Las ministra de Igualdad, Irene Montero, la de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han pedido este domingo que el derecho de las mujeres al aborto se ejerza de forma "segura, pública y gratuita" en todas las comunidades autónomas.

Así han reaccionado las ministras de Unidas Podemos a través de sus perfiles en la red social Twitter después de la emisión del programa 'Salvados' en el que han tratado el aborto a través del relato de más de treinta mujeres.

Montero ha sido la primera en publicar en la citada red social con una mensaje en el que ha asegurado que "en España el aborto debe ser público, seguro y gratuito en todas las Comunidades Autónomas". "Es lo que vamos a garantizar", ha señalado.

Belarra, por su parte, considera que queda "mucho camino por recorrer". "La imposibilidad de las mujeres en España de ejercer el derecho al aborto de forma es un déficit democrático y una gran brecha de clase social", ha advertido. Yolanda Díaz ha calificado los relatos de estas mujeres de "sobrecogedores".

"Un necesario Salvados que visibiliza una realidad que debemos atender: el aborto como un derecho de todas las mujeres que debe ser seguro, público y gratuito", ha apostillado en la misma línea.

El PSOE propone castigar con cárcel

El Grupo Socialista en el Congreso propuso hace dos semanas una modificación del Código Penal para castigar con cárcel a quienes acosan en las puertas de las clínicas abortistas a mujeres que acuden a interrumpir su embarazo.

Los socialistas han registrado una proposición de ley orgánica para añadir un nuevo precepto en el Código Penal para castigar a los acosadores y hostigadores con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

Además, el tribunal podrá imponer al autor la prohibición de acudir a determinados lugares por un tiempo de seis meses a tres años. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), son más de 100 los casos de acoso que cada año sufren las más de 800 mujeres que acuden a estos centros abortivos. Una cifra que ha tenido en cuenta la proposición socialista, presentada tras recoger las reivindicaciones de la ACAI.