El 1 de mayo de 1931 la Casa de Campo abría por primera vez sus puertas al pueblo tras cuatro siglos de cercado y destinado al disfrute de la corona. Allí, entre la sombra de encinas y retamas, cazaron reyes y miembros de la corte desde 1556. Desde que la II República abrió las puertas de este coto, a la Corona española solo le ha quedado una zona de monte que, en hectáreas, supera con creces al hoy convertido en parque: El Pardo. 

Conformado por más de 16.000 hectáreas de bosques y una gran diversidad de especies, el monte de El Pardo es actualmente un terreno privado y vetado para el pueblo –salvo 900 hectáreas– que gestiona Patrimonio Nacional. Tal y como informaba el medio local Somos Madrid, el cercamiento de este paraje natural no es baladí, pues a nivel geográfico supone la cuarta parte del territorio capitalino. Históricamente, su posible apertura ha sido una de las grandes demandas de los movimientos ecologistas locales, que consideran que este espacio verde debería incluirse dentro de los inventarios regionales sobre entornos naturales protegidos.

A comienzos de los años noventa del siglo XX, la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) presentó una propuesta para dar otro sentido a este espacio, siempre bajo un régimen de protección natural. Luciano Labajos, un histórico miembro de Ecologistas en Acción, recuerda a Público que esta lucha se empezó a plantear a finales de la década de los setenta, con escasos avances. "Por entonces se impulsó una campaña para convertirlo en Parque Nacional, que es algo que empieza a volver ahora", expone.

"Es una zona con valor patrimonial y natural muy alto. Al haber estado cerrado tanto tiempo, porque sólo entraba la corte y la familia real, se ha podido conservar en el tiempo muy bien", agrega, para plantear la necesidad de debatir sobre cómo abrir este espacio y conseguir que no se convierta en un centro turístico que lleve a su degradación.

Más Madrid ha recogido parte del discurso del ecologismo de la meseta y ha planteado una reconversión de espacio. La idea, según anuncian desde la formación liderada por Rita Maestre, es convertir el monte que hoy está cerrado en un Parque Natural, lo cual requerirá del apoyo del Gobierno y de una votación en favorable en el Congreso.

"Queremos que se dote de la máxima protección al Monte del Pardo, que sea declarado parque nacional. A estas alturas del siglo XXI no tiene ningún sentido que El Pardo sea un coto privado de caza, una finca de recreo para uso de la Monarquía. Es indecente que el 95% de las 16.000 hectáreas que tiene este bosque mediterráneo sean de uso exclusivo de la Casa Real. No puede ser que 15.100 hectáreas estén cercadas y su acceso esté absolutamente restringido a la ciudadanía", valora a Público Eduardo Rubiño, concejal de Más Madrid. "El Monte del Pardo debería funcionar como un laboratorio natural de primer orden para investigadores, también para que los escolares aprendieran sobre el terreno el valor de este espacio natural. Incluso, podría formar parte de algunos de los proyectos de conservación más importantes de nuestro país, como es el plan de recuperación del lince ibérico".

Para los ecologistas, esta idea se acerca a sus reclamos históricos, pero plantean matices. Labajos entiende que el uso privado del paraje por parte de la Casa Real es "anacrónico" y remarca la necesidad de encontrar un equilibrio que el cambio de régimen no lleve a la perversión y mercantilización del bosque. "Ya hemos denunciado en muchas ocasiones el mal estado de conservación en el que se encuentran las 900 hectáreas que hay a día de hoy abiertas. Esto hay que vigilarlo, no creo que sea buena idea abrirlo del todo. Nosotros planteamos ir más allá y hacer que El Pardo se convierta en una Reserva Natural Integral", cuenta.

Se trata de una figura de protección recogida por la legislación española que va más allá de la del Parque Nacional. El ejemplo de lo que plantean los conservacionistas está en la Reserva Natural de Muniellos, en Asturias. Allí el paisaje boscoso de casi 6.000 hectáreas se encuentra delimitado y cerrado al público. No obstante, se permite la entrada, con la autorización previa de la Consejería, de 20 visitantes al día, lo cual garantiza que el espacio no se degrade.

Para que El Pardo cambie su status, el Gobierno debe redactar un Plan de Ordenación de Recursos Naturales e iniciar la candidatura de este espacio para que se incluya dentro de los diferentes inventarios, nacionales y regionales. El asunto todavía no ha sido valorado por el Ejecutivo de coalición, aunque Más País ya ha presentado la iniciativa en el Congreso.