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El modelo de deportación de Meloni que seduce a la UE: "Esto lleva casi a la desintegración social"

Las fórmulas que propone Bruselas giran en torno al modelo de los campos de deportación, pero fuera de las fronteras comunitarias. "Esto perpetúa la creencia de que las personas migrantes son un peligro", insisten los expertos.

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Un grupo de activistas protesta contra las deportaciones de migrantes de Italia a Albania. — Adnan Beci / AFP

MADRID,

"Lo digo claramente: nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque [...] no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos". Pedro Sánchez ha rechazado de manera tajante los centros de acogida para personas migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea. La propuesta, que llega de la mano de la extrema derecha italiana, ha calado en otros Estados miembros, como Países Bajos. El Gobierno de Canarias también se ha mostrado abierto a "explorar" esta alternativa como "solución" al drama migratorio

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tampoco descarta ninguna posibilidad. La líder comunitaria ha enviado una carta en la que recoge el guante de Italia y pide reflexionar sobre "fórmulas innovadoras" para controlar la "migración irregular". Giorgia Meloni deportó la semana pasada a un grupo de 12 migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo, como parte de un plan que pretende gestionar las solicitudes de asilo desde fuera de la UE. Los mandó a un centro de retención en Albania, pero la Justicia italiana ordenó su regreso y confirmó que dos de ellos eran menores de edad. La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, ha calificado la actuación de "despropósito" y ha denunciado la "vulneración de los derechos de la infancia". 

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Andreu Domingo (UAB): "Es evidente que hay un componente racista en la selección étnica de los migrantes"

La propuesta estrella de Meloni para marcar la agenda política y social de Bruselas ha empezado fallando. El Ejecutivo italiano ha aprobado este lunes un decreto para blindar sus centros de migrantes en el extranjero y confeccionar una "lista de países seguros" de los que una persona migrante no tendría por qué escapar. "Es evidente que hay un componente claramente racista en la selección étnica de los migrantes, en el planteamiento de cuáles sí y cuáles no pueden protegerse", advierte Andreu Domingo, subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB, en una conversación con Público.

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Carlos de las Heras, responsable de Europa y Oriente Próximo en Amnistía Internacional España, suscribe esta tesis. "La Justicia italiana argumentaba en su sentencia que no se podía definir la seguridad de un país en función del estatus de la mayoría de sus territorios, es decir, con que haya riesgo en una sola parte, ese país tiene que desaparecer de la lista", precisa. Italia considera que hay 19 países seguros, entre ellos Bangladesh o Egipto, de donde procedían los migrantes enviados a Albania. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cambio, rebaja la cifra hasta los siete. "Hecha la ley, hecha la trampa", lamentan desde Amnistía Internacional, en declaraciones a este medio.

Un atentado contra los derechos humanos

La Comisión Europea sigue surfeando la ola ultra y tantea la apertura de centros de deportación fuera de la UE. Esta propuesta podría encajar en la reforma de la regulación sobre deportaciones que prepara el Ejecutivo comunitario. Meloni no es la única que ve la política antimigratoria con buenos ojos. El Gobierno de Países Bajos, que también incluye a la extrema derecha, contempla ahora la posibilidad de deportar a Uganda a los solicitantes de asilo procedentes de países africanos. ¿Qué dice el derecho internacional?

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Mónica López (CEAR): "No queda claro qué va a pasar con los derechos de las personas retenidas"

Mónica López Martín, directora general de CEAR, reconoce tener "dudas" con la propuesta. "No nos queda claro qué va a pasar con los derechos de cualquier persona retenida, tampoco sabemos si se van a superar los plazos de retención que contempla el reglamento. El pacto de migración y asilo, que todavía no ha entrado en vigor, pero ha sido firmado, propone la creación de un organismo independiente para vigilar el cumplimiento de todas las garantías en los procedimientos en frontera, tanto de asilo como de retorno. Hablamos de cuestiones como la asistencia jurídica o el derecho a un intérprete. ¿Los países externos, como Albania, van a tenerlo en cuenta? Es nuestra gran duda", advierte. 

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Las fórmulas que propone Bruselas giran en torno al modelo de los campos de deportación, pero fuera de las fronteras comunitarias y gestionados con personal de la UE. "Esto va a poner en un limbo jurídico a las personas migrantes y solicitantes de asilo, incrementando su vulnerabilidad y la fragilidad de la protección en las fronteras", señala Lorena Calvo Mariscal, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Cádiz. Las autoridades comunitarias han reconocido que, para llevar a cabo el plan de Meloni, hace falta una reforma de la normativa europea sobre deportaciones. 

"Esta fórmula busca eludir la responsabilidad de examinar las solicitudes de protección internacional que llegan a territorio europeo. Se externalizan las funciones y, por tanto, la responsabilidad en materia de derechos humanos y derecho migratorio. Ni siquiera el pacto europeo de migración y asilo permite a los Estados miembros eximirse por completo de esta obligación", explica Joana Abrisketa, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Deusto. El Partido Popular Europeo (PPE) incluía la creación de campos de deportación fuera de la UE en su programa electoral para las elecciones europeas del pasado 9 de junio.

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Carlos de las Heras (AI): "¿Por qué tenemos que alargar innecesariamente su recorrido?"

Meloni asegura que "muchos países observan" las políticas migratorias de su Gobierno, motivo por el que ha decidido convocar una reunión con los países "afines" para intercambiar puntos de vista y debatir la propuesta. España, Francia o Alemania no han participado en el encuentro. El primer ministro belga, Alexander De Croo, también ha rechazado la propuesta. "Las directivas europeas están pensadas para su aplicación en los Estados miembros y establecen la obligatoriedad de hacer entrevistas para detectar la vulnerabilidad adicional de las personas migrantes y refugiadas. ¿Cómo y quién va a garantizar que esto se cumple?", insiste Mónica López Martín.

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"El desembarco oportuno también nos preocupa, es decir, el impacto que pueden tener estos viajes en las operaciones de búsqueda y rescate. Si tenemos en cuenta que muchas de las personas que se juegan la vida en el mar pasan por experiencias traumáticas, ¿por qué tenemos que alargar innecesariamente su recorrido?", desliza Carlos de las Heras. El grueso de los rescates en el Mediterráneo tiene lugar entre Libia, Túnez, Malta y el sur de Italia. Los puertos más cercanos y seguros son los de Sicilia y Lampedusa. El desembarco en Albania, por ejemplo, supondría una media de 48 horas más de navegación "con buena mar". 

Los campos de deportación tienen antecedentes 

La Comisión Europea reivindica la necesidad de que se acelere la aplicación de las directivas que componen el pacto migratorio, mientras que distintas organizaciones de derechos humanos denuncian los dispositivos que propone Meloni. Los centros de retención, no obstante, tienen antecedentes en la última década. "Esto no es novedoso, precisamente durante la llamada crisis de los refugiados, algunos Estados miembros reforzaron la cooperación con terceros países y dejaron en sus manos el control fronterizo. En 2018, se publicó una especie de directriz política para la creación de centros de desembarco fuera de la UE", recuerda Lorena Calvo Mariscal. 

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"Lo que consiguen es perpetuar la creencia de que las personas migrantes son un peligro"

Joana Abrisqueta también echa la vista atrás y rescata otro ejemplo. "La propuesta tiene otro precedente en la Declaración Unión Europea-Turquía, un acuerdo al que no quisieron llamarle acuerdo. Las autoridades turcas asumieron el compromiso de hacerse cargo de los migrantes sirios que llegaran a las islas griegas a cambio de 6.000 millones de euros, entregados por Bruselas. La estrategia, por cierto, no funcionó", precisa. Las fuentes consultadas por este diario también apelan al acuerdo de Reino Unido con Ruanda, que sentó las bases para una "dura" política de expulsiones al país africano. Los británicos se aseguraban con este pacto la deportación de personas migrantes en situación irregular, incluso antes de estudiar sus solicitudes de asilo. 

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La normalización del racismo

Las organizaciones humanitarias rechazan la propuesta "ciertamente negativa" de la extrema derecha europea y advierten de las posibles consecuencias de normalizar los discursos racistas. "No podemos olvidar que las personas migrantes llegan a los centros de acogida y son internadas –muchas veces– en contra de su voluntad. Esto va en contra de la integración; resaltar que vienen de fuera y apartarlas de su círculo social, criminalizándolas, consigue justo el efecto contrario", lamenta Hassiba Ziati, criminóloga y experta en mediación social. Andreu Domingo comparte este análisis y repara en las "consecuencias sociales" de este tipo de políticas: "Lo que consiguen es perpetuar la creencia de que las personas migrantes son un peligro y que la UE se encuentra asediada".

Los expertos denuncian además que Bruselas "va a salto de mata" y no tiene una idea clara sobre cómo responder a la situación migratoria. "La propuesta de los centros de retención es la última vuelta de tuerca de los discursos racistas y xenófobos de la derecha y la extrema derecha. Las consecuencias llevan en última instancia casi a la desintegración social", sostiene Mónica López Martín, directora de CEAR. Carlos de las Heras, responsable de Europa en Amnistía Internacional, termina con un mensaje a las autoridades comunitarias: "En lugar de fortalecer los sistemas de asilo, ponen muros y vallas incluso fuera de sus propias fronteras. El mensaje que queda es el de que las personas migrantes no son bienvenidas". 

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