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Actualizado:La tortura humana parece una realidad del Siglo XIX. Sin embargo, la cruda verdad de las cárceles españolas evidencia que todavía continúa estando presente: maltrato físico a los presos con bofetadas, puñetazos y patadas como castigos informales, inmovilización mediante sujeción mecánica durante 14 días sin supervisión ni registro adecuado, menores esposados a objetos fijos en salas aisladas obligados a orinarse encima y comisarías nacionales dónde se esconden objetos como palos, bates de béisbol, un látigo y una soga.
Estos son sólo algunas de las denuncias que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) ha dado a conocer este jueves a través de un informe. Una delegación de la institución visitó durante trece días varias cárceles y centros de detención para elaborar el documento.
En las prisiones, la gran mayoría de los internos que se encuentran en módulos de régimen ordinario dicen no haber sufrido maltrato físico. Sin embargo, hay una buena cantidad de denuncias sobre maltrato (respaldadas por documentos médicos) por parte de detenidos de módulos de régimen cerrado y departamentos especiales: bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras.
Algunas de las denuncias fueron respaldadas con lesiones que la delegación tuvo la oportunidad de ver o que quedaron anotadas en los registros médicos. Un recluso del Centro Penitenciario Teixeiro denunció el 9 de agosto de 2016 que, tras un altercado verbal con los funcionarios de prisiones en una inspección de su celda, el grupo roció la habitación con un spray de pimienta. Después, lo llevaron a una celda vacía donde le dieron varios puñetazos y le golpearon con porras por todo cuerpo. Allí le mantuvieron desnudo durante 36 horas y estuvo fijado, boca abajo, sin que pudiera acceder a un baño haciéndose sus necesidades encima. Tampoco le dieron de comer durante todo este tiempo.
Mientras el preso estaba en el suelo, le pisaron los genitales y le intentaron introducir una porra de goma en el ano
Otro preso del Centro Penitenciario Puerto III denunció el 14 de enero de 2016 que, en el Centro de Huelva, tras presentar una queja verbal a un trabajador social, cinco funcionarios de la prisión le torturaron retorciéndole sus brazos y golpeándole con porras de goma en las muñecas, hombros, rodillas y muslos. Tirado en el suelo, el prisionero cuenta que le bajaron los pantalones y le intentaron introducir una porra de goma en el ano.
La historia del recluso no termina aquí. El preso también denuncia que solicitó reconocimiento médico pero que la respuesta que recibió de la doctora fue: "No haré nada que pueda crearme problemas con mis colegas". También denunció al juez de Vigilancia Penitenciaria los malos tratos a los que había sido sometido, así como la falta de asistencia. Pero ambas quejas fueron desestimadas.
El Comité denuncia los largos períodos de aislamiento de los presos: hasta catorce días y siete días a menores
El caso de este preso, y como muestran los datos obtenidos, evidencian una falta de registro y notificación de las agresiones. Los médicos de las prisiones muestran actitudes reacias intentando evitar siempre que pueden realizar partes o registros de ellas. La situación tampoco mejora con los jueces de vigilancia penitenciaria que actúan como "meras autoridades para refrendar" decisiones de los centros "más que como entidades independientes e imparciales de supervisión".
Igualmente, se ha denunciado los largos períodos de aislamiento: hasta catorce días, con sólo un día de interrupción, y hasta de siete días a los menores. De hecho, a pesar de que este es el período máximo permitido, el CPT tuvo conocimiento de casos en que los menores habían sido sometidos a aislamiento como medida disciplinaria hasta tres periodos consecutivos de siete días.
La sujeción mecánica durante horas y días
En las cárceles se recurre a la inmovilización de presos mediante sujeción mecánica "durante largos períodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado", tal y como señala el informe. Es más, parece ser que en algunos casos el único motivo por el que se recurre a ella es punitivo.
Destaca aquí el caso de los menores. Si bien la mayoría de entrevistados en instituciones juveniles no presentan quejas, hay casos que denuncian claros ejemplos deplorables del uso de la sujeción mecánica. En el centro de Sograndio, les esposaban a objetos fijos en una sala aislada y en Tierras de Oria les sujetaban a una cama, boca abajo, con los tobillos y muñecas (y a veces el torso) atados a los lados de la cama con correas. En este último centro, los menores no podían utilizar el baño mientras estaban sujetos (a pesar de pedirlo) y en algunos casos se veían obligados a orinarse encima.
Los malos tratos durante las detenciones
También hay varias denuncias sobre la actuación de los agentes policiales durante las detenciones, señalando "comportamientos irrespetuosos" y actuando de forma abusiva. Por ejemplo, uno de los reproches más comunes es sobre el hecho de ajustar demasiado fuerte las esposas.
El Comité encontró en una comisaría objetos como palos, bates, un látigo y una soga.
También hay varias quejas sobre maltratos físicos en el momento de las detenciones. Una de las personas con las que habló la delegación denunció haber sido obligada a arrodillarse en una comisaría y que un policía le había pisado las piernas. E incluso, en una de las comisarías revisadas, la de la Policía Nacional de la calle Leganitos, Madrid, la delegación del CPT encontró varios objetos tales como palos, bates de béisbol, un látigo y una cuerda/soga.
La detención incomunicada todavía legal en España
A pesar de que casi todas las personas entrevistadas confirman haber tenido oportunidad de contactar con algún familiar, los extranjeros retenidos por la policía declaran que no pudieron contactar con sus familiares en los casos en los que estos vivían fuera del territorio nacional, aunque no tuvieran ninguna persona a la que poder llamar en España.
El informe recalca la importancia de la supresión de la detención incomunicada. A pesar de reconocer que su aplicación ha disminuido considerablemente en los últimos años, el Comité enfatiza que es necesario su eliminación por completo ya que atenta directamente contra los derechos humanos.
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