Un juzgado de Torrijos, en la provincia de Toledo, ha impuesto una fianza de 168.000 euros al dueño de un coto y a dos de los guardas por matar a 55 ejemplares de fauna con cebos venenosos, una práctica prohibida por la legislación nacional y tipificada como delito en el Código Penal.

Entre los animales que fueron envenenados se encuentran 23 milanos negros y cinco aguiluchos laguneros, además de especies en peligro de extinción como seis milanos reales y un águila imperial ibérica. La fianza impuesta por el juzgado tiene como objetivo, precisamente, responder a la posible indemnización por los daños causados por los envenenamientos y el pago del valor de las especies de fauna que se vieron afectadas, de ahí su abultada cuantía.

"La imposición de esta fianza es importante en cuanto que reconocen el valor del daño producido por el uso ilegal de cebos envenenados y demuestra que colocar cebos envenenados en el medio natural tiene consecuencias económicas y legales para los autores”, han señalado en un comunicado conjunto las organizaciones ecologistas SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción, que ejercen la acusación popular en este proceso.

Los hechos se remontan hasta agosto y septiembre de 2011, cuando fueron localizados en el coto privado de Casa Nueva, en el término municipal de Gerindote, al menos 55 ejemplares de animales envenenados. Los análisis posteriores de los animales confirmaron su muerte por efecto de dos potentes insecticidas que habían sido utilizados para la elaboración de los cebos. Asimismo, las labores de investigación de la Unidad de Investigación de Venenos (UNIVE) del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y el Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, permitieron localizar los animales envenenados y determinar la imputación del titular y los dos guardas como posibles autores de los hechos.

El uso de cebos envenenados es una de las mayores amenazas para la biodiversidad, según llevan años denunciando las asociaciones ecologistas. Un informe de WWF y Seo/Birdlife publicado en 2016 con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente reveló que, entre 1992 y 2013 se habían producido al menos unos 8.324 episodios de envenenamiento en los que murieron 18.503 animales. No obstante, las organizaciones ecologistas estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000, ya que, según las especies, entre el 85 % y el 97 % de los animales envenenados no se encuentran.

A pesar de su grave impacto —no solo para la fauna salvaje, sino también para la salud pública, el medio ambiente y los animales domésticos— y de que hace tiempo que su uso es ilegal y considerado un delito, sigue siendo una práctica arraigada para eliminar depredadores en el campo, denuncian.