Inversión en saludLa mayor parte de la inversión en I+D en salud la hace el Estado, pero el beneficio es para las farmacéuticas

El Estado es el que más aporta en Investigación y Desarrollo en el ámbito sanitario en España. Desde 2008 a 2017 la mayor parte del gasto en I+D en salud —un 62% frente al 38% del sector privado— ha partido de iniciativas de centros de investigación dependientes de la Administración y de universidades públicas. Sin embargo, aunque los procesos se inician en el ámbito público, su desarrollo se lleva a cabo en el sector privado. Cuando hay un resultado se patenta y lo compra una farmacéutica, que desarrolla ese medicamento y lo comercializa. De este modo, el Estado pierde totalmente el control sobre lo que invirtió y tiene que, posteriormente, comprar ese medicamento por el precio impuesto por la industria. Por lo tanto ¿dónde va la financiación pública?

Se trata de una pregunta a la que ha intentado responder la fundación Salud por Derecho—que defiende los derechos humanos para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la salud— pero no ha obtenido respuesta. A través de un informe, esta organización ha dejado patente que nueve de las diez empresas que más financiación recibieron entre 2010 y 2016 eran farmacéuticas. "Se trata de compañías muy significativas en el sector y, en algunos casos, filiales de grandes multinacionales, la mitad de ellas interesadas en proyectos de Oncología, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales", expone la directora de Salud por derecho, Vanessa López.

Nueve de las diez empresas que más financiación han recibido entre 2010 y 2016 son farmacéuticas

Una de las conclusiones de este estudio es cómo la labor del Estado queda invisibilizada y este pierde el control de la inversión realizada con la transferencia de conocimientos. "Cuando hablamos de transferencia de conocimiento estamos pensando en un resultado de investigación, en una nueva molécula que podría tener una aplicación terapeútica o un nuevo gen que podría servir para diagnosticar una enfermedad o predecir la respuesta", explica Óscar Sánchez, experto en transferencia de tecnologías y coautor del informe Interés público en la innovación biomédica junto a Irene Bernal, responsable de acceso de medicamentos en Salud por Derecho. Estas investigaciones parten de las universidades y centros de investigaciones públicos, pero "sus resultados se transfieren a la industria, se buscan posibles empresas y licenciatarios que puedan estar interesados en adquirir esas acciones", añade Sánchez.

Una vez que esto ocurre ya no existen registros de lo que sucede después. "Los altos niveles de confidencialidad no permiten conocer dónde va la patente o si llega a convertirse en un ensayo clínico", asegura Bernal, que no ha obtenido respuesta de las encuestas realizadas a los centros dependientes de la Administración.

En primer lugar, el estudio señala que los indicadores empleados en la transferencia no permiten valorar el interés público y el impacto social de la investigación, ni existe ningún tipo de información pública sobre cuántos fármacos en desarrollo se basan en el conocimiento generado en universidades y centros de investigación que ha sido transferido a las empresas. "De esta forma, la Administración no tiene capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que resultarán de esa investigación pública", critica el documento.

"Ya no solo es que la información no esté estructurada o puesta a disposición del público, es que no se conocen los resultados de las inversiones ni sabemos las investigaciones que se han patentado"

Por ello, la fundación propone, en primer lugar, consensuar una definición de interés público en investigación biomédica que permita visibilizar las aportaciones del Estado. Y, en segundo, exige una mayor transparencia y mejorar el sistema de rendición de cuentas. En este sentido, ponen como ejemplo la política científica de Estados Unidos. "Los resultados de cada uno de los proyectos que financia el Estado en Estados Unidos son públicos", destaca Vanessa López. "Ya no solo es que la información no esté estructurada o puesta a disposición del público, es que no se conocen los resultados de las inversiones ni sabemos las investigaciones que se han patentado. Existe una laguna importante en España", asevera. 

El informe insiste en que es necesario establecer reglas que regulen las relaciones entre universidades y centros de investigaciones con la industria que eviten que se pierda ese control de la inversión pública. 

Cuánto y a dónde va la financiación en I+D biomédica

El informe elaborado por Bernal y Sánchez analiza los datos de financiación de I+D biomédica entre 2008 y 2017. Su análisis muestra dos fases; por una parte, un crecimiento de la inversión, coincidente con la expansión económica durante la década pasada y la creación en 2008 del Ministerio de Ciencia e Innovación y, por otra parte, una caída a partir de 2009 con motivo de la crisis económica. 

Según los datos de la OCDE, el gasto total en salud cayó en España un 8,5% entre 2010 —año de mayor gasto— y 2014, pasando de un importe de 2.759,37 millones de euros a 2.524,75. "La aportación pública es muy significativa, pero se ha visto limitada por la crisis y todavía no se han recuperado los niveles previos a 2008", apunta Sánchez. 

En este sentido, hay que resaltar la importante labor tanto de las comunidades autónomas, cuyas aportaciones han sido claves, como la financiación de programas europeos, principalmente Horizonte 2020, entre los años 2010 y 2016, los de mayor recorte del presupuesto estatal en I+D en salud en España. 

No obstante, advierten de que estas nuevas fuentes de financiación "no sustituyen la responsabilidad de la Administración del Estado de incrementar la inversión y su compromiso con la investigación científica". Este presupuesto tiene como "principal beneficiario" al sector farmacéutico, argumenta el texto. 

Finalmente, entre las propuestas de la fundación se reivindica la necesidad de impulsar políticas e iniciativas que permitan "gestionar con transparencia" los conflictos de interés en la innovación biomédica, así como desarrollar guías y recomendaciones consensuadas que permitan "delimitar mejor las relaciones entre actores públicos y privados.