El Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) ha iniciado una campaña para pedir a los profesores de la comunidad adscritos a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) que escojan y defiendan el sistema público de salud frente a las empresas privadas concertadas que trabajan con esa entidad.

STEG alerta que Muface deriva cada año miles de millones a las compañías Adeslas, Asisa y DKV que se detraen del presupuesto de la sanidad pública, y advierte además de que esas empresas han ido retirando en los últimos años numerosas prestaciones de sus respectivos catálogos, y de que hay afiliados a Muface en Galicia a los que la entidad se ha negado a cubrirles cuando han acudido a centros públicos ante la falta de atención en los privados.

"El sistema está montado para garantizar una cartera de clientes a esas compañías, que hacen negocio con la salud y que este año van a recibir 2.477 millones de euros del Estado mientras se deteriora la sanidad pública", asegura Miguel Paz, miembros de STEG. "¿Cuántas médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, celadoras y celadores se podría contratar con ese dinero?", se pregunta.

Muface, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, es un régimen mutualista diferente al de la Seguridad Social, de afiliación obligatoria y exclusiva para los funcionarios de carrera -los interinos no forman parte de él-. Gestiona las prestaciones de 1,5 millones de empleados y empleadas públicas, a las que ofrece la posibilidad de recibir atención médica en los servicios públicos de salud o en los centros concertados con las compañías aseguradoras privadas.

La mayoría escogen la segunda opción, pero según un estudio de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recogido por El País en septiembre pasado, ese número se está reduciendo desde 2006 en alrededor de 10.000 mutualistas al año.

"Creemos que los funcionarios deben escoger la sanidad pública, primero por coherencia, porque forman parte del sector público, y segundo porque las empresas aseguradoras están reduciendo sus carteras de servicios y porque tenemos constancia de varios casos en los que Muface se ha negado a pagar a la Seguridad Social los gastos de atención a algunos mutualistas, quienes acudieron a hospitales públicos porque en los centros privados de las aseguradoras no les prestaron atención", afirma Paz.

Centros sin urgencias 24 horas

Carme Rodríguez, asesora jurídica de STEG, explica que la situación es especialmente grave en las localidades con menos población, donde las aseguradoras que trabajan con Muface tienen conciertos con pequeñas clínicas que no disponen de urgencias las 24 horas. "Ante un caso urgente y si el centro concertado está cerrado, lo primero que hace el paciente o su familia es llevarlo al hospital más cercano", detalla.

"Hemos tenido el caso de un compañero en Vilagarcía (Pontevedra) que tenía síntomas de infarto y se encontró cerradas las urgencias del centro privado que tenía asignado. En el número de teléfono de urgencias que le facilitó el seguro privado de Muface tampoco le atendieron. Así que su familia lo llevó al hospital público de O Salnés, que está a doce minutos, porque el concertado más cercano estaba a casi cuarenta minutos. Allí le dieron prioridad uno porque constataron los síntomas de infarto, pero cuando le diagnosticaron, se trataba de una indigestión. Y Muface se negó a pagar los gastos de asistencia", explica la abogada.

Rodríguez considera que la actuación del organismo público supone dejar en manos de los mutualistas su propio diagnóstico médico, que de no resultar acertado si acuden a un centro público, puede derivar en que sean ellos los que tengan que afrontar los costes de la atención médica y de las pruebas diagnósticas.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública indicó a Público que Muface entiende que "las personas mutualistas de opción concertada tienen garantizada su asistencia sanitaria urgente y de emergencias que incluye, entre otras cosas, un teléfono gratuito, accesible en todo el territorio nacional las 24 horas del día, y que figura en su tarjeta sanitaria". "Asimismo", añade el organismo, "esta asistencia sanitaria tiene en cuenta situaciones especiales derivadas de la propia naturaleza de la emergencia. Y, finalmente, esta asistencia está garantizada a través del derecho a presentar reclamaciones".