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Miembros del PP reconocen que sabían lo que votaban en la reforma legal relacionada con los presos de ETA

La diputada del PP, Ana Belén Vázquez Blanco, ha afirmado que el partido apoyó tanto el dictamen como la ley "debido a que era una trasposición de una directiva".

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), es aplaudido tras su intervención durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 9 de octubre de 2024, en Madrid (España). — Jesús Hellín / Europa press

madrid, Actualizado:

Los diputados del Partido Popular que intervinieron en la discusión del proyecto de ley que busca asegurar que las penas impuestas a reclusos en otros países de la Unión Europea sean consideradas, han reconocido que estaban al tanto de lo que votaban al apoyar el dictamen completo de la norma. Este dictamen incluía una enmienda de Sumar que derogaba una disposición adicional que el Gobierno de Mariano Rajoy había implementado para impedir que la convalidación de penas cumplidas en el extranjero redujera las condenas de ciertos miembros de ETA.

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La diputada del PP Ana Belén Vázquez Blanco ha sido una de las tres firmantes en el informe de la ponencia sobre el proyecto de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica 7/2014, del 12 de noviembre, sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

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Según información de El País, su argumento sostiene que los diputados que participaron en la ponencia de la ley eran plenamente conscientes de lo que estaban votando y del motivo de su decisión. Ha admitido que el PP respaldó tanto el dictamen como la ley "porque se trataba de una trasposición de una directiva".

Otros miembros del equipo jurídico del PP también han confirmado que leyeron el contenido de lo que se votó

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El diario español, señala que otros miembros del equipo jurídico del PP también han confirmado que leyeron el contenido de lo que se votó y que decidieron apoyar la ley en su totalidad debido a su alineación con la normativa comunitaria. También afirman que no consideran que la reforma en trámite, a través de la enmienda de Sumar, vaya a tener las consecuencias que se están señalando.

"La cuestión radica en el Código Penal, que establece un máximo de 30 años de condena en este país", se quejó la diputada Vázquez. Además, señaló: "¡Imagínate si hubiera votado en contra de la trasposición total!". "Hemos respaldado una disposición europea, y te diré algo: aunque no se hubiera votado, se está aplicando en la actualidad. Los abogados de los terroristas están presentando recursos y ganando".

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Sin embargo, esta semana el PP ha presentado una versión diferente de los acontecimientos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que fue víctima de un engaño por parte del Gobierno durante el proceso de tramitación parlamentaria, lo que resultó en un "error injustificable". Según su portavoz, Borja Sémper, el PP cayó en una "trampa". "Estamos muy preocupados por esta jugada, esta trampa que ha tendido el Gobierno para permitir, a través de esta enmienda, que presos etarras extremadamente peligrosos puedan salir de prisión sin cumplir las penas impuestas en España", añadió.

Ningún voto en contra de PP y Vox

Cuando la norma fue presentada ante la Comisión de Justicia en una sesión celebrada el 10 de septiembre, el Diario de Sesiones documenta que el PP votó a favor del dictamen. Este fue aprobado con 34 votos a favor, incluidos los del PP, y contó con tres abstenciones de Vox. En la actualidad, el proceso está detenido en el Senado, que ha pospuesto su votación.

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Hay que señalar que, a pesar de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) advierte que la reforma llevará a la excarcelación de etarras, esta no implica una reducción de penas. La medida establece que, si un recluso ha cumplido condena en otro país, no deberá permanecer en prisión más años de los que le restan por cumplir.

Una vez que la reforma legal entre en vigor, será responsabilidad de los reclusos afectados por la norma solicitar a la Audiencia Nacional que recalculen su fecha de salida de prisión. Esta decisión podrá ser recurrida por la Fiscalía y por las víctimas que se hayan personado en cada caso.

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