Fue en mayo de 2018. La Comunidad de Madrid y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) retiraban 191 perros de un criadero situado en Paracuellos del Jarama en el marco de la denominada Operación Altanería. Desde 2012, año en el que las asociaciones animalistas interpusieron la primera denuncia, los canes permanecían hacinados en unas "condiciones deficientes" que fueron confirmadas por el propio SEPRONA. En la inspección los agentes comprobaron que el centro carecía de licencia de núcleo zoológico y constataron infracciones “muy graves” en materia de protección y bienestar animal.

"En algún caso, la vida del animal estaba en riesgo, como el de una perra que se encontraba en avanzado estado de gestación de un feto momificado", describía el SEPRONA. Días previos a esta retirada, las autoridades ya habían actuado en el mismo centro para sacar a otros animales que, según la Comunidad de Madrid, estaban sufriendo un dolor y un estrés “grave y evitable”.

Un año después de todo ello, la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha decidido –ante los recursos presentados por la empresa del criadero– que los perros deben regresar con el criador, ya que la Administración cometió un "error de forma" en la retirada de los animales.

Este error de forma tiene que ver con que el acusado ya había sido juzgado por los mismos hechos por la vía penal –siendo este caso sobreseído por los Juzgados de Torrejón de Ardoz– y tenía, además, otra causa penal abierta en Guadalajara, donde el acusado tiene otra empresa de venta de animales. Mercedes García Sánchez, abogada del criador, explica a Público que la Comunidad de Madrid no puede abrir un procedimiento administrativo cuando hay uno penal iniciado. Asimismo, la letrada incide en que no hay probado ningún delito de maltrato animal que condene a su cliente. 

Desde la Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA) y la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), organizaciones que se personaron en la causa, denuncian que la “falta de control” de las instituciones y los “errores cometidos en la forma del procedimiento” están provocando “sufrimiento e indefensión en cientos de animales”.

En virtud de ello, las ONG han presentado un recurso a lo que valoran como una "cruel resolución". Para ello, presentarán informes de más de ochenta veterinarios que acreditan que devolver a los perros a la empresa de venta de animales supone una "una aberración desde el punto de vista de la deontología veterinaria".

Tanto ANAA como la FAPAM se encargaron de llevar al veterinario a los perros y buscar casas de acogida. “Los animales presentaban falta de socialización y miedo extremo, infecciones graves en el aparato reproductor, la boca y los oídos, así como hernias, anemia y desnutrición, debiendo ser algunos de ellos hospitalizados y operados de urgencia”, describen.

"No estamos hablando de un jersey que has comprado en El Corte Inglés y puedes devolver, se trata de bienestar animal", comenta a Público M.C., una de las voluntarias de la ANAA, que, entre otras cosas, manifiesta su preocupación por que los animales tengan que regresar al criadero, donde se les "cosifica", después de llevar un año viviendo con familias de acogida que "les adoran y les cuidan".

Las asociaciones animalistas personadas en esta causa, además, denuncian que pese a los hallazgos que la Guardia Civil descubrió en 2018, el criadero sigue estando operativo, lo que afecta a “familias desconocedoras que pueden estar adquiriendo un animal en un centro que carece de licencias” y donde “se cría con animales” que tienen enfermedades genéticas como la Lesmaniosis, que puede ser traspasada directamente a los cachorros en el proceso de gestación.

Por ello, desde ANAA y FRAPAM han lanzado una campaña de concienciación y de recogida de firmas para reclamar a la Comunidad de Madrid que paralice la devolución de los animales incautados, en favor de una solución alternativa que no “cosifique” a los perros.