Cinco juzgados de primera instancia de Madrid han enmendado sendos decisiones de la Fiscalía que declaraban mayores de edad a cinco adolescentes migrantes, según ha informado la Fundación Raíces este martes en un comunicado en el celebra que los tribunales hayan adoptado las medidas cautelares que esta organización solicitaba para los cinco menores.

Los juzgados han admitido a trámite las demandas presentadas en nombre de cinco menores, con edades entre los 14 y los 16 años, que llegaron solos a España desde Marruecos, Gambia y Guinea y fueron declarados mayores de edad por el Ministerio Fiscal a pesar de contar con con "documentación original y auténtica expedida por sus países de origen". Según precisa la fundación, estos documentos no habían sido invalidados, aunque esto no impidió que fueran declarados mayores y se les negara la protección, amparo y tutela por parte de la Administración, dejando a los menores en un limbo jurídico y totalmente desprotegidos y desamparados.

Las sentencias ordenan como medidas cautelares hasta que termine el proceso judicial el ingreso en el Sistema de Protección a la Infancia y la tutela inmediata de los cinco niños por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid para que se respete el principio del interés superior de los niños y la presunción de minoría de edad. Unas decisiones que se han tomado pese al desacuerdo de la Fiscalía y de la Comunidad de Madrid.

“Es muy grave que mientras los políticos discuten la manera de controlar los flujos migratorios y las fronteras, muchos niños y niñas se estén quedando en las calles de nuestras ciudades sin ser mayores ni menores, sin educación, sanidad, alojamiento, cuidados, protección; en un limbo jurídico que les aboca a la más absoluta exclusión social y a enormes riesgos para su integridad física y psíquica", afirma Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que advierte del "peligro de que los niños puedan caer en redes de explotación, como en el caso de las niñas que suelen ser interceptadas rápidamente por las redes de trata con la que llegaron a España”.

Más de 150 casos en los últimos años

La Fundación Raíces, con más de 20 años de experiencia en el apoyo social a adolescentes y jóvenes en situación de desigualdad o riesgo de exclusión social, entre ellos, los menores extranjeros no acompañados (menas), asegura que en los últimos años han llegado a su sede más de 150 niños y niñas de países del África Subsahariana y de Marruecos cuya minoría de edad ha sido negada por la Fiscalía a pesar de tener documentación oficial de sus Embajadas y Consulados. "Esta documentación nunca es cuestionada por la Fiscalía cuando quien la porta son ciudadanos adultos de esos países o niños que llegan a España acompañados por sus padres", señala la organización. “Nos preocupa no poder presentar al ritmo que se requiere las demandas de los más de 60 niños y niñas que nos han llegado en el último año y que actualmente esperan tener la misma suerte que estos cinco",  lamenta Lourdes Reyzábal, presidenta de la fundación demandante.

Para Reyzábal, “las políticas que desde hace años se están imponiendo desde la sección de extranjería de la Fiscalía General del Estado han llegado hasta el punto de modificar leyes que contravienen la jurisprudencia y niegan la realidad, incluso la existencia, de estos niños y niñas y de todas sus necesidades y derechos como menores de edad”.

Raíces critica el procedimiento de determinación de la edad que lleva a cabo la Fiscalía, basado en el Protocolo Marco sobre menores extranjeros no acompañados, que se encuentra impugnado por esta fundación y en fase de admisión a trámite por el Tribunal Constitucional. Según ha denunciado Raíces en repetidas ocasiones, este protocolo no cuenta con las debidas garantías como la asistencia letrada o la posibilidad de recurrir judicialmente las resoluciones de la Fiscalía y "somete a los niños y niñas a la realización de pruebas médicas invasivas, incluidos desnudos integrales y exploración de los genitales", a pesar de tener documentación que acredita su edad.

La ONG, en todas sus demandas, solicita que se declare la validez de la documentación aportada por los niños que acredita que son menores de edad, en contra del criterio sistemático sostenido por la Fiscalía, que no considera válidos dichos documentos. Fundación Raíces lleva años intentando hacer valer la jurisprudencia que ya sentó el Tribunal Supremo en más de 10 sentencias, los Informes y recomendaciones del Defensor del Pueblo, los dictámenes del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y las medidas cautelares que este Comité solicitó adoptar al España en más de 7 casos, y que tampoco han sido ejecutadas por el Ministerio Fiscal.

En las sentencias, los jueces recuerdan que la doctrina afianzada por el Tribunal Supremo deja claro que "ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad. Cualquier duda sobre la minoría de edad basada en la simple apariencia física de la persona deberá resolverse a favor del menor habida cuenta del hecho de que las técnicas actuales no permiten establecer con total precisión la edad de un individuo y del debate existente al respecto, como han apuntado distintas Defensorías del Pueblo".

Desde Raíces insisten en que "son muchos más niños y niñas los que se encuentran en esta situación en España, pero al no tener acceso a un abogado no pueden defender su minoría de edad".