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Miles de alegaciones ciudadanas en contra de un hotel en una playa virgen del Cabo de Gata

Casi 3.800 ciudadanos con sus nombres y apellidos han presentado instancias en el Ayuntamiento, a través de la plataforma Genoveses sin hotel, contra el proyecto, que se ubica en un paraje hoy protegido. 

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Imagen de la Bahia de Los Genoveses en el Parque Natural Cabo de Gata - WIKIPEDIA 

La reactivación por el Ayuntamiento de Nijar (Almería), una vez obtenidos los permisos del Gobierno andaluz, de un polémico proyecto de hotel en las cercanías, a 900 metros, de la espléndida playa virgen de Los Genoveses, en una zona protegida del Parque Natural del Cabo de Gata (Almería), ha generado tremenda preocupación en la comarca.

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Más allá de la oposición ecologista, que ve en el plan un Algarrobico en miniatura, nada menos que 3.764 ciudadanos con sus nombres y apellidos han presentado instancias en el Ayuntamiento, a través de la plataforma Genoveses sin hotel, en contra de la actuación.

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El plan de la empresa Torres y González Díaz SL es restaurar un antiguo cortijo y plantea utilizar las instalaciones para abrir un hotel de cuatro estrellas con 70 plazas de aparcamiento, piscina y unas 30 habitaciones en un espacio "calificado de especial protección que solo permite la actividad agrícola ganadera tradicional, la educación ambiental y la investigación científica", según expone la plataforma.

La idea de la compañía es recuperar su inversión, que supera los dos millones de euros, poco a poco, en 25 años, según consta en el proyecto de actuación, al que ha tenido acceso Público.

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En esta playa, que es uno de los emblemas de la comarca, hay limitaciones de acceso en los meses de verano. "Según los datos de la Junta, la capacidad de la playa de Genoveses es de 1.000 personas, y ante su masificación, ya hace tiempo, se decidió restringir el acceso en verano, limitando el aparcamiento a 216 vehículos. [El proyecto incrementaría] la presión en un 32%, suponiendo que solo se aparcasen los 70 vehículos", exponen los ecologistas.

"Los usuarios del hotel —agregan— tendrían un medio privilegiado para acceder a la playa, ya que ellos no pasarían por los controles, y no se les podría impedir ir a la playa que está a unos 900 metros del lugar en el que se quiere poner el hotel, con lo cual estamos superando la capacidad de la playa, a no ser que eliminemos parte de los aparcamientos actuales de la playa".

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El Ayuntamiento de Níjar, hoy gobernado por el PP, antes por el PSOE, llevó a pleno este verano pasado la actuación —el PSOE votó en contra, pero no se opuso a ella cuando gobernaba al proyecto— y abrió un periodo de alegaciones. Ahí es donde han llevado sus instancias los miles de ciudadanos. En el Pleno del pasado verano, la alcaldesa defendió la legalidad del proyecto.

Los ecologistas temen que la puesta en marcha de este hotel abra un melón ahora mismo cerrado. La pregunta que se hacen es: ¿Cómo impedir nuevos proyectos similares si ya se ha aprobado uno?

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En los tribunales

El asunto acabará previsiblemente en los tribunales de lo contencioso. Aunque tanto la Junta como el Ayuntamiento, como la empresa defienden la legalidad del proyecto, para las organizaciones ecologistas es inviable.

La puesta en marcha del hotel requiere de un cambio de usos del suelo, hoy protegido. El Plan de Ordenación del Cabo de Gata, explica a Público Manuel Pérez Sola, coportavoz de Equo en Andalucía, "establece que la zona donde quiere construirse el hotel es una que solo permite las actividades tradicionales agroganaderas".

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"Sin embargo —añade— la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio Andaluz aprobada por la Junta de Andalucía tras la pandemia, contempla la posibilidad de flexibilizar las medidas protectoras en espacios naturales si hay utilidad pública o interés social; que deben justificar en última instancia los ayuntamientos, [en este caso el de Níjar] para poder autorizar el cambio de uso de suelo".

Agrega Pérez Sola: "Los juristas consultados creen que no hay razones de peso para justificar que un hotel de cuatro estrellas que dará trabajo a ocho o diez personas algunos meses al año, tenga interés social y utilidad pública alguna y confían en que la Justicia lo paralice".

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