave, los agentes de la autoridad seguirían gozando de una suerte de presunción de veracidad, por tanto de un mayor valor probatorio que la versión de los ciudadanos", señala Amelang.

"Si volvemos a la legislación anterior se podrán seguir sancionando conductas como convocar u organizar una concentración sin comunicarlo a Delegación de Gobierno", dice  el jurista Amelang

El abogado, que también participa en la Comisión Legal Sol, recuerda que la Ley de 1992 sirvió para que la Delegación del Gobierno de Madrid, con Cristina Cifuentes al frente, iniciara en solo un año y medio más de 1.000 procesos administrativos sancionadores contra ciudadanos que habían participado en las protestas ligadas al 15-M por un importe total de 320.350 euros. La vuelta a los postulados de la Ley de 1992, tal y como señala el jurista, continuaría restringiendo de manera importante derechos fundamentales de los ciudadanos.

En este sentido, los expertos no obvian que la derogación de la misma supondría un paso importante tanto para los movimientos sociales, como para los migrantes que se ven afectados por las devoluciones en calientes (Disposición Final Primera); las prostitutas que son perseguidas con multas por la actual legislación (artículo 36.11); o los drogodependientes que se transportan en cundas (artículo 36.17). Pero afirman que es el momento de "dar un paso más" y aprovechar la mayoría progresista en la Cámara para obtener una legislación mucho más garantista con los derechos fundamentales de los ciudadanos, que acabe con la amplia discrecionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con los cajones de sastre que usa Administración en la legislación como "orden público" o "paz pública".

Propuestas para una ley más "garantista"

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Oviedo Jose Manuel Paredes considera que la ley que salga del Congreso debe incorporar los siguientes puntos: "Debe acabar con la inseguridad jurídica que permiten expresiones como 'perturbar la seguridad ciudadana' o la 'paz pública', que deja en manos de la Policía la interpretación de quien y cuando se perturba la paz; debe rebajar de manera importante las cuantías máximas que van asociadas a cada sanción; acabar con las devoluciones en caliente; y, entre otros puntos, restringir la discrecionalidad que tiene ahora la Policía para decidir cuando cachear a un ciudadano o impedir el paso a un determinado lugar". El catedrático destaca como una medida a "tener en cuenta" la creación de "órganos admnistrativos independendientes" encargados de recibir las propuestas de sanción de los policías y recoger también la versión de los ciudadanos para evitar la discrecionalidad de los procesos administrativos. 

"Estamos ante una oportunidad de poder sacar adelante una ley más garantista en materia de Derechos Humanos", señalan desde Amnistía Internacional

En esta misma línea se manifiesta Veronica Barroso, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, en conversación telefónica con Público: "Estamos ante una oportunidad, gracias a las mayorías que hay en el Congreso, de poder sacar adelante una ley más garantista en materia de Derechos Humanos y que sea acorde a los estándares internacionales y a las recomendaciones que nos llegan desde la ONU y desde Europa", señala Barroso. 

Concretamente, desde Amnistía Internacional han hecho llegar a los grupos parlamentarios una serie de propuestas encaminadas a proyectar una ley que "garantice que todos los ciudadanos accedan a los recursos adecuados, efectivos y rápidos" cuando "consideren vulnerados sus derechos de reunión, expresión e información"; que asegure que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben la formación adecuada en materia de derechos humanos"; y, por último, que "incorpore mecanismos independientes y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias". 

Porque el problema, señalan desde la Plataforma en Defensa de Libertad de Información (PDLI), no es tanto de articulado, que también, sino del espíritu que inspira las leyes que hasta ahora han regulado el ambiguo concepto de "orden público". "Tanto la 'ley mordaza' como la 'ley corcuera' comparten el espíritu de restringir derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tales como la libertad de reunión y expresión. Solo que la 'mordaza' exagera aun más ese espíritu represor", señala Yolanda Quintana, portavoz de la PDLI en declaraciones a Público. "El objetivo de este tipo de leyes debe ser la salvaguarda de nuestros derechos y no acotarlos, como hasta ahora, con la Administración como juez y parte. La Protección de la Seguridad Ciudadana no puede ser una excusa para continuar con leyes de Orden Público. Eso no es compatible con la democracia", sentencia Quintana.