Menores migrantes El consejero de Melilla, sobre las niñas marroquíes devueltas desde Palencia: "Es la polémica más absurda de la legislatura"

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ha afirmando este miércoles que la polémica generada por la devolución a Melilla de 13 menores marroquíes que llevaban varios años acogidas e integradas en Palencia es "la más absurda que me he encontrado en tres años de legislatura".

Las adolescentes fueron retornadas a la ciudad autónoma el pasado viernes después de que el Gobierno de Melilla llevara varios meses sin abonar la cantidad económica que le correspondía según el convenio por el que estas menores fueron trasladadas desde la ciudad hasta Palencia. En algunos casos, las afectadas llevaban ya hasta tres años viviendo en una residencia, amparadas por la Fundación Diego Martínez. Sin embargo, ante el impago de Melilla, el proyecto de acogida palentino se vio obligado a dejar de pagar al personas que se encargaba de la educación de las niñas.

Aunque esta fundación estaba dispuesta a continuar con un proyecto de acogida a que estaba dando buenos resultados, pese al impago de Melilla, el Gobierno de la ciudad autónoma decidió unilateralmente trasladar a las menores a su antiguo centro de acogida.

Ventura ha asegurado que “se ha creado una alarma social que no existe llamando a la prensa nacional”, ha recogido este miércoles El Faro de Melilla. “Hemos dado explicaciones más que suficientes. Los convenios se inician y se paran”, ha manifestado el consejero de Bienestar Social, que aseguró previmente que el convenio "no era rentable" para la ciudad y lo cifró en 320.000 euros.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de urgencia sobre este caso tras aceptar la queja de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) de Melilla. Ventura ha pedido al Defensor del Pueblo que “medie bien por las dificultades de la ciudad” debido a “unas limitaciones de territorio” y ha remarcado que el problema de los menores extranjeros que llegan solos a Melilla y otros puntos de España “son conocidos por la Comisión Europea, el Estado y el Defensor del Pueblo” y que “deben actuar y dejar de hacer demagogia”.