¿Cuál es la definición exacta de una "macrogranja"? El concepto, obviamente, no tiene una definición técnica ni legal y es, básicamente, una definición política que depende mucho del punto de vista del interlocutor. Este ha sido también el primer punto de desencuentro entre los diferentes socios del Gobierno valenciano en la votación de una enmienda presentada por el PP a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para eliminar el requisito de una Estimación de Impacto Ambiental (EIA) para las granjas porcinas de menos de 2.000 cabezas, y de una Declaración de Impacto Ambiental (DÍA), para aquellas de más de 2.000. Unas medidas que las organizaciones agrarias, especialmente la Unió de Llauradors, hacía años que reclamaban, mientras que el movimiento ecologista se oponía de forma frontal.

Finalmente, la enmienda –con algunas modificaciones incluidas por el PSPV– ha sido aprobada con los votos a favor de socialistas y populares, además de Ciudadanos y Vox, mientras que Compromís y Podemos se han opuesto.

Pep de la Rubia, responsable de agroecología de Ecologistes en Acció del País Valencià, habla de una "jornada negra" cuando hace referencia a la aprobación de la medida y denuncia que se aprovechara la Ley de Acompañamiento para hacerlo: "Cada año nos encontramos algún desastre medioambiental en esta ley, modifican artículos enteros otras normativas y siempre a peor", asegura. Para este activista el procedimiento de esta ley es mucho más opaco, con plazos de debate más cortos y con muchos temas sobre la mesa que permite pasar desapercibidas cosas como esta.

Desde Ecologistes en Acció se denuncia la instalación de granjas cada vez más y más grandes, puesto que las pequeñas "no son rentables", totalmente automatizadas y que apenas generan ocupación, pero en cambio son muy contaminantes. "Las granjas intensivas son la primera fuente de emisión de gases como el amoniaco, que Europa está apretando para que se reduzcan, y la gestión ambiental de las granjas en realidad se queda en papel mojado, porque no hay inspectores y la competencia es muy dura. En la práctica, lo que pasa es que quién contamina gana".

Rigurosidad ambiental

En el otro lado de la barrera, David Calvo, responsable de agricultura y ganadería del Grupo Socialista en Les Corts, defiende la rigurosidad de la normativa ambiental aprobada mientras que se combate el dumping ganadero por parte de otras autonomías. "Hemos hecho un listado de condicionantes ambientales muy exhaustivo –defiende Calvo– como la geolocalización de las cubas para controlar los purines o la valorización de los residuos, pero provocar que las empresas ganaderas se vayan a Aragón no es ninguna solución, puesto que la contaminación no se parará en la frontera". Para el diputado, no tenía sentido que en el País Valencià, el límite para ser considerado macrogranja fueran 400 cabezas –en el caso de las instalaciones de engorde– mientras que en el Aragón fueran 2.000. Así, la propuesta de harmonización que hacía el PP "tenía todo el sentido", si bien las aportaciones de su grupo añadieron las suficientes garantías ambientales.

En la misma línea se sitúa la Unió de Llauradors, que ya hace años que pedía la reducción de "trabas burocráticas" para una actividad económica que consideren indispensable al ser de las más rentables en zonas de interior, por lo que es una herramienta clave a la hora de frenar el despoblamiento. De hecho, el sindicato agrario se enfrentó muy duramente a la anterior consejera de Agricultura, Elena Cebrián, precisamente en este tema.

División limitada

La diputada de Compromís, Graciela Ferrer, votó en contra de las enmiendas del PP y el PSPV, puesto que considera muy peligroso el posible impacto de los purines en aspectos como la contaminación del agua, la mineralización de los suelos o los olores. "No es tiene en cuenta el peligro de acumulación de granjas en una misma zona –asegura– y hay un riesgo muy grande, a diez o quince años vista, de falta de agua potable en zonas de interior que dependen de los acuíferos subterráneos". Si bien reconoce que la tramitación de licencias ambientales es pesada, en culpa a la "depauperación de la administración" provocada por la Ley Montoro y la tasa de reposición de funcionarios.

Para Ferrer, la Ley de Acompañamiento tampoco era la mejor norma para introducir el cambio, pero con todo, le quita importancia al desacuerdo: "se trata de una enmienda concreta en un artículo concreto, la excepción a la regla, puesto que en el resto lo hemos consensuado todo". La diputada también recuerda que las diferentes formaciones de la coalición "tienen diferentes puntos de vista y que es saludable que se puedan plantear las cosas que no compartimos".

David Calvo, en cambio, considera la ley de Acompañamiento un mecanismo "plenamente válido", puesto que "permite dar una respuesta rápida a demandas de colectivos que a menudo hace tiempos que reivindican".