Vox, segundo grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, va a proponer esta semana en la Cámara autonómica "acondicionar el antiguo centro penitenciario de Los Rosales", cerrado hace casi dos años, para dar alojamiento a los más de 300 menores migrantes tutelados por la Administración regional para "reducir su presencia incontrolada por las calles y barriadas y paliar la inseguridad de determinadas zonas de la ciudad, totalmente impropia de una nación desarrollada de la Unión Europea".

El Gobierno local que preside Juan Vivas (PP) apuesta, sin embargo, por retomar los contactos con el Estado para "trasladar" a esos jóvenes, en su inmensa mayoría adolescentes marroquíes, a centros de la península mientras no puedan ser repatriados, que es —al igual que la de la formación de extrema derecha— "la solución" a lo que consideran un "problema" además de responder al "bien del menor", a juicio del PP.

La formación ultraderechista dirigida por Santiago Abascal han explicado este lunes en un comunicado que su prioridad es "exigir a Marruecos el cumplimiento de los Tratados en relación a la devolución de sus nacionales menores o adultos que hayan inmigrado de forma ilegal hasta España" y presentan su iniciativa sobre la antigua prisión como "una solución temporal para erradicar los efectos negativos sobre la inseguridad derivados de la inmigración de los menores mientras desde Madrid no se consiga dicha repatriación".

El Gobierno de la Ciudad, por su parte, ha incluido en su lista de prioridades para septiembre "intensificar los esfuerzos para abordar con mejores resultados el fenómeno de los MENA (menores extranjeros no acompañados) que rechazan los medios públicos de acogida para vivir y pernoctar en la calle, en el puerto o en otros lugares inapropiados".

El Ejecutivo va a encargar a Tragsa la realización de obras urgentes en La Esperanza, las instalaciones que albergan a unos 300 tutelados, y estudia contratar a más "vigilantes-cuidadores" para atender a los menores.

La última vía explorada por la Ciudad Autónoma para reducir el número de niños y jóvenes extranjeros solos bajo su tutela fue la externalización de un servicio integral de acogida para sacar de la ciudad a 60 menores pagando casi 80 euros diarios por la atención a cada uno de ellos.

La Fundación SAMU ganó el concurso, pero el contrato no se ha podido firmar al no certificar ninguna Administración autonómica los centros ubicados en su territorio para dar cabida a menores migrantes de otras regiones.

Según los informes elaborados por el Área de Menores, durante 2018 se atendió en Ceuta a 3.344 menores migrantes no acompañados, un 446% más que en 2017, cuando se hizo lo propio con 802 jóvenes foráneos.