Si bien es cierto que los expolios por parte de la familia Franco del Pazo de Meirás y la Casa Cornide son los vestigios franquistas más conocidos de Galicia, cabe señalar que persisten variedad de cruces, estatuas, títulos nobiliarios, calles y todo tipo de honras y distinciones a golpistas y políticos de la dictadura repartidos por el territorio 46 años después de la muerte del dictador.

La ley de Memoria Histórica de 2007 señala en su artículo 15 que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". El Parlamento Europeo aprobó, debido a la normalización del fascismo en la UE, retirar todos los símbolos o monumentos que exalten el alzamiento, la Guerra Civil y el fascismo tras la decisión del Congreso de los Diputados de exhumar los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos. Aún así, existe cierta reticencia por parte de los ayuntamientos –gobierne un partido conservador o progresista– para retirar esta simbología.

En 2017, el Parlamento gallego aprobó una moción presentada por el BNG para instar al Gobierno de Feijóo a negociar con la jerarquía católica la retirada de inscripciones franquistas. Por lo demás, Galicia no cuenta con una ley propia en materia de Memoria Histórica como sí ocurre en otros lugares como Andalucía, País Valencià, Castilla León o Euskadi, que está en proceso de elaboración. Tampoco existe un estudio que recopile la totalidad de los símbolos franquistas en Galicia, por ello, se desconocen con exactitud la cantidad de honras a la dictadura, golpistas y criminales que todavía perduran en los edificios y espacios públicos.

La Cruz de O Castro, en Vigo, tiene 12 metros de altura y fue inaugurada por Franco en 1961 en homenaje a los caídos. En 2015 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revocó el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo, por el que obligaba a derribar la cruz al considerarla un monumento franquista. La Justicia estimó que podría ser "contemplado como un elemento religioso" al haber "desaparecido la carga política y de exaltación franquista". La cruz fue denunciada por la Asociación Viguesa de Memoria Histórica, pero fue el Gobierno de Abel Caballero el que recurrió la sentencia. Han aparecido pintadas en varias ocasiones denunciando los asesinatos franquistas, así como la bandera republicana.

Otra cruz de piedra de 16 metros de altura y 60 toneladas se levanta en la Avenida Montero Ríos, en Pontevedra, un terreno que fue cedido a la Falange en 1941 para una construcción. "Para que perpetúe el recuerdo de los héroes que sucumbieron en defensa de los santos ideales de religión y patria en la gesta heroica de nuestra liberación", recoge el acta de esa cesión. Después de la del Valle de los Caídos, esta es la cruz más alta de España. Ha habido peticiones para su retirada, pero han quedado desestimadas. Un día de 2012 la cruz apareció precintada y con un aviso de demolición, pero el Ayuntamiento no tenía que ver y nunca se supo quién lo había puesto. También, en el municipio pontevedrés Vilagarcía de Arousa, una amplia cruz en la fachada de la iglesia parroquial hace honor a José Antonio Primo de Rivera.

Hace unas semanas el Comité de Memoria Histórica de la comarca de Celanova, en Ourense, hacía público un manifiesto para la retirada de un "monumento fascista de la cruz de los caídos levantada en 1939 por los falangistas en Outeiro da Obra". Para el comité este símbolo es "una exaltación pública y visible del golpe de estado de 1936 contra la legalidad republicana, la guerra y la represión política durante la dictadura franquista, por lo que está afectado por la ley estatal de Memoria Histórica, y pedirá su retirada por el órgano competente que señala la misma ley, el Ayuntamiento de Celanova".

También hace unos días, el BNG de Viveiro (Lugo) le pidió al Gobierno local retirar una placa de Antonio Pedrosa Latas en cumplimiento con la ley estatal, que según la concejala Miriam Bermúdez, "fue jefe de la Falange en Lugo y que a tantos vivarienses intimidaba a punta de pistola".

El presidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), Fernando Souto, cuenta que para los gobiernos locales hay un "cálculo electoral" a la hora de ordenar la retirada de simbología franquista. "Es un tema que chirría, a los que apoyan el franquismo les molesta que les toquen esos privilegios". Además, también explica que hay distintas consideraciones acerca de lo que es o no un símbolo franquista, por ello sostiene que la ley estatal es "insuficiente" y que tiene que establecerse una normativa gallega que ayude a los ayuntamientos a llevar a cabo esta labor. "La ley de memoria histórica no marca plazos, ni penalizaciones, habla de forma genérica y no precisa lo que es un símbolo franquista. Por eso algunos alcaldes defienden que un símbolo fascista es un elemento católico", matiza.

Según el sociólogo y también expresidente de la CRMH, Manuel Monge, en A Coruña quedan más de 100 símbolos franquistas por retirar, entre calles, distinciones honoríficas, retratos, monumentos... Como la calle Hogar Calvo Sotelo, ministro de la dictadura de Primo de Rivera o la Avenida Pedro Barrié de la Maza, íntimo de la Familia Franco y que organizó la subasta del Pazo de Meirás con la intención de regalársela posteriormente a Carmen Polo. Monge señala, además, la cruz de Neda, conocida como el "jardín de los caídos"; la cruz de Coto de Guichar, en Cerceda; otra en el interior de la iglesia de Ferrol, con la inscripción "caídos por Dios y por España", y también, otra en Coirós, con una inscripción a José Antonio Primo de Rivera y siete nombres de los caídos.

Con el paso de los años se va eliminando esta simbología franquista en el Estado y en Galicia corresponde a nombres de calles o retratos de políticos de la dictadura, no obstante, todavía el franquismo sobrevive a la ley de Memoria Histórica. Los expertos apuntan a que es una cuestión de pedagogía retirar estos reconocimientos públicos ya que los servicios que emprendieron estos personajes del franquismo y por los que se ensalzan no deberían ser admitidos en una democracia, habiendo otras personalidades que sí se merecen ser loadas. Lo contrario es desmemoria histórica.