Infancia LibreMaría Sevilla denuncia que su hijo continúa sufriendo abusos sexuales y que ya existe una investigación abierta

"Mi hijo continua siendo abusado hoy y no sólo lo creo, sino que hay informes médicos y una investigación de los servicios sociales por sospecha de abuso sexual", ha afirmado María Sevilla este jueves. Estos informes "muestran un riesgo alto de este tipo de abusos y los servicios sociales han hecho un acta de riesgo, pero no nos han dejado hablar de esto ni aportar documentación en el juicio porque sólo nos ha permitido hablar de los hechos por los que yo me fui", añadió.

Este diario ha tenido acceso a algunos documentos del Servicio Público de Salud, que afirman, entre otras cosas, que el menor presenta conductas "alteradas" y "lenguaje obsceno" y que una trabajadora social "está haciendo un seguimiento por posible abusos sexuales por parte del padre hacia el niño". Esta afirmación está fechada el 11 de febrero de 2020, casi un año después de que la Policía entregara al menor al padre por orden judicial.

Estas declaraciones la realizó María Sevilla este jueves a la salida del juicio que debe decidir si esta madre cometió un delito de sustracción de menores y otro de abandono familiar, tal como afirman las acusaciones. La Fiscalía solicita para ella tres años y medio de prisión y la retirada de la patria potestad por cinco años. Por su parte, la acusación particular ejercida por su expareja, solicita cuatro años y medio de cárcel (cuatro años por sustracción y seis meses por abandono familiar), así como seis años de retirada de la patria potestad.

La principal línea de defensa de María Sevilla en el juicio fue demostrar que ésta no pudo cometer un delito de sustracción de menores porque ella tenía asignada la custodia de su hijo en febrero de 2017, cuando decidió ocultarse, y que la resolución judicial por la que un juzgado de Valdemoro le dio la custodia al padre tuvo lugar en diciembre de ese año, meses después de que Sevilla estuviera en paradero desconocido.

Su defensa ha pedido la libre absolución y la ha justificado en tres pilares básicos: que el delito de sustracción no puede aplicarse en este caso porque no tiene tipicidad(es decir que no encaja en ningún delito penal), que no existe antijuricidad, es decir que existe causa justificada por estado de necesidad que justifica su actuación, puesto que María Sevilla afirma que estaba defendiendo a su hijo y que no existe culpabilidad.

"Sólo la sustracción internacional puede ser cometida tanto por el progenitor custodio como por el no custodio, pero los otros dos delitos de sustracción contemplados en el Código Penal sólo pueden ser cometidos por el progenitor que no tiene la custodia", afirmó su abogado Vicente Tovar en el juicio.

La defensa de Sevilla no niega el hecho de que ella hizo todo lo posible para no ser localizada por lo que no se le pudo entregar el auto judicial por el que se le retiraba la custodia, "pero eso, no constituye un delito de sustracción, sino de desobediencia", afirmó su letrado en la vista.

Este será el punto clave en la resolución de este juicio. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación (y lo ratificó en el juicio), que "la acusada era plenamente conocedora de la indicada resolución judicial, luego confirmada por auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 22 de fecha 15 de junio de 2018, hizo caso omiso del auto del indicado Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valdemoro y, en fecha indeterminada, se llevó consigo al menor, con la intención de no entregarlo en ningún momento al padre".

"Seguí las indicaciones médicas de aparar a mi hijo de su padre"

María Sevilla, que sólo accedió a responder las preguntas de su abogado, afirmó que existen 34 informes de Servicios Público de Salud que corroboran la existencia de abusos sexuales hacia su hijo por parte de su expareja y que varios de ellos aconsejan que el menor no tuviera relación con el padre. Pero no eran los únicos, otra serie de informes de parte (pedidos por la madre) también llegaban a la misma conclusión.

Sólo uno de los informes, elaborado por los servicios psicosociales del juzgado de Majadahonda, no aprecia este abuso. "En base a este único informe se archiva la causa por abusos", afirmó su abogado en el juicio. "Hemos visto muchas veces que si un informe psicosocial tiene dudas o no aprecia abusos sexuales, las causas acaban en sobreseimiento por falta de pruebas. ¿Pero qué pasa con los otros 34 informes?", pregunto su defensa de forma retórica.

Según diversos estudios internacionales uno de cada cuatro o cinco menores sufre abusos sexuales en la infancia. De éstos sólo se denuncia entre un 15% y un 20% y de ellos más del 70% nunca llegan a juicio oral y la mayoría de los que lo consiguen acaban desestimados por falta de pruebas que rompan la presunción de inocencia.

Según María Sevilla su única intención ha sido la de proteger a su hijo y para ello siguió las indicaciones médicas y psiquiátricas de los informes médicos.

Contradicciones en las declaraciones policiales

En el juicio estaban llamados a declarar como testigos 12 de los policías que en la madrugada del 30 de marzo irrumpieron en la casa en la que vivían María Sevilla con su hijo, su pareja y la hija menor de ambos, una finca de 6.000 metros cuadrados, con piscina en una urbanización a las afueras de Cuenca.

No todos pasaron a prestar testimonio, pero entre los tres que lo hicieron, hubo contradicciones importantes en su relato. Uno de los miembros del equipo policial ofreció detalles de los hechos muy diferentes al de sus otros dos compañeros, y con grandes divergencias a lo que figura en un informe realizado por el responsable del operativo en el momento de la detención.

La unidad de la Policía judicial realizó dos informes sobre la detención de María Sevilla. Un fechado el mismo día en que se la detuvo y otro un día más tarde, el primero de abril de 2019. Los dos guardan similitudes, pero el segundo abunda mucho más en la situación en la que se encontraban los hijos de María Sevilla y en las condiciones de la casa y la vida familiar.

Este último informe, al que ha tenido acceso Público y cuyos detalles se han ido filtrando a la prensa por fuentes policiales tras la detención de María Sevilla, afirma que el hijo de ésta decía que su padre no lo quería, "me lo ha dicho Dios", que el menor estaba "influenciado por los adultos con los que convive", que su padrastro le había entregado una Biblia, que el menor estaba pálido y daba a entender que los niños nunca salían de casa la casa. Algunos medios de comunicación, incluso, llegaron a publicar que vivían en un zulo. Estas valoraciones se realizaron entre las 2:15 de la madrugada en que la Policía afirma haber irrumpido en la vivienda y las 4:20 de la madrugada, en que el informe afirma que llegaron a la sede de la Unidad Policial.

El informe también habla de la hija menor de Sevilla, fruto de la relación con su actual pareja, de la que dice que emite "sonidos guturales", que "movía la cabeza para olfatear el aire y las personas" y que tenía un comportamiento muy semejante a los de un animal".

Durante el juicio, el Policía que dirigió la operación se ratificó en todas estas afirmaciones. Declaró que los niños no salían de la casa, aunque reconoció también que no había visibilidad para ver dentro de la finca, un terreno de unos 6.000 metros cuadrados con jardines y piscina. A preguntas del abogado defensor sobre cómo sabía si el menor estaba pálido, el policía respondió que lo sabía porque era padre, aunque negó ser médico ni psicólogo para hacer valoraciones.

Otro de los miembros de la Policía que declaró vino a corroborar el mismo relato, siguiendo idéntico guión. Tan al pié de la letra, que incluso afirmó que describía al menor como pálido porque él era padre. Un hecho que no pasó desapercibido por el abogado de la defensa, que dijo al juez que los testigos se habían puesto de acuerdo en la declaración, cosa que no está permitida.

El abogado hizo notar que ninguno de estos aspectos tan llamativos habían sido recogidos en el acta que levantó la Secretaria Judicial que acompañaba al retén, para lo que no obtuvo respuesta.

Uno de los miembros del equipo, sin embargo, discrepó de la versión dada anteriormente por sus compañeros. En su declaración afirmó que la casa se trataba de una finca grande. Explicó que cuando entró el niño estaba bien, que no hubo ningún hecho que le llamara particularmente la atención y que la hija menor estaba en los brazos de su padre. "No vi nada extraño. Era una familia en una casa de campo", afirmó la agente. También negó que al niño le dieran una Biblia y explicó que ayudó a madre le preparó al niño una mochila con ropa y con medicinas que necesitaba. Que se preocupó de que se llevara lo que necesitaba. Afirmó que había algunos textos en las paredes, pero que no puede afirmar que fueran versos bíblicos, como afirmaron sus compañeros.

La declaración policial era una clave. Durante meses distintos medios de comunicación acusaron a María Sevilla de ser una "secuestradora" y de haber mantenido a sus hijos desnutridos y bajo circunstancias precarias. No sólo el testimonio de la agente desmiente esta versión, sino que, tal como ha afirmado la defensa de María Sevilla en el juicio, el primer informe pediátrico que le realiza el padre del menor nada más recuperarlo (dos días después de la detención) es normal y no detecta ningún problema.

La acusación particular afirmó en el juicio que el estado del menor no era bueno cuando el padre de recuperó. Rafael M., el progenitor, explicó en el juicio que el menor estaba bajo de peso, delgado, pero reconoció a preguntas de la defensa, que estaba dentro de los percentiles normales pero por la parte baja. También aseguró que el menor no tenía puestas las vacunas correspondientes, apuntando a que la madre no lo atendió, pero no supo explicar qué vacunas obligatorias debía haber tenido el menor entre los 6 y los 12 años.

La actuación policial en este caso es clave. Poco después de la detención de María Sevilla, la misma Unidad de de la Policía adscrita a los Juzgados realizó una serie de detenciones en cascada a otras madres ligadas a la Infancia Libre, todas ellas con gran cobertura mediática prácticamente en directo. A pesar de que los casos judiciales de unas y otras poco tenían que ver entre sí, esta unidad policial inició un informe para demostrar que Infancia Libre era, en realidad, una organización criminal que se dedicaba a interponer denuncias falsas para culpar a los padres y así quitarles la custodia de sus hijos. El informe acabó conteniendo el nombre de 20 madres, algunos profesionales de la sanidad pública y una abogada, que formarían parte de la trama.

El informe fue presentado a la Fiscalía, que tras una investigación lo archivó afirmando que no existía ningún "dato objetivo" que llevara a asegurar que la organización funcionaba como una trama ilícita. Es más, el escrito afirma que no consta dato alguno de que se haya incoado "un posible delito de denuncia falsa", por parte de la asociación o de sus miembros.

En su resumen final, la abogada la acusó a María Sevilla de utilizar información sesgada en los informes de parte y afirmó que el menor sólo pudo ir de forma regular al colegio una vez que estuvo con el padre.

María Sevilla por su parte, recordó en el juicio que la Audiencia Provincial le había concedido visitas con su hijo los fines de semana, pero que su expareja las ha impedido a través de recursos.

Tanto la Fiscalía, como la acusación particular se ratificaron al final del juicio en su acusación. El juicio ha quedado visto para sentencia.