Marina Isla de Valdecañas El TSJEx decide mantener en pie todos los edificios terminados de la urbanización ilegal Marina de Valdecañas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto con fecha del 30 de junio de 2020, en el que acuerda la imposibilidad material parcial de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativa a la urbanización Marina Isla de Valdecañas.

Así, el auto, contra el que cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días, acuerda la conservación de lo construido y terminado por "no afectar" al medio ambiente; además de la demolición de todas las obras que se encuentran en fase de estructura; y la revegetación de las plataformas existentes que no han sido edificadas.

La demolición deberá realizarse de manera "ordenada y programada con el menor perjuicio para el medio ambiente" y dará lugar a la reposición del terreno a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga "un claro beneficio para la flora y la fauna de la ZEPA", debiendo crearse un enclave y paisaje "similares" a los protegidos en la ZEPA.

El TSJEx prohíbe la realización de nuevas edificaciones en la urbanización

La adjudicación de la demolición, restauración y revegetación deberá realizarse a una empresa pública o privada que disponga de la suficiente capacidad para realizar unas labores como las encomendadas, apunta en nota de prensa el TSJEx, que añade que además se prohíbe la realización de nuevas edificaciones en la urbanización Marina Isla de Valdecañas. Al mismo tiempo, se conserva el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento.

Según el auto, además, la Junta de Extremadura, con audiencia a las Comunidades de Propietarios del Complejo Residencial Sur, Centro y Norte de Isla Valdecañas, los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y las entidades demandantes Ecologistas en Acción-CODA y Adenex, deberá aprobar en el plazo máximo de seis meses un programa o plan que recoja las medidas propuestas, "eficaces y viables" para la eliminación y minimización de la "posible afectación" al medioambiente que se pueda producir por la actividad humana, en coordinación con el Plan de Gestión de la ZEPA y el resto de evaluaciones ambientales.

Medidas "eficaces" para reducir el impacto

El programa o plan incluirá, a fin de poder ser contempladas y valoradas en un único documento, las medidas que finalmente sean aprobadas de las ahora propuestas, las anteriores contempladas en el PIR, en las evaluaciones ambientales y en el Plan de Gestión de la ZEPA para la zona de Marina Isla de Valdecañas.

Las medidas deberán analizarse individualmente para comprobar que realmente son "eficaces" para reducir el impacto de la urbanización y deberá ponerse "especial atención" en las medidas para paliar la eutrofización del embalse y la regeneración de bosque mediterráneo. Prestando "especial atención" al Plan de Vigilancia Ambiental que se contenía en la declaración de impacto ambiental, con la obligación de contar con, al menos, dos agentes o guardas permanentes en la zona.

Este programa o plan deberá contener de manera individualizada la medida, el coste, las personas responsables de su ejecución, pago y mantenimiento y el calendario para su realización. En último caso, la ejecución, pago y comprobación de las medidas y su funcionamiento corresponderá a la Junta de Extremadura, según añade el auto.

Indignación de los ecologistas 

Las organizaciones Ecologistas en Acción y Adenex han anunciado que recurrirán el auto dictado por el TSJEx, ya que consideran que se ha aplicado una "política de hechos consumados". Asegurando que esta sentencia, que será recurrida por los grupos ecologistas, "supone asumir una tremenda ilegalidad por la vía de los hechos consumados".

Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura critican que "han sido sometidas a una tremenda presión mediática y política cuando su único afán era defender la legalidad y el medio ambiente extremeño". Y reprochan la "vergonzosa acción de los diferentes administradores y responsables políticos, verdaderos responsables de este fiasco en connivencia con los promotores urbanísticos".

"Además del daño económico provocado, la acción de los políticos extremeños ha sido absolutamente irresponsable al diseminar el mensaje falaz de que el medio ambiente es un freno a nuestro desarrollo, cuando en realidad un desarrollo sostenible y justo sólo puede partir de un medio ambiente sano y biodiverso", concluye la nota.