Hacía por lo menos tres años que Patricia Ramírez no se pronunciaba sobre cualquier asunto que relacionase a la prensa y el asesinato de su hijo, Gabriel Cruz, en 2018. Sin embargo, el miedo ante un posible nuevo documental sobre el caso la llevó a denunciar otra vez la revictimización constante a la que someten a su familia desde hace seis años. Este martes, Ramírez acudió al Senado para solicitar ayuda y amparo.

En una comparecencia aprobada por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Interior y Justicia de la Cámara Alta, pidió a los senadores un Pacto de Estado para proteger a las víctimas de delitos especialmente violentos. "Del mismo modo que lo hicieron con el pacto contra la violencia de género en 2017, lo pido para las víctimas de violencia como asesinatos, agresiones sexuales, pederastia, etcétera. Ninguna víctima merece que le sigan haciendo daño. No somos actores, la muerte de Gabriel no es un espectáculo", dijo durante un emotivo discurso de más de una hora.

Irregularidades para grabar el documental

La madre de Gabriel denunció diversas irregularidades en la prisión de Ávila donde cumple condena la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada. La condenada habría podido hacer grabaciones con su versión de los hechos para elaborar una nueva pieza documental que una productora querría vender a Netflix. La plataforma líder en true crime que cuenta con otros relatos de violencia contra la infancia como el Caso Asunta. Netflix asegura, por su parte, que "no está trabajando con ninguna productora" en un documental sobre el caso y que no tienen ninguna vinculación con la producción.  

La madre de Gabriel denunció la "incapacidad" de la institución penitenciaria para "informar, controlar y evitar" que los condenados puedan lesionar gravemente a las víctimas mediante llamadas para producir true crime: "Lo mismo que pasó con Rosa Peral o el Rey del Cachopo, con grabaciones ilegales", dijo Ramírez. El régimen de Ana Julia Quezada no permite dichas conversaciones con periodistas salvo permiso previo.

De hecho, Ramírez anunció durante la comparecencia una querella contra la asesina de su hijo y la institución penitenciaria y una denuncia a la Guardia Civil por otras "graves irregularidades" en la cárcel de Ávila. Aunque puede que la noticia más destacada sea la suspensión de la producción. Patricia Ramírez informó que, tras una conversación mediada por la Guardia Civil entre los padres de Gabriel y la productora, la dueña acordó no continuar con la serie sobre su hijo. "Un acuerdo en aras del sentido común", explicó ella. Un sentido común que, sin embargo, no operó hace tres años cuando a la madre de Gabriel le llegan los primeros rumores sobre una nueva producción audiovisual del caso.

Los límites legales del ‘true crime’ 

Actualmente, si publicas una imagen sin consentimiento en las redes sociales puede considerarse un delito contra la intimidad pero ficcionar o recrear el asesinato violento de un niño está permitido. "Esto ocurre porque el derecho a la protección de los datos personales es un derecho para las personas vivas", explica Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, privacidad y protección de datos. Es decir, la ley de protección de datos, que sería el camino más corto para asegurar el honor de una víctima, está limitada a los vivos.

A partir de ahí, ¿por qué es tan difícil paralizar un relato de este tipo? En opinión de los expertos consultados, el problema reside en uno de los más comunes males de la justicia, "un conflicto de bienes jurídicos". El derecho a la libertad de expresión e información frente al derecho al honor, intimidad y propia imagen de la familia de la víctima.

"Ninguno de estos derechos es absoluto. En el true crime, al ser hechos extemporáneos, que ya fueron noticia, decae un poco la libertad de información. Pero si hablamos de hechos nuevos, como una entrevista a la condenada, se podría amparar sobre el derecho a la información. Atención, siempre y cuando no se exceda el contenido hacia lo íntimo o lo morboso", explica Eduard Blasi, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Así, en caso de ir más allá y ahondar en aspectos íntimos, se necesita el consentimiento de la familia.

Los padres de Gabriel podrían acogerse a una vulneración del derecho al honor de su hijo fallecido regido por la Ley Orgánica 1/1982. Norma que se extiende a los familiares de víctimas fallecidas para que protejan su honor. "Esta ley evita las entrevistas a condenados por sentencia firme que intentan o bien justificarse o bien dar versiones que vejan a las víctimas y, que además obtengan un lucro", explica Adsuara. Este es justo el caso de Ana Julia Quezada. La madre de Gabriel asegura que la asesina de su hijo alegó que utilizaría ese dinero para pagarles la responsabilidad civil.

Otro límite legal a la producción es el propio Código Penal si se demuestra que el contenido es "injurioso" o va contra "la integridad moral de la familia". Pero sin el amparo de la ley de protección de datos, el camino judicial se complica. "Si no se demuestra lesión al honor, intimidad y propia imagen y se reproducen hechos vinculados con la actualidad noticiable, a pesar de que pida parar la producción, difícilmente se eliminaría", explica Blasi, también cofundador del canal TechAndLaw (Premio AEPD 2023).

En cuanto al coto legal al true crime, para Adsuara el límite per se "debe estar en la ley y no en el buen gusto o mal gusto del contenido". Para el abogado es una decisión "más deontológica" que legal, por eso considera que lo más factible es atender a la demanda de la madre de Gabriel y, como ha ocurrido, que la productora pare el contenido. Blasi, por su parte, cree que lo más recomendable sería "contar con el consentimiento de la familia, siempre que se dude". "Estoy a favor de los contenidos pero también de aplicar la cautela ante el daño a las víctimas", apunta el experto.

También la ley de infancia de 2021, la LOPIVI, insta a los medios de comunicación a "poner especial énfasis en el respeto al honor" y a pedir la autorización de los familiares cuando el niño ha fallecido para difundir cualquier imagen.

Consecuencias psicológicas para las víctimas

Los seis años de "malas artes" mediáticas, como expresó Ramírez en esta entrevista, han provocado en ella y su familia una victimización secundaria constante que le impide avanzar y recuperarse. De hecho, su carrera como profesora de educación física está paralizada a causa de la incapacidad que le provocó todo lo ocurrido.

Andrea Santamaría Sanz, psicóloga forense especializada en víctimas de violencia machista y vicaria, señala que la mediatización continúa de estos casos "impide la resolución del duelo" y hay "perversión del descanso después del trauma". Esto provoca un estrés añadido en víctimas y familiares que tienen que lidiar con el relato recreado.

Por eso Ramírez pide un pacto que favorezca que tanto su familia como las familias de otras víctimas no tengan que revivir lo ocurrido: "Un pacto contra la violencia y la revictimización de las victimas en cualquiera de sus manifestaciones: física, verbal, mediática".