El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena i Sender, ha explicado este lunes que el retraso en la tramitación de la autorización solicitada por la empresa Berkeley para la explotación de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca) se debe a la "insuficiencia y deficiencia" de la documentación remitida por la compañía.

Serena i Sender ha acudido este lunes a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para informar sobre las cinco cartas "impropias e improcedentes" recibidas en el CSN entre 2019 y 2021 por parte de la Junta de Castilla y León y el entorno de la multinacional australiana Berkeley instando a este organismo a autorizar una planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca).

Se refirió a la carta del director de Energía y Minas de Castilla y León (8 de julio de 2019), la del presidente ejecutivo de Berkeley Minera (16 de octubre de 2020), la del socio de Herbert Smith Freehills Spain–despacho de abogados contratado por Berkeley España– (10 de diciembre de 2020), otra del World Federation of Investors, WFI (31 de diciembre de 2020) y la de la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC (7 de enero de 2021).

Durante la comparecencia, Serena ha explicado que el regulador decidió poner en conocimiento de dicha Comisión y de la Abogacía del Estado esas cartas por considerar que contenían "insinuaciones impropias".

El presidente detalló que en esas misivas se insinuaba que el CSN pudiera llegar a tomar sus decisiones atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas, y no exclusivamente técnicas, y se anunciaba que, que de no pronunciarse el CSN con carácter inmediato y en cualquier caso previo a la aprobación de la ley del clima, desde Berkeley reclamarían responsabilidades.

Asimismo, –ha continuado el presidente– otras presiones incidieron en señalar, desde el entorno de la multinacional australiana, que la enmienda a la Ley de Cambio Climático para prohibir la minería de uranio en España era manifiestamente ilegal y que atentaba gravemente contra los intereses de la minería de uranio en general y de los proyectos de Berkeley en particular.

Serena ha asegurado que en ningún momento del proceso, una vez recibida la solicitud, ha habido tiempos muertos añadidos, más allá de las interrupciones de plazo que generó el propio titular "por el mero hecho de entregar documentación insuficiente o deficiente".

Para el presidente del máximo consejo regulador, los plazos son importantes pero no determinantes, ya que lo fundamental es que el CSN emita el dictamen sobre la mina "de forma rigurosa", una vez que se hayan comprobado todos los aspectos de seguridad nuclear y radiológica.

La misión del Consejo, ha argumentado, es la de garantizar la protección de los ciudadanos, los trabajadores y el medio ambiente frente a los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes y ha incidido en que corresponde exclusivamente al Ministerio para la Transición Ecológica la competencia de autorizar o no la construcción de una planta de procesados de uranio en Salamanca"

El PSOE denuncia el "modelo especulativo de negocio" 

Tras la intervención del presidente, el diputado del PP José Alberto Herrero ha recordado que la instalación del Retortillo supondrá más de 94 millones de euros de inversión, la creación de 60 puestos de trabajo iniciales y más de un millar de empleos directos e indirectos, y por ello ha reclamado al CSN colaborar con Berkeley y no demorar los trámites aduciendo "supuestas injerencias" en un proyecto que considera "fundamental" para la provincia de Salamanca y para España.

Desde el grupo socialista Germán Renau ha tildado de "fuera de lugar" las cinco cartas enviadas al CSN que, según ha recordado, "no tiene plazos establecidos por ley para emitir sus informes" y tras denunciar el "modelo especulativo de negocio" de Berkeley, ha dicho que considera "intolerable que se permita a una empresa privada ejercer presiones sobre un organismo regulador que se debe mover por criterios técnicos".

En las filas de Vox el diputado Pedro Requejo ha criticado los "inadmisibles" cuatro años empleados por el CSN en la emisión de los informes solicitados por Berkeley para la explotación de una mina que considera "estratégica" para España porque, ha dicho, producirá la mitad del uranio que consume el país, por lo que ha aconsejado a Serena que dedique su tiempo a "terminar los informes que le reclaman, en vez de gastarlo en venir aquí".

De "insinuaciones insidiosas y amenazas" ha calificado el diputado de Unidas Podemos Juantxo Lopez de Uralde las cinco cartas recibidas por el CSN y ha acusado a Berkeley de tratar de evitar que se aprobara la enmienda a la Ley de Cambio Climático que impide estas explotaciones que, ha dicho, "dejarán para siempre una herencia de contaminación radioactiva" en los lugares donde se instalen.

Por su parte, Inés Sabanés, en nombre del grupo plural, ha calificado de "improcedentes" las cartas que, ha espetado, "bajo ningún concepto deberían vulnerar la independencia" de un organismo regulador como el Consejo de Seguridad Nuclear.