El pasado jueves, la Comunidad de Madrid anunció la creación de un programa de formación para los docentes de la enseñanza pública. Autodenominado por el la Consejería de Educación de Enrique Ossorio como "MIR educativo", está lejos de ser un espacio de formación como el que realizan los médicos. Es una modificación del sistema ya existente legislado mediante un real decreto y que, además, la manera de implementarlo en Madrid ha cosechado las críticas desde el sector educativo. 

Aunque el Ejecutivo del PP lo llama "MIR educativo", su verdadero nombre es Capacitación Integral Docente (CID). A partir del curso 2022-2023 que arranca el próximo mes de septiembre, los aspirantes que superen la fase de concurso-oposición en Madrid realizarán prácticas tutorizadas durante un curso escolar entero en una formación de 120 horas. Hasta ahora, el método era de 25 horas en seis meses. Los tutores de estos docentes tendrán una retribución que aún está por determinar

El objetivo, dice el Gobierno de Ayuso, es "comprobar la aptitud de los candidatos" y consta de cinco módulos, además de vídeos, foros de consulta, webinars con expertos, ejercicios prácticos y "supuestos tipo que les ayuden a incorporarse a la función docente con seguridad, responsabilidad y cualidades comunicativas y de liderazgo", reza un comunicado. 

La realidad tras la noticia

Tras este anuncio hay una realidad diferente. Las prácticas de los docentes que aprueban la oposición está reflejada en un real decreto y no son una medida propia de ningún gobierno autonómico. Concretamente, en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.

Estas prácticas son un proceso ineludible dentro de la formación docente y son uno de los últimos eslabones antes de incorporarse al sector educativo. No es una medida que implemente el Ejecutivo de Ayuso; existen en toda España. 

De hecho, esa ampliación de tres meses a un curso escolar entero tampoco es una novedad propia de Madrid. Esta posibilidad está reflejada en el real decreto en su artículo 30. "Este periodo de ejercicio de la docencia en centros públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores experimentados, preferentemente del correspondiente cuerpo de catedráticos y tendrá una duración mayor a un trimestre y no superior a un curso escolar".

El Gobierno de Ayuso sostiene que estas prácticas aumentarán la formación de los docentes, pero la evaluación homologada por el real decreto es ya bastante contundente, porque en el caso de resultar "no apto" durante las prácticas en dos ocasiones, "perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera".

Lejos de ser un "MIR educativo"

La sección de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha sido muy crítica con este anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid: "Ni es un MIR, ni entra dentro de las competencias autonómicas, ni pretende mejorar la calidad educativa. Lo que se propone es, sencillamente, una extensión de la duración de las prácticas ya existentes y de la actividad formativa", señalan.

Apuntan a que incluso sea una estrategia para generar una necesidad de servicios que posteriormente sean externalizados a una empresa privada: "Quizá es de suponer, y no sería muy aventurado, que el gobierno de Díaz Ayuso pretende alargar la duración de los cursos formativos para generar otro nicho educativo que poder externalizar, en lo que ellos mismos anuncian como la creación de un sistema de vídeos, foros de consulta, webinars con expertos. Otra manera de transvasar el presupuesto educativo a manos privadas".

Además, añaden una mirada crítica ante los cambios y acusan al Gobierno del PP de menospreciar al cuerpo de profesores docentes. "Da a entender que el profesorado no está preparado y revela una extrema falta de confianza en la calidad docente y en el actual sistema de prácticas. Parece no tomar en consideración la formación universitaria, o las prácticas ya existentes, y supone una retórica velada de desprecio a la profesión docente".

Confrontación por las oposiciones de secundaria

Hace unos días, la gestión de la Consejería de Educación ya estuvo en el centro de las miradas al convocar las plazas de la oposición de profesores de secundaria de 2023 bajo un modelo que quedará eliminado próximamente y con el que se ahorra la ocupación de 2.000 plazas, según pudo saber Público.

Mediante esta jugada, el Gobierno madrileño esquiva una normativa que se reconocerá en la ley a partir de ahora llamada "tasa de estabilización": plazas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. El modelo anterior no obligaba a convocar para repara estas carencias y Ayuso y su equipo convocaron oposiciones con el modelo que quedará obsoleto.